La apuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que prometía convertir a este país centroamericano en un centro mundial de las criptomonedas, específicamente del bitcóin, no produjo la adopción masiva que esperaba el mandatario. Los salvadoreños no lo hicieron suyo, como él soñaba. Y ha tenido que retroceder, a regañadientes.Al principio sí se creó cierta expectativa en el país en torno al uso de bitcoines como moneda de curso legal, más por curiosidad que por otra cosa, cuando la Ley Bitcóin se aprobó en junio de 2021 y entró en vigor en septiembre de ese año.
Si bien la criptomoneda repuntó un poco más en lugares como El Zonte, una comunidad costera en el sur de San Salvador, donde ya se venía usando con anterioridad, como un pequeño laboratorio de criptodivisas, luego que un extraño y desconocido personaje invirtiera una cantidad de dinero significativa para que las personas usaran bitcoines.
“Sí, aceptamos el bitcóin si los clientes quieren pagar de esa forma, no hay problema con eso”, dijo María del Carmen Aguirre, de 52 años, cuando IPS visitó su pequeña pizzería, en El Zonte, en septiembre de 2022.
Más de cinco años después de la entrada en vigor de la Ley Bitcóin, el uso de la criptomoneda en pagos y remesas sigue siendo marginal.
El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó, dos meses después de la entrada en vigor de la ley, no utilizar el bitcóin como moneda de curso legal y reducir el alcance de la norma, en el marco de sus recomendaciones sobre las finanzas públicas de este pequeño país centroamericano, de unos seis millones de habitantes.
El repliegue de la apuesta estatal con el bitcóin ocurre en un contexto de fuertes necesidades de financiamiento público.
El programa acordado con el FMI contempla desembolsos sujetos al cumplimiento de las metas pactadas con el gobierno salvadoreño, y busca fortalecer las finanzas públicas y las reservas del país. Hasta ahora, el FMI ha desembolsado unos 230 millones. Bukele, de 45 años, llegó al poder en junio de 2019 y desde entonces gobierna con un marcado estilo autoritario.
La idea era que el bitcóin y Chivo Wallet permitieran incorporar al sistema financiero a personas que estaban fuera de la banca tradicional, incluidos trabajadores y comerciantes de la economía informal.
El gobierno sostenía que la nueva infraestructura de pagos haría las transacciones más rápidas y facilitaría las remesas, al reducir sus costos de intermediación.
El FMI calculaba entonces que el ahorro potencial para los cerca de tres millones de migrantes salvadoreños en Estados Unidos podría alcanzar unos 54 millones de dólares anuales, si una parte de las remesas pasaba de los canales tradicionales a Chivo y bitcóin.
La apuesta tenía además un objetivo de atracción de capital: las autoridades esperaban convertir a El Salvador en un destino para criptoempresarios, inversión y turismo vinculado con las criptomonedas. Pero, la adopción del bitcóin quedó muy por debajo de las expectativas oficiales.