Página Editorial Latinoamericana

Diario La Razón de Bolivia
Fiebre cementera

No es posible retrotraerse a los inicios del mundo moderno sin pensar en la contribución fundamental del cemento. La prosperidad de las ciudades, revestida de un cariz innovador, no se presentaba entonces del color verde característico de la naturaleza, sino del gris más propio de los lugares donde el árbol era poco a poco reemplazado por las paredes.

Con la globalización llegó el fenómeno del incremento del consumo y esto, a su vez, obligó a las industrias a multiplicar sus esfuerzos de producción para atender la gran demanda mundial. La fabricación de cemento no quedó exenta del boom.

En este siglo XXI, en el que el cemento se elabora con una incidencia negativa en el medio ambiente cada vez menor, el consumo per cápita de este producto está promediando los 287 kilogramos por habitante y, en el caso concreto de Bolivia, los 220 kilos por habitante.

La demanda es baja con respecto a otras de la región; sin embargo, aquí se concentra la mayor cantidad de plantas cementeras en relación con la cantidad de habitantes. Pese a esto, la capacidad instalada de las fábricas es mínima, de tres a cuatro millones de toneladas al año.

El sector de la construcción se ha constituido, especialmente en la última década, en un pilar fundamental de la economía al generar un movimiento de recursos inusual en el mercado. Y, ante la creciente demanda de cemento, las fábricas se plantean ahora nuevos retos para atender los pedidos que les espera.

En el país operan siete fábricas de cemento. Soboce invirtió recientemente 35 millones de dólares en su planta de Viacha, renovando de esa manera su apuesta por el sector y la estabilidad económica a largo plazo. Fancesa piensa en una nueva planta con una inversión de $us 80 millones. Y el Gobierno prometió crear dos fábricas estatales, una en Potosí y otra en Oruro.

En abril reciente se informó que Venezuela y Bolivia instalarían el 2012, en una ciudad boliviana, una gigantesca fábrica de cemento que será financiada con fondos del Banco de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA).

Más allá del auge de solicitudes departamentales y de las consecuentes dádivas políticas, el Gobierno tendrá que analizar bien la pertinencia de abrir fábricas de cemento estatales en el país, además de probar su capacidad de gestión, de tal manera que estas millonarias inversiones terminen resultando un éxito empresarial y no político.

Diario La Tercera de Santiago de Chile
Amenazas a la libertad de prensa en Argentina

Se percibe una voluntad del gobierno de supeditar la agenda de los medios de comunicación a la suya y de aumentar su injerencia en esa industria.


La presidenta de Argentina ha presentado un informe -que su gobierno remitirá al Congreso y a la justicia- según el cual la empresa Papel Prensa, que abastece al 75% del mercado de ese país y a 170 medios impresos, fue vendida ilegalmente a los diarios Clarín y La Nación en 1976. Ambos periódicos, ha dicho la Mandataria, "recurrieron a delitos de lesa humanidad para apropiarse" de la papelera, en supuesta complicidad con el gobierno militar de la época para presionar a sus dueños a que la vendieran. Sin embargo, más allá de la legitimidad de esa operación comercial, el episodio es un nuevo reflejo de la cada vez más conflictiva relación del gobierno de Cristina Fernández con los medios de comunicación -especialmente con el grupo Clarín, el mayor del país y que ha adoptado una línea editorial crítica del Ejecutivo-, la cual ha generado inquietud respecto del estado de la libertad de prensa y el derecho a la información en Argentina.

Desde la tribuna presidencial, los medios que adoptan posturas críticas de la Casa Rosada son presentados como parte de una conspiración para desestabilizar al gobierno, dañar el prestigio de la Presidenta y desinformar a la opinión pública sobre las políticas que ella impulsa. Este discurso ha alentado a partidarios del gobierno a organizar protestas contra diversos medios, algunas de las cuales han incluido medidas de fuerza como el bloqueo de sus oficinas ante la mirada pasiva de las autoridades. El grupo Clarín -que incluye diarios, revistas, radios y emisoras de TV- perdió los derechos de televisar los partidos de fútbol, que ahora transmite un canal del Estado; se le canceló hace poco la licencia para operar un proveedor de internet; y su dueña ha sido objeto de un proceso judicial impulsado desde el gobierno por la supuesta adopción ilegal de sus hijos durante la dictadura militar.

La medida más polémica ha sido la nueva Ley de Medios, que aumenta la injerencia del Estado en la industria medial y le permite reducir la influencia de los medios que no están bajo su control o que no siguen una línea editorial afín al oficialismo. La ley incluye aspectos como reducir la duración de las concesiones televisivas de 15 a 10 años; fijar cuotas de contenidos; dividir el espectro radioeléctrico en tres partes iguales (Estado, medios privados y medios comunitarios); prohibición de que la misma empresa opere un canal de TV abierta y uno de cable en la misma ciudad; creación de un ente estatal supervisor de la industria, cuyos miembros son mayoritariamente designados por el gobierno, entre otros mecanismos que el Ejecutivo defiende como intentos de acabar con "el monopolio informativo" y "democratizar" las transmisiones.

En todo ello se percibe una voluntad de supeditar la agenda de los medios a la del gobierno y de darle a éste más instrumentos para asegurarse de que así sea. Las propias palabras de la Presidenta en relación con la polémica por Papel Prensa -a la cual propone que se declare "de interés público"- trasuntan la búsqueda de un mayor control sobre la prensa: "Quien controla Papel Prensa, controla la palabra impresa en el país".

Es preocupante, y así lo han hecho notar actores como la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros, que Argentina parezca querer emular a otros países de la región que ven en la prensa independiente una amenaza al poder político y buscan imponerle restricciones. Lo que ocurra con Papel Prensa dará indicios de en qué medida la Casa Rosada logra avanzar en ese camino.