Página Editorial Latinoamericana

Diario La Tercera de Santiago de Chile
Un paso para adelante, dos para atrás


Por Clemente Pérez 
Acción del Presidente en Barrancones puso la lápida a proceso de evaluación descentralizado y supuestamente técnico

Todo comenzó en las oficinas de la Intendencia de Coquimbo, edificio al que se recomienda llegar en tenida formal. Nada de minifaldas ni strapless, de acuerdo al instructivo regional. En ese lugar se reunía la Corema para pronunciarse sobre la viabilidad ambiental del proyecto termoeléctrico Barrancones. Hasta ahí llegaron representantes de la comunidad, estudiantes y ecologistas. Puros "hippies de mierda", a juicio de la encargada de participación ciudadana de la Conama. Estos hippies, sin embargo, resultaron bastante trabajadores, pues lograron generar una oposición cerrada al proyecto en la opinión pública, mediante un video extraordinario, y demostraron que la cercanía de esta central a Punta de Choros constituía una amenaza para una de las reservas más prístinas y vulnerables de nuestra costa nortina.

Pocas veces una termoeléctrica generó tanto rechazo en la opinión pública. Pese a que fue aprobada por la Corema, se trató de una victoria pírrica, pues al día siguiente el Presidente de la República señaló que, después de conversar con los titulares (Suez Energy), acordaron relocalizar el proyecto.

Relocalizar la central es, de acuerdo con nuestra legislación, un nuevo proyecto, y por lo tanto lo que se acordó es equivalente al rechazo del mismo. O sea, se aprobó, pero fue tal la indignación de la opinión pública, principalmente coordinada a través de redes sociales como facebook y twitter, que al día siguiente de su aprobación se decidió, de mutuo acuerdo, reubicarlo.

La mayoría de los conflictos ambientales se debe a una mala ubicación de los proyectos sometidos a evaluación. En materia ambiental vale la misma premisa del retail: "localización, localización, localización". Es posible que Barrancones cumpla con toda la normativa, pero la autoridad tiene el derecho de rechazar un proyecto que requiere cambio de uso de suelo, cuando considera que la iniciativa se encuentra mal emplazada.

Por ello, resultaba mucho más simple y respetuoso de la institucionalidad ambiental haber reconocido que el proyecto cumple con la normativa en materia de emisiones, pero que se encuentra mal ubicado, y por ello rechazarlo. Lo que ocurrió, en cambio, es impresentable. Primero, se le ordena a los servicios de la región que aprueben el proyecto (no se entiende de otra forma que los 15 funcionarios públicos hayan votado a favor, pese a las numerosas observaciones planteadas durante el proceso de evaluación). Esto atenta contra la institucionalidad ambiental, que supone autonomía de las regiones para evaluar los proyectos. Una vez aprobado, el Presidente, por sí y ante sí, e inmiscuyéndose en la labor de los organismos creados por la ley para este efecto, "acuerda" con la compañía relocalizar el proyecto. O sea, se le pone una lápida a un proceso de evaluación descentralizado y supuestamente técnico. Ahora todo depende directamente de lo que resuelva La Moneda. Hemos retrocedido en el tiempo y vuelto a la evaluación política de los proyectos de inversión.

La relocalización del proyecto Barrancones fue un triunfo de la comunidad y especialmente del medioambiente. Podemos celebrar por ello. Pero al mismo tiempo lamentamos cómo se ha desdibujado y manoseado nuestra frágil institucionalidad ambiental

Diario El Universal de Ciudad de México
Mexicana: Pasajeros y trabajadores, al garete

Desde el sábado pasado miles de pasajeros de Mexicana de Aviación, Click y Link, han quedado varados en diversos aeropuertos a consecuencia de la suspensión de decenas de vuelos nacionales e internacionales decidida por la empresa sin aplicar medidas para paliar la situación. A lo sumo, la aerolínea ha puesto a disposición de los poseedores de boletos un mecanismo para realizar el trámite de reembolso por medio de Internet, lo cual no contribuye en nada a resolver la circunstancia inmediata de los viajeros.

Las autoridades –las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía y de Turismo, así como la Procuraduría Federal del Consumidor– se han abstenido de intervenir en forma decisiva para resolver la angustiosa situación de los afectados.

El hecho de que nadie, ni empresa ni autoridades, se haga cargo de los pasajeros varados, y que se permita lavarse las manos al corporativo que detenta la propiedad de Mexicana, es una nueva muestra de la terrible falta de certidumbres que padece el país, así como de la creciente ausencia del Estado como regulador de las relaciones entre particulares.

Sin duda hay en este sentido indicadores mucho más graves, como la incapacidad oficial para garantizar el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la salud y al trabajo. Pero incluso en este trance nacional –agravado ayer por el homicidio del presidente municipal de Hidalgo, Tamaulipas, Marco Antonio Leal García– no hay justificación para hacer pagar a consumidores y trabajadores por los malos manejos financieros de la administración de la aerolínea, los cuales fueron tolerados desde el momento en que ésta fue reprivatizada a fines de la administración foxista.

Es exigible que las autoridades involucradas tomen cartas en el asunto y que resuelvan a la brevedad el impasse en el que se encuentran miles de personas; que se emprenda una investigación exhaustiva de los manejos financieros que llevaron a su crítica situación actual a la tercera aerolínea más antigua del mundo, la principal de América Latina y el Caribe en el hemisferio norte y una empresa estratégica para el país, y se proceda a fincar las responsabilidades civiles y penales que puedan existir tras la turbia descapitalización de Mexicana de Aviación.

Confiar la solución de la bancarrota de la compañía a un concurso mercantil y dejar en la desprotección a usuarios y trabajadores es una injustificable muestra del pensamiento económico neoliberal en su manifestación más bárbara: la ley de la jungla.