Página Editorial Latinoamericana

Esto es lo que piensa la Región

Diario La Nación de Buenos Aires

Acceso a la información: asignatura pendiente


A poco de cumplirse 27 años de vigencia del sistema democrático, la Argentina sigue sin tener una ley que garantice el derecho ciudadano básico en cualquier democracia y lo que se considera un requisito mínimo para los Estados modernos. Se trata de la norma que regula y garantiza el acceso a la información pública.

En 2004, un proyecto de ley sobre el tema, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue desvirtuado con quirúrgicas modificaciones por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Las impulsó quien presidía entonces esa vital instancia legislativa, Cristina Kirchner. Tras su devolución a la cámara de origen, la iniciativa cayó en el olvido. No pudo rescatarse ni la esencia de lo que originalmente se había apoyado.

La importancia de contar con una norma que regule el acceso a la información se sintetiza en una frase pronunciada por un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil que impulsó el tratamiento del proyecto: "Negar el acceso a la información pública es negar el acceso a la democracia".

Hoy, el Congreso está dando señales para aprobar una ley que incluya a los tres poderes del Estado, según describe un informe de la Fundación Directorio Legislativo, que integra un colectivo de organizaciones que impulsan la sanción de esta norma bajo el lema "Saber es un derecho. ¡Que ahora sea ley!".

En Diputados "existen 15 proyectos y hay un borrador de dictamen en el que se incluyeron textos de varias de esas propuestas", dice un documento de estas organizaciones. Se estima que luego de consultar a expertos y despejados algunos temas todavía en discusión entre representantes del oficialismo y la oposición, como, por ejemplo, si la norma debería involucrar a los tres poderes, si la autoridad de aplicación debería estar en la órbita del Congreso o si el alcance debería ser restringido a la información pública en manos del Estado o ampliarse a la información pública en poder de privados, en pocas semanas más se contaría con un dictamen para avanzar con su discusión en el recinto.

En el Senado hay nueve proyectos, pero uno ya ha logrado convergencias entre opositores y oficialistas. Acordaron crear un ente autárquico como órgano de aplicación y extender el alcance del proyecto a la información pública en manos privadas.

Según Directorio Legislativo, existen conversaciones entre diputados y senadores para que la Cámara baja logre un dictamen definitivo y se lo envíe a la otra para consensuar un proyecto único antes de la votación. Oficialismo y oposición coinciden en que esta ley podría ser aprobada antes de fin de año.

La norma que garantiza el acceso a la información, además de asegurar este derecho que es una línea de base de cualquier democracia moderna, crea la oportunidad de ejercer otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a la educación como estándar básico de calidad de vida, permite monitorear la transparencia de la gestión pública y fomenta la participación ciudadana para reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos.

Como señala Alejandro Rojo Vivot en el libro Acceso a la información , publicado recientemente por la Fundación Avina, toda persona debe poder ejercer sus derechos libremente y sin ningún temor. La información de interés público debe estar a la mano de quien la solicite, sin necesidad de explicar el motivo, y el trámite debe ser sencillo y rápido.

Es de esperar que los acuerdos políticos que deben alcanzarse en el Congreso permitan la pronta sanción de una adecuada ley de acceso a la información pública y que la Presidenta revea aquella postura que mantuvo como senadora y que hoy, al frente del Poder Ejecutivo, promulgue esta norma. A estas alturas de los acontecimientos, lejos de ser un vacío legal, se ha convertido en un vacío jurídico que pone a la Argentina a la retaguardia de otras naciones y al Estado nacional a la cola de provincias y municipios argentinos que hace tiempo han comprendido que el primer derecho humano es el derecho a saber.


Diario El Espectador de Colombia

Manos atadas en la lucha contra el crimen

La escalada de violencia en las ciudades no es para nadie un secreto

Titular tras titular se denuncia la reconfiguración de los paramilitares en bandas criminales, la generalización de las extorsiones y la creciente ola de asesinatos. Poco importa si es de madrugada o pleno mediodía, estar en la calle implica siempre riesgos. En Medellín, cerca de cuatro mil jóvenes se enfrentan en una guerra que involucra a 145 bandas. Como lo registró El Espectador en su edición del pasado miércoles, la situación es tan difícil que la ciudad se inundó de puntos rojos que demarcan los límites entre los dominios de unos grupos y otros. Además de evitar encuentros, los famosos puntos permiten llevar mejor el control de las “vacunas”. Cualquier transgresión, bien por parte de un “deudor” o bien por miembros de otras bandas, es severamente castigada.

El año pasado fueron asesinadas cerca de 1.500 personas sólo en Medellín y las recientes confrontaciones indican que las cifras de este año no serán menores. Entre otras, porque el negocio está siendo realmente lucrativo. Sumando todas sus entradas, se calcula que las bandas criminales en Medellín estarían alcanzando ingresos superiores a los $17 mil millones mensuales. Aunque no se han hecho los cálculos, la situación en Bogotá no debe ser distinta. Tampoco lo es la tasa de homicidios. En 2009 se registraron 1.700 asesinatos, cifra que implica un promedio de casi cinco muertos por día. Tal como va este año, y a pesar de las declaraciones del alcalde Samuel Moreno, la tendencia seguramente se mantendrá. Sólo entre enero y marzo se sumaron 386 homicidios. Panorama que además se replica en el resto del país. Una ciudad tradicionalmente tranquila como Bucaramanga registró 65 muertes violentas entre enero y mayo.

La Policía Nacional ya ha reaccionado y ha aumentado el pide de fuerza en las zonas más calientes. El Ejército, incluso, ha hecho presencia en las comunas de Medellín. Sin embargo, la delicada situación no se soluciona inundando las calles con más armas. Es necesario crear mecanismos que le desaten las manos a la Policía y le permitan desmantelar con mayor eficacia las bandas criminales. Además de tecnología y recursos, hace falta una legislación razonable. No es capricho de los jueces —aparte de algunos casos sospechosos— dejar en libertad a los malhechores por falta de pruebas; es su deber aplicar la norma. La tarea —que lleva un buen tiempo pendiente— es del Congreso, que sigue sin generar leyes acordes con la realidad de las ciudades.

La Policía debería poder detener e investigar a los portadores de armas blancas y no sólo decomisarlas. El porte ilegal de armas de fuego debería implicar todas las veces cárcel y se deberían autorizar allanamientos en todos los casos. Incluso, se debería ser mucho más estricto en la regulación y el control a la posesión de armas por parte de particulares. La escoltitis privada no surte ningún efecto, en particular, porque la inmensa mayoría de atentados se realizan con información de adentro. También es importante sancionar duramente a los comerciantes ilegales y demás colaboradores. Sanciones que deberían incluir, entre otras, la extinción de dominio. Grupos mafiosos compran apartamentos y locales que permanecen como centros de inteligencia así se capture a un par de sus miembros. Darles golpes financieros a los delincuentes ayuda a desarticularlos.

También se pueden considerar medidas más drásticas como las que anunciaba el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. No es descabellado pensar en la posibilidad de acciones judiciales contra miembros de bandas sólo por su pertenencia. Si bien es cierto que los no pocos abusos de las autoridades generan reticencias a este tipo de medidas, también lo es que por exceso de garantías los crímenes están permaneciendo impunes. Y no son de cualquier tipo. Negocios tan oscuros como el tráfico de niños y mujeres forman parte de la lista. Ya ha sido suficiente. Urge una arremetida nacional apoyada y coordinada por los tres poderes. Las cifras no están dando espera.