Presidenta argentina continuará su guerra personal contra Grupo Clarin ante la Justicia y el Congreso
Igualmente enviará al Congreso Nacional un proyecto de Ley que regule la actividad de esta compañía en Argentina y que se declare de “interés público” la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios, sobre el que reclamó un “tratamiento igualitario” para todos los diarios del país.
La mandataria, que habló ayer en la Casa Rosada sobre el tema, demandó igualmente la constitución de una Comisión Bicameral que regule o controle el marco regulatorio del funcionamiento de Papel Prensa, con la participación de representantes del Congreso en el directorio de la empresa que hoy controlan los diarios Clarín y La Nación, en la que el Estado tiene un 27% del paquete accionario (para conocer todos los detalles del caso y de la empresa, ver la edición del lunes último de Krohne Archiv).
Con recurrentes menciones a episodios vividos por la Argentina durante la última dictadura militar, en medio de risas y aplausos de los funcionarios presentes en la Casa Rosada, criticó a las dos empresas periodísticas; a sus directivos y los acusó de “apropiación” de la fábrica de papel. Hubo escasa presencia de empresarios y no asistieron representantes de la oposición política que estaban todos invitados.
El informe de la presidenta, con 26.000 páginas, asegura que hubo irregularidades en la compra de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en noviembre 1976.
Como anticipó Krohne Archiv, la Presidenta convocó a funcionarios, legisladores, gobernadores, embajadores, empresarios, intendentes, sindicalistas y dirigentes de organismos de derechos humanos a la presentación del informe “Papel Prensa: la Verdad”, elaborado por una “comisión especializada” conducida por el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.
La presidenta habló durante algo más de una hora, discurso que fue transmitido por cadena nacional de televisión. Aseguró que instruirá al procurador del Tesoro –el jefe de los abogados del Estado– para que active “las presentaciones judiciales que correspondan para juzgar y dar cauce a 33 años de manejos oscurantistas” en Papel Prensa. También anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar “de interés público” la producción de pasta de celulosa y de papel para diario en la Argentina y regular su distribución y comercialización.
La oposición en la Cámara de Diputados anticipó que se pronunciará sobre el proyecto cuando llegue al Congreso. Y la conducción nacional de la UCR sostuvo que la Justicia “deberá validar y garantizar la solidez técnica y jurídica” del informe sobre Papel Prensa.
Previo al mensaje de la Presidenta, transmitido por cadena nacional, Alberto González Arzac, representante del Estado en Papel Prensa, dijo que la supuesta compra fraudulenta se hizo bajo “una variedad de delitos de lesa humanidad, cometidos contra el grupo Graiver” (ver edición del lunes pasado de Krohne Archiv). “La viuda de Graiver y otros familiares, actuaron bajo amenaza y no eran libres de proceder” al momento de ceder las acciones a los tres diarios, dijo González Arzac, quien habló de “probanzas irrefutables sobre la apropiación ilegal” de la empresa.
Portavoces de los diarios involucrados dicen que esta es una nueva embestida especialmente contra el Grupo Clarín, el principal enemigo de la presidente argentina. Agregan que su intención es que el Estado tome el control de la fabricación de papel para poder así presionar a los diarios, lo que describen como un flagrante intento de violación de la libertad de expresión en Argentina.
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