Vaya la democracia que tiene Chile o los “demócratas puntillosos” que, como políticos, no demuestran esta misma condición cuando llevan a cabo la labor legislativa.
El alboroto que se ha armado con el proyecto de Barrancones está traspasando ya todos los límites posibles. Es cierto que se cometieron errores u omisiones pero también es cierto que se ha salvado una reserva ecológica que cualquier país del mundo quisiera tener para cuidarla como una fuente natural y turística de mucho valor.
Este es el punto positivo del asunto, pero hay que ver cómo ocurrieron los hechos y revisar el historial de este tema para dar un veredicto.
Como observador del escenario político chileno, en primer lugar creo que este problema debería haberse resuelto políticamente en sus orígenes, es decir en la misma Corema, instruyendo para ello a los representantes del gobierno y así haber ganado el tiempo necesario para estudiar mejor los pro y contras del proyecto que está desde hace siete años en carpeta.
Esta falta de manejo político ya se ha apreciado en otras oportunidades durante el actual gobierno, porque falta “el detalle chico” que sólo se aprende estando adentro o frente al timón de mando, que no es lo mismo que ser oposición y encontrar todo malo lo que hace el gobierno. A la Alianza de derecha le falta justamente eso, la experiencia en el mando político porque durante veinte años fue solamente oposición.
El Presidente de la República, cuando ya todo estaba decidido, resolvió, quizá con un poco de atolondramiento o demasiada espontaneidad, hablar directamente con “los leones”, es decir con la empresa concesionaria Suez Energy, para parar la ejecución del proyecto o al menos suspenderla. No hay lugar a dudas que el mandatario pasó a llevar la institucionalidad, pero lo hizo al parecer con un buen propósito, porque haber llevado el caso a los tribunales de justicia hubiese sido un trámite largo y engorroso para finalmente terminar en el mismo punto de la partida.
Claro que en una gestión de este tipo faltó transparencia, porque hasta ahora nadie sabe, salvo el mandatario, en que condiciones se llevó a cabo la conversación “a cuatro ojos” y tampoco se conoce si hubo o no alguna oferta especial o concesiones a la empresa por las pérdidas que le signifiquen retrasar el proyecto. Ya vimos lo que nos ha costado la falta de transparencia que hubo en las negociaciones de los peajes de las autopistas concesionadas, especialmente en el gobierno de Ricardo Lagos.
Sin embargo, el problema debe ser revisado con el análisis de algunos puntos claves:
Primero, hay que reconocer que hubo falla política y Sebastián Piñera pasó a llevar la institucionalidad. No sabemos bien si lo hizo por no perder los malditos puntos de las encuestas, que ya había ganado con el eficiente manejo del desastre en la mina San José, o simplemente porque el asunto ecológico era una promesa de campaña que no podía o no quería violar. Uno o lo otro, no era en ningún caso motivo para que se le comparara con el presidente Hugo Chávez de Venezuela, como lo hizo el presidente del Senado Jorge Pizarro, porque la diferencia entre los dos mandatarios es bastante grande: Mientras Piñera se va a ir a los cuatro años y va a traspasar el mando a su sucesor elegido por el pueblo de Chile, Chávez está mostrando que hace todo lo posible por quedarse “de por vida” en el poder queriendo imitar quizá a su amigo Fidel Castro.
Segundo, el problema de Chile es que en materia de planificación no existe nada de nada. No hay una institucionalidad sólida a nivel nacional que nos haga saber de antemano y de por vida en qué lugares no se pueden instalar termoeléctricas u otro tipo de plantas porque son santuarios de la naturaleza o porque vive una población mayoritaria que es alérgica a las contaminaciones o ruidos extraños. Así se hubiesen evitado muchos dolores de cabeza y perjuicios, como los ocurridos en Constitución con la Celulosa o en Tocopilla (ver foto abajo derecha: ciudad contaminada) con otra planta termoeléctrica.
Tercero, tampoco contamos con un proyecto país en materia de energía. Un día escucho hablar de energía nuclear, otro día de energía eólica y otro de hidroeléctricas o también de energía solar. El país debiera tener al menos un plan decenal que nos indicará con claridad la cantidad de energía que vamos a necesitar en el período estudiado y de dónde vamos a sacar este tipo de recursos energéticos o que es lo que más le conviene al país. Así no nos volverá a pasar lo que sucedió con “el negocio redondo” que hizo el ex presidente Eduardo Frei con la compra de gas a Argentina que fue todo un fiasco.
Mientras no tengamos superados estos puntos elementales, no evitaremos que cada vez que exista un proyecto termoeléctrico o de otro tipo tengamos problemas. El gobierno no debería tenerle miedo ni soslayar a los ecologistas, gente en general valiosa que lucha por un país mejor. El gobierno debería trabajar conjuntamente con ellos y escucharlos. Lo ideal sería crear un gran foro permanente en el cual pudieran planificarse estos aspectos energéticos y los problemas ecológicos, para llegar a un término medio en el que se combinen las necesidades, las salvaguardas y el desarrollo.
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