No estamos acostumbrados a que los fiscales -es decir los acusadores- intenten demostrar siempre y en todo lugar la culpabilidad de los acusados. Es la novedad de la reforma procesal penal. Y eso es lo que ocurre en las salas de audiencia, donde son los jueces quienes tienen que determinar si los imputados son culpables o inocentes. Pese a ello, la tendencia en los medios de comunicación es a aceptar lo que dicen los fiscales. Es lo que ocurrió en el Informe Especial de TVN sobre el llamado “caso bombas”.
Sin saber si los quince acusados --cuyos nombres se han repetido hasta el cansancio en la prensa, la televisión y las radioemisoras e incluso en internet-- eran los que mantenían al país aterrorizado, hicieron estallar 160 artefactos explosivos durante siete años, realizaron 23 atentados dinamiteros y recibieron financiamiento del extranjero (aunque 700 mil pesos en todo el período no parece ser excesivo); desconociendo la verdad oculta tras esa maraña de acusaciones, resulta sorprendente constatar la unanimidad condenatoria de los medios. Se habla de “insurgencia”, de “terrorismo urbano”, de “anarquismo comunista”, pero no se exponen razonadamente los argumentos de los acusados ni de sus abogados.
Se elude, además, describir la forma en que fueron detenidos. El fiscal nacional, entrevistado en Radio Cooperativa, afirmó que no había recibido ninguna denuncia, por lo cual no podía pronunciarse y ni siquiera investigar los hechos. Agregó que las operaciones de búsqueda y captura eran programadas y realizadas por la policía. Más aún, puntualizó acertadamente que “costó mucho en Chile” conseguir que se respeten “las garantías de todos, como para hacer la vista gorda ahora” desde la Fiscalía Nacional.
Pese a ello, los procedimientos empleados por los agentes en algunos casos, ilustrados además por el despliegue televisivo, son una realidad difícil de desmentir. En el dormitorio de una de las detenidas irrumpió violenta y sorpresivamente un grupo de policías que antes abrieron a golpes la puerta de calle y despertaron a los jóvenes gritando y apuntándoles con metralletas. Valga de paso señalar que la detenida está embarazada de ocho meses. El operativo se prolongó por siete horas, mientras los agentes revisaban con violencia las distintas dependencias de la casa y mantenían bajo amenaza a los acusados. ¿No es este el mismo procedimiento policial empleado tantas veces durante la dictadura? ¿No hay en esto un flagrante atropello a las garantías individuales? Hasta horas después los agentes no exhibieron ninguna orden judicial, ni en ningún momento se les informó de sus derechos, como dice la ley que se debe hacer.
Familiares de los detenidos han comentado que se trata de un gigantesco show y que no existen pruebas fehacientes que prueben la culpabilidad de los acusados. Han dicho también que el pasado condena a algunos de ellos, que se vieron involucrados con un grupo de izquierda que defendía el recurso de la fuerza para oponerse a la dictadura. En esos casos fueron juzgados y condenados y cumplieron sus penas. Sin embargo, ahora son sindicados como ex lautaristas, ex frentistas, con énfasis acusatorio.
El tema está ahora en manos de los jueces, que deberán decidir de acuerdo a pruebas y argumentos objetivos, dejando de lado la parafernalia de acusaciones y la espectacularidad de los operativos policiales con cámaras de televisión. Por otra parte, es de esperar que los medios adopten de una buena vez lo que algunos llaman “decoro periodístico” y se limiten a informar sin tomar partido ni comulgar a veces con ruedas de carreta.
Si bien la objetividad periodística resulta una utopía, comparto la crítica a los medios, especialmente a la televisión, por su falta de ecuanimidad para informar de una investigación criminal donde tienen el deber legal y moral de proteger por igual tanto la seguridad pública, como la honra y el prestigio de las personas. Se trata de imputados de delitos terroristas, detenidos por orden de un tribunal de garantías, cuyas actividades están sometidos al procedimiento penal, la mayoría de los cuales, probablemente, tengan que enfrentar juicios. Luego, dependiendo de las pruebas y evidencias en su contra, podrán ser condenados o absueltos.
ResponderBorrarTampoco ayuda a la difusión pública que algunos jueces de garantía persistan en vulnerar principios fundamentales el sistema procesal penal como son la transparencia y la publicidad.
Por eso las audiencias en los tribunales son públicas y con acceso a intervinientes, familiares, interesados, público y reporteros. Hay atribuciones excepcionales que tienen los jueces para proteger la identidad y los rostros de las víctimas en salas aisladas o mediante la instalación de paneles o biombos que los separen del público; o prohibir difundir el rostro de imputados amenazados de muerte. Los niños están protegidos por la Ley de Menores y los medios periodísticos están impedidos de difundir sus nombres y rostros. Así algunos jueces cometen falta o abuso cuando impiden a los reporteros estar presentes en alguna audiencia, por lo general de gran intereés público. Lo que hacen estos magistrados es ocultar la verdad de los hechos, fomentar la especulación y la ignorancia. Para beneplácito de la ciudadanía, hasta ahora las Cortes de Apelaciones han fallado en favor de los periodistas, cada vez que se han atrevido a denunciar a los jueces que se empeñan en mantener el oscurantismo en la administración de justicia.
Hernán Ávalos
periodista