Años de tira y afloje terminaron hoy con encuentro entre los cancilleres de ambos países
Los cancilleres de Uruguay y Argentina, Luis Almagro y Héctor Timerman (foto abajo), firmaron hoy en Montevideo un documento, en donde quedaron sentadas las bases del monitoreo del Río Uruguay y anunciaron que este jueves se realizará la primera reunión entre los cuatro científicos que analizarán las aguas del río para fijar las condiciones y objetivos de la investigación.
El control ambiental, según establece el acuerdo, comenzará por la planta de UPM (ex Botnia) y seguirá con la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay. Luego continuará en Argentina, con un establecimiento o lugar a elección de la parte uruguaya y, a partir de entonces,seguirá alternativamente en uno y otro país.
“Yo estoy seguro de que cuando la gente que aún tiene dudas lea las directivas que estamos dando a los científicos, se van a dar cuenta que Argentina prioriza el control medioambiental y hemos hecho lo mejor para la gente que vive en el lugar”, indicó Timerman tras firmar el acuerdo.
Agregó que “hemos normalizado las relaciones con Uruguay. Ahora se ponen a trabajar los científicos”, afirmó Timerman apenas aterrizó en Uruguay, donde mantuvo un almuerzo de trabajo y una reunión con su par Luis Almagro, previo a la rúbrica del acuerdo.
El entendimiento establece un plazo de 60 días para que los científicos presenten su primer proyecto sobre el monitoreo, mientras que habrá un segundo plazo, de 150 días, para que brinden un proyecto integral, que abarque, además del río, el control ambiental de establecimientos sobre ambas márgenes.
El acuerdo de once páginas se denomina "metas reversales" y confirma lo acordado en reuniones anteriores. Timerman señaló, por su parte, que el acuerdo es "la mejor garantía" para asegurar el bienestar ambiental del río. Ambos acordaron reunirse cada 60 días para mantener un diálogo fluido.
El entendimiento se da luego de dos reuniones claves mantenidas por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica: la primera en la Quinta de Anchorena, en Uruguay, en junio, y la segunda en la residencia de Olivos, a fines de julio.
Allí se sentaron las bases del acuerdo que hoy fue rubricado por los cancilleres.
Los científicos trabajarán en el marco de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), donde se formalizará a partir del jueves próximo la creación del comité científico, integrado desde la parte argentina por Juan Carlos Colombo y Guillermo Lyons,mientras los dos científicos uruguayos serán Eugenio Garzón y Alberto Nieto.
“El problema entre Argentina y Uruguay está resuelto. El acuerdo firmado por los presidentes y hoy ratificado por los cancilleres da por cerrada la necesidad de protestas”, indicó Timerman al ser consultado por la actitud de los asambleístas que siguen realizando protestas rotativas en la frontera y en el puente que une a ambos países.
Historia del conflicto
El tema de la industria de celulosa en territorio uruguayo desató el mayor conflicto diplomático en un siglo y medio entre Argentina y Uruguay al construirse la primera planta europea de pasta de celulosa junto al río que separa a los dos países. La planta pertenece a la empresa finlandesa UPM-Kymmene (previamente propiedad de Metsä-Botnia), ubicada en territorio uruguayo y sobre las aguas binacionales del Río Uruguay, cerca de las poblaciones uruguaya de Fray Bentos y argentina de Gualeguaychú. Originalmente el conflicto incluyó también a una planta que la empresa española ENCE proyectaba construir en la misma zona, pero más tarde dicha empresa decidió trasladar su emprendimiento a Conchillas.
Durante el conflicto Botnia finalizó la construcción y puso en marcha la planta el 8 de noviembre de 2007. Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa era contaminante y se había realizado una violación del Estatuto del Río Uruguay. Por su parte, Uruguay demandó a Argentina ante el sistema de solución de controversias del Mercosur y la Corte Internacional de Justicia, argumentando en el primer caso que los cortes de ruta constituyen una violación al principio de libre circulación, y en el segundo caso, que los mismos son tolerados y utilizados por el gobierno argentino para presionar al gobierno uruguayo en las negociaciones referidas a la instalación de las plantas de celulosa.
El 20 de abril de 2010 la Corte Internacional de Justicia dictó el fallo definitivo, resolviendo que Uruguay violó sus obligaciones procesales de notificar, informar de buena fe, establecidos por el Estatuto del Río Uruguay, pero que no violó sus obligaciones para evitar la contaminación ambiental, por lo que consideró que resultaba desproporcionado ordenar el cierre de la planta de Botnia, pero que ambos países debían monitorear conjuntamente el río, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y aplicando el Estatuto del Río Uruguay.
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