Con informe de compra ilegal, la Presidenta Fernández intenta "estatizar" la papelera argentina
Por Krohne Archiv
La historia es larga, complicada y vincula a varias dictaduras, especialmente a la que encabezó el general Jorge Rafael Videla en 1976, como también a la organización terrorista de los Montoneros. La principal fábrica de papel en Argentina es la empresa Papel Prensa (arriba izquierda), cuya propiedad es mixta –sector privado y el Estado-. Es la principal fuente de abastecimiento de este producto en el país transandino. La propiedad de esta empresa está hoy en poder del Grupo Clarín en un 49 por ciento, de la empresa editora La Nación en un 22,5 por ciento y del Estado en un 27,5 por ciento.
Sin embargo, la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, presentará mañana un informe sobre presuntas ilegalidades o irregularidades en la compra en 1976, durante la dictadura militar, de la empresa señalada por parte de los diarios "Clarín", "La Nación" y "La Razón".
El informe se titula "Papel Prensa: La verdad". La directora titular del Estado en Papel Prensa , Beatriz Paglieri, dijo hoy que las acciones de esa empresa "fueron apropiadas bajo los tristemente célebres métodos del terrorismo de Estado. El informe presenta y sistematiza pruebas irrefutables de la complicidad entre la dictadura militar y los dueños de los diarios 'Clarín', 'La Nación' y 'La Razón'", sostuvo Paglieri, quien mañana hablará en el acto oficial en la Casa Rosada sobre el funcionamiento de la compañía.
"La Justicia determinará sobre lo que nosotros (el Estado) planteamos y entendemos que tenemos pruebas contundentes. La prueba documental y los testimonios de los involucrados son coincidentes y determinan que no pudieron expresar su voluntad al momento de la operación de venta de Papel Prensa", agregó.
La antigua dueña de Papel Prensa, Lidia Papaleo de Graiver, declaró ante la Secretaría de Comercio Interior que el director ejecutivo del Grupo Clarín en los años setenta, Héctor Magnetto, la forzó a vender las acciones, según el diario "Tiempo Argentino".
"Firme o le costará la vida a usted y su hija", le habría dicho Magnetto a Papaleo de acuerdo con el periódico.
Esta versión fue publicada el 6 de Agosto pasado, en un artículo que incluyó una carta de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, dirigida al Secretario de Comercio Interior Mario Guillermo Moreno, donde se refiere a las presiones y “horrores” padecidos desde la muerte de su esposo, el banquero David Gravier, de quien se dice que habría sido “el banquero de la organización guerrillera de los Montoneros”. Ella dijo que había sido despojada por Clarín, La Nación y La Razón de las acciones de la familia con la complicidad de la Junta Militar de la época (1976-77). Afirmó que las amenazas de muerte hacia su persona y la de su hija eran constantes, reclamándole que acepte la venta de la empresa.
“...todo el grupo familiar estaba desquiciado por las presiones por parte de la Junta Militar.”.
“...fui citada para el día 2 de noviembre de 1976, por la noche, a una reunión en las oficinas de La Nación, conjuntamente con los integrantes de la familia Graiver. [...] Yo con Magnetto de Clarín, en otro aparte, donde coloquialmente me aseguró: “firme o le costará la vida de su hija y la suya.” No había chances.”.
Acerca de su detención por la dictadura militar, el 14 de marzo de 1977, la autora concluye:
“Todo el horror que fue mi vida después de mi secuestro es indescriptible en la serie de perversiones, vejaciones y tormentos a la que fui sometida, no obstante deseo concluir con la presente reiterando que prefiero ver los ojos y la cara de mis torturadores, antes que ver los ojos de Magnetto en el momento en que me amenazaba para que firmara.”.
Al fallecer Graiver en 1976, quebraron sus bancos en Bélgica y EEUU, y frente a la crisis del grupo, su viuda y su hermano vendieron sus acciones. El 2 de noviembre de 1976, se firmó el traspaso de las acciones de Graiver en Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Seis meses después, los miembros del grupo Graiver fueron ilegalmente detenidos y sus bienes intervenidos, siendo imputados por el gobierno de haber recibido parte de los fondos que los Montoneros percibieran como rescate en el secuestro de los hermanos Born (60 millones de dólares de rescate por la entrega con vida de los hermanos Juan y Jorge Born, los principales accionistas del mayor conglomerado productor y exportador cerealero argentino). Además, el pago por la venta de las acciones, no fue cobrado por el Grupo Graivier sino que fue incautado por el Estado. El periodista argentino Jorge Lanata escribió que lo misma se hizo para que la herencia no perjudicara a los nuevos dueños de la papelera, los editores de los diarios.
Posteriormente, dirigentes montoneros confirmaron que una parte del dinero fue derivada hacia Cuba con el fin de ponerla transitoriamente a resguardo, en tanto que el pago final de unos 17 millones de dólares fue cobrado y administrado por el banquero David Graivier, quien, tenía sus oficinas en la ciudad de Nueva York y falleció en un dudoso accidente de aviación. En ambos casos hasta el presente ha sido un gran misterio el destino final de buena parte del dinero en efectivo producto del rescate.
El informe de Cristina Fernández
El informe se presentará mañana, días después de que el gobierno anunciara la caducidad de la licencia de la compañía proveedora de Internet Fibertel, controlada por el Grupo Clarín, y en medio del conflicto entre el oficialismo y sectores de la prensa crítica. Esto hace sospechar que habrá serios problemas para la libertad de expresión en el futuro si el Estado llegara a controlar totalmente la empresa Papel Prensa. Esto está indicando además que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha decidido enfrentar con toda su fuerza a su principal enemigo como es el Grupo Clarín. Tanto "La Nación" como "Clarín" rechazaron las sospechas sobre presuntas ilegalidades en el proceso de compra de las acciones de Papel Prensa. "El gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa", denunció "Clarín", el periódico más vendido de Argentina.
"El gobierno se abroqueló en la errática convicción de que su descrédito ante la ciudadanía, expresado con elocuencia en las urnas, se basó en una presunta influencia negativa de los medios. Y en base a esa conclusión de escasa raigambre republicana, emparentada con modos y acciones propias de los regímenes opresivos más intensos, pasó a desarrollar una estrategia de hostilidad y persecución de aquellas voces periodísticas críticas de la gestión gubernamental", sostiene una editorial del diario.
La líder de la opositora Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió, denunció que "la embestida" contra Papel Prensa "inicia una fase dictatorial muy clara, porque uno de los pilares de la república es la libertad de expresión y el derecho del pueblo a saber".
"Cristina inicia el camino de una especie de terrorismo de Estado, en el sentido de que el Estado avasalla la propiedad, inventa causas de derechos humanos, inicia procesos de lesa humanidad, para quedarse con bienes de otros y así dominar a la opinión pública", denunció.
El titular del bloque de diputados del oficialista Frente para la Victoria (FPV, peronista), Agustín Rossi, rechazó estas acusaciones. "Lograr que 'Clarín' y 'La Nación' no ejerzan una posición dominante y discriminen al resto de los diarios en Argentina es a favor de la libertad de prensa", sostuvo.
"El rol que juega la empresa hacia el interior del mercado en la Argentina y el mercado del papel es claramente discriminatorio para todos los diarios menos para 'Clarín' y 'La Nación'", afirmó Rossi, haciéndose eco de las denuncias de periódicos chicos del alto precio que le cobra Papel Prensa por el producto.
La empresa
Las instalaciones de Papel Prensa ocupan un área de 40.000 metros cuadrados, donde se encuentra la máquina de papel construida por la empresa finlandesa Valmet Oy y remodelada por la compañía Voith Sulzer. Puede generar una hoja de papel continua a más de mil metros por minuto. Esta hoja pesa 48,8 gramos por metro cuadrado y tiene un ancho de 770 cm.
En 1969, el gobierno de facto encabezado por Juan Carlos Onganía formó el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa, por medio del decreto ley 18.312, para crear la primera empresa nacional de papel de diario. Con esto, las importaciones de papel de diarios se encarecieron en un 10% durante los diez años que duró el impuesto destinado a financiar la participación del Estado en una empresa que fabricara papel de diario.
En 1972, el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse asignó el proyecto a César Augusto Civita, César Doretti, Luis Alberto Rey y Editorial Abril S.A, que pasaron a controlar la compañía, a pesar de que la licitación, en la que participaron otros dos oferentes además de Civita - Rey y Doretti, quedó desierta porque ninguno de los proyectos cumplía el 100% de los requisitos. De acuerdo al contrato entre el Estado y Papel Prensa, la parte estatal asumiría una participación minoritaria y se retiraría del proyecto a los 10 años de su puesta en marcha, lo que nunca ocurrió.
Al poco tiempo, el ministro de economía José Gelbard (del gobierno peronista presidido por Héctor Cámpora, un títere de Juan Domingo Perón, que sólo estuvo 49 días en el poder, desde el 25 de mayo al 13 de julio de 1973) forzó la venta de Papel Prensa al banquero David Graiver (vinculado al secretario de Estado), pasando la empresa a ser controlada casi en su totalidad por Rey y por Rafael Ianover, quien era testaferro del banquero. Rey inmediatamente le vende a Galerías da Vinci S.A. (sociedad del Grupo Graiver), compra que nunca fue aprobada por la Asamblea de Papel Prensa (lo que era un requisito estatutario). Graiver, que además tenía fuertes vinculaciones con grupos militares por haber sido subsecretario de Lanusse, quedó así con el control de la compañía.
El ex almirante Emilio Eduardo Massera, que entre 1976 y 1978 integró, junto con Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti, la junta militar que depuso a la presidenta María Estela Martínez de Perón, buscaba intervenir la papelera argumentando que los diarios eran una "pantalla" de los Graiver y, por ende, de la Organización Montoneros vinculados al banquero. Massera estaba a cargo del área prensa y comunicaciones de la dictadura y, por lo tanto, quería controlar el abastecimiento de papel para presionar a los diarios.
A raíz de la polémica suscitada por la vinculación Graiver-Montoneros y la compra realizada por las principales empresas periodísticas argentinas al Grupo Graiver, los diarios Clarín, La Nación y La Razón difundieron el siguiente texto en mayo pasado: "A la opinión pública: La compra de la compañía (papelera) se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado". Según la nota, se resguardaba así el abastecimiento de papel para todos los diarios. Por esta vía, los diarios buscaban despejar las acusaciones de que conocían la relación Graiver-Montoneros como también sus vinculaciones con el Grupo Graiver, como han opinado algunos analistas.
Los militares intervinieron Papel Prensa en agosto de 1977 (un año después del trágico fallecimiento del banquero David Graiver). Videla (abajo derecha) designó a un hombre de Massera, pero a los cinco meses se levantó otra vez la intervención.
En septiembre de 1978, la propietaria del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre, entre otros empresarios, inauguraron la planta de Papel Prensa.
En 1986, el entonces titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas de la Argentina, Ricardo Molinas, inició una investigación sobre las diversas compras que rodeaban a Papel Prensa. En su informe dice "Consultados los integrantes del Grupo Graiver sobre el precio convenido coincidieron en señalar que no era el que ellos esperaban pero que no tuvieron mejor oferta dado lo exiguo del tiempo" que tuvieron para la venta (por la inminencia de una Asamblea de Accionistas que no aceptaría su ingreso como accionistas de la empresa) y que "el problema del precio es ajeno a la competencia de la Fiscalía, y además fue aceptado por los vendedores y sólo se trajo a colación para demostrar el apuro en la negociación”.
El Fiscal Molinas también afirmó que "la participación del Grupo Graiver en Papel Prensa implicó un grave perjuicio para la empresa, en especial en la época de la muerte o desaparición de David Graiver (1976) y luego de la quiebra del grupo iniciada con los bancos que poseía en el extranjero, la cual trajo aparejada una aguda insolvencia". También criticó la actuación de los gobiernos de Lanusse y del proceso, por no controlar en forma adecuada a los distintos accionistas de la empresa y omitir efectuar denuncias al respecto.
En 1986 Lidia Papaleo (viuda de David Graiver) y Rafael Ianover (ex testaferro de Graiver) testimoniaron en la causa 44 que investigaba los delitos de lesa humanidad efectuados por Camps y la policía de Etchecolaz. Fijaron sus fechas de detención en los días 14 de marzo de 1977 y 12 de abril de 1977, seis meses después de la venta de las acciones a los diarios, que se hizo el 2 de noviembre de 1976.
En el 2000, el diario La Razón se declaró en quiebra y sus acciones que tenía en Papel Prensa, fueron compradas por el Grupo Clarín y por La Nación. Años después La Nación vendió una parte de sus acciones a Clarín.
La discusión en este año
Hacia marzo de 2010, el debate acerca de lo que había sucedido con Papel Prensa se agudizó. Desde el gobierno se acusó a los diarios de haber comprado la empresa cuando la familia Graiver estaba detenida, con abuso de esta situación. En tanto los diarios señalan que el Gobierno tergiversa la historia para tomar Papel Prensa y controlar el acceso de los diarios de un insumo que consideran "vital".
El periodista Adrián Ventura (abajo izquierda) denunció al gobierno el último 4 de abril, en el matutino La Nación, atribuyéndole la intencionalidad de querer “apropiarse de la empresa” Papel Prensa, remitiendo al contenido de una resolución de la Secretaria de Comercio Interior, fechada el 31 de marzo de 2010:
La "dictadura" de la que habla la diputada opositora Elisa Carrió podría llegar a producirse si el Estado asume el control total de la papelera, niega o reduce la venta de papel a los diarios actualmente propietarios parciales de Papel Prensa y como "vela de la torta" prohíbe la importación de este tipo de papel. Esto significaría el fin de algunas empresas periodísticas que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner considera hoy como sus enemigos acérrimos.
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