Página Editorial Latinoamericana

Diario El Espectador de Bogotá, Colombia
Ecos de la tragedia minera en Chile

(Textual)
 A pesar del esfuerzo desplegado por el gobierno, éste ya anunció que pasarán cuatro meses antes de que pueda terminarse el rescate. La desesperación de los familiares ha provocado todo tipo de protestas. Entre las pancartas se lee: “La paciencia se convirtió en dolor y el dolor en impaciencia”, “Esto no es un accidente, es un crimen. Cárcel a los culpables”, “Señor presidente, no queremos un genocidio”. Reparos, entre otras, oportunos y legítimos, pues si bien es cierto que el gobierno chileno ha hecho todo lo que está en su poder para mitigar las consecuencias del accidente, también es cierto que ha llegado tarde. En lo corrido del año se habían reportado ya nueve muertos en las minas del municipio de Copiapó. El Servicio Nacional de Geología y Minería, indiferente, mantuvo sin regulación los yacimientos.

Juzgar simplemente el letargo del gobierno chileno es, de todas formas, como lo dice la expresión popular, ver la paja en el ojo ajeno en lugar de la viga en el propio. Entre los incidentes registrados en nuestro país, sólo en lo corrido del año figuran cuatro muertos de la explosión en la mina La Esperanza, dos que perecieron por la acumulación de dióxido de carbono en Tunja, 73 de la explosión de la mina de San Fernando en Antioquia, dos de la mina El Totumo de Boyacá y cuatro muertos más a comienzos de este mes en El Cerrejón. Estos accidentes son tristemente sólo una pequeña fracción del problema. Expertos consideran que se podría hablar de dos a tres heridos diarios en el país y de la misma cantidad de muertos. Sin embargo, con estas cifras sólo se especula. Ni el Gobierno ni los medios nos hemos comprometido con registros serios.

Esto último es aún más preocupante que los mismos accidentes, pues dice bastante del peso que le otorga el país a la seguridad industrial. Nos importa tan poco lo que les sucede a los mineros, que ni siquiera nos tomamos la molestia de contabilizar sus bajas. Actitud censurable por donde quiera que se le mire, en especial teniendo en cuenta que la legislación minera cumple con los estándares internacionales.

Aunque lleva más de 20 años y le caben un par de actualizaciones, la reglamentación es en general buena. El tema sí se ha trabajado en el país. El problema es que no ha salido del Congreso. La negligencia en la vigilancia es considerable. Los entes de control delegan y delegan, al punto que no es claro siquiera en quién debe recaer la responsabilidad.

En el país, el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de los protocolos y los requerimientos de seguridad por parte de las empresas mineras es el Ministerio de Minas y Energía. Esta cartera le cede usualmente la tarea a Ingeominas, institución que a su vez se la encarga a gobiernos locales como gobernaciones y alcaldías. Éstos, por su parte, se la delegan a algún funcionario, que normalmente no es de planta sino contratista. Para agravar las cosas: suponiendo que la cadena no falle y el inspector sea en efecto competente, el proceso para cerrar una mina tarda meses. En Colombia, a diferencia de muchos otros países, la vida de los trabajadores se arriesga en aras de la burocracia.

Claro, hay que aceptar que varios accidentes suceden por empleados descuidados. Sin embargo, el hecho de que las multinacionales, que tienen que cumplir con los protocolos y manejos de sus casas matrices, reflejen un número de accidentes mucho menor que las empresas locales, evidencia una falencia nacional. No es insensato sugerir, en especial ante la muy anunciada bonanza minero-energética, que se considere la creación de una administración independiente para el control de la seguridad industrial, que además sea corresponsable de los accidentes. Haría mal el Gobierno al preocuparse por aprovechar la extracción de recursos sin asegurarse que no vaya a traer consigo una larga sucesión de accidentes.


La Tribuna de Tegucigalpa, Honduras
Apaga la Luz

Honduras se unió oficialmente a la campaña “Apaga la Luz, Enciende el Planeta”, que tiene como propósito sensibilizar a la población sobre el ahorro energético, el respeto a la biodiversidad, la reducción de riesgos, vulnerabilidad y cambio climático. “Hoy día, esta es la mayor campaña ambiental en la historia de la humanidad y Honduras ya es parte de ella”, declaró el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).

De esta forma, Honduras participará activamente en la próxima hora del planeta que se celebrará el 27 de marzo de 2011. El funcionario dijo que “en el contexto de este programa, el país ejecutará otras actividades, como la jornada de rescate del Zoológico Metropolitano, el fortalecimiento del Centro de Conservación e Investigación de la Tortuga Marina en Marcovia, Choluteca; el taller de Planificación Nacional REDD y la premiación del concurso de dibujo infantil “Dale una mascota al zoológico de la capital”.

Bueno, si no es porque el país se une como carreta o como el último vagón de un tren a estas iniciativas internacionales, ni conciencia habría, internamente, de la necesidad de ahorrar energía. Hemos insistido –neceado, dirán algunos– en repetidas ocasiones, en este mismo espacio editorial, sobre la carencia de una política de ahorro energético, más cuando la mayor parte de la energía que consumimos es importada. Aparte de la poca generación hidroeléctrica, el parque térmico depende del crudo que compramos al exterior. ¿Pero, hay algún interés de ahorrar electricidad? ¿Algún esfuerzo que haya hecho gobierno alguno por elaborar un plan de ahorro energético, o tomar medidas para evitar tanto consumo inconsciente e innecesario? Conciencia de ahorro no hay, ni medidas para obligar a la economía, ni campañas gubernamentales para educar a la población o inculcar mejores hábitos en la utilización de la energía que se malgasta.

Igual el transporte que se mueve con diesel y gasolina que le cuesta un ojo de la cara al país. Cuántas veces hemos escrito sobre el desordenado tráfico y la indiferencia o parsimonia de la autoridad responsable de ordenarlo. Por la desorganización en todo, incluyendo el crecimiento descontrolado de la ciudad y la infraestructura colapsada. Pero lo dicho entra por un oído y sale por el otro. En el dado caso que lean editoriales, si es que algo leen. Cuánta energía cara se despilfarra por ese infierno vehicular.

Por esa manera endemoniada en que conducen los choferes, las interminables colas de vehículos por doquier, ante la inexistente aplicación de la ley, pese a que, recientemente, fue emitida una nueva ley de policía. Un atestado parque vehicular. Al remolino de carros particulares, y oficiales, haciendo mandados particulares, camiones, furgones, tractores, baronesas, agreguen los taxis, buses, rapiditos, los legales y los fantasmas, deambulando por toda la ciudad, a la pesca de pasajeros en cada esquina, quemando gasolina, porque las licencias y los permisos se repartieron, como programas de cine, atendiendo intereses políticos, sin consideración a que la infraestructura vial de la capital está topada.

O sea, aquí, donde se derrocha energía a lo loco, donde hay total indiferencia por lo más, vamos a atender lo menos. Vamos a participar en la campaña “Apaga la Luz, Enciende el Planeta”, haciendo la apangada que se investiga la tortuga marina en Marcovia o que van a rescatar el olvidado y desatendido zoológico metropolitano donando una mascota. Está bien. A participar se ha dicho.

El Heraldo de Tegucigalpa, Honduras
Acrecentando problemas

Entre más tiempo se pierde ya sea por inacción o por tácticas dilatorias en la solución de un problema social, político o económico, más se agrava. Y eso es lo que siempre ha ocurrido en Honduras donde pequeños problemas cotidianos no han sido atendidos ni en el tiempo ni en la forma correctos por lo que han crecido hasta elevarse al nivel de la compleja crisis que hoy sufrimos.

El problema en el sector educativo, por ejemplo, ya es endémico y hasta ahora ningún gobierno ha buscado siquiera una solución total y definitiva.

Más bien, en el marco de la politiquería que caracteriza a nuestro país, hace algunos años el Congreso Nacional aprobó el Estatuto del Docente que si bien era una exigencia de los maestros, en lo que respecta a sus prebendas salariales está por encima de la capacidad de un país pobre y saqueado como Honduras.

Posteriormente, tal realidad fue aprovechada por el neoliberalismo privatizador para intentar, en un momento dado, "congelar" el Estatuto.

Después un nuevo arranque de demagogia, esta vez de signo populista, no solo retomó el cumplimiento sino que otorgó otras prebendas.

Ahora es que, a las dificultades económicas de cumplir con los compromisos con los maestros, incluyendo la millonaria deuda del gobierno con el Inprema, también se unen elementos de la lucha social e ideológica para complicar la ya tradicional confrontación, incorporándola en el marco del nuevo escenario nacional que surgió a partir del 28 de junio del año pasado.

Desde el gobierno y otros sectores se ha dicho que la solución es la derogación del Estatuto del Docente o al menos su revisión de manera tal que se acomode a la realidad económica del país; sin embargo, nadie se atreve hasta ahora a tomar el toro por los cuernos.

Ni siquiera se ha declarado ilegal la huelga de los maestros para que medidas como la deducción salarial o las amenazas de cancelar el año lectivo, tengan la protección legal y la credibilidad necesarias para ser efectivas.

Ponerle fin a las manifestaciones de los maestros por medio de la fuerza o desbaratar sus organizaciones mediante la cancelación del año lectivo y la suspensión en el pago de los salarios, no hay duda que podría dar la percepción de que el problema está en vías de solución.

Sin embargo, en la práctica, además del daño a los alumnos y a la imagen del país, solo estaríamos ante una nueva forma de dilatar un problema que cada vez se va acrecentando y complicando más.