KRADIARIO

LOS PROYECTOS PENDIENTES EN LA AGENDA DE PROBIDAD

De 21 iniciativas presentadas hace un año, solo nueve han sido  aprobadas por el Congreso

A pesar de la grave y criticada situación  producida en Chile  entre la política y el dinero no ha sido posible aprobar en el Congreso todo el paquete de reformas de la Agenda de Probidad y Transparencia anunciadas el 11 de mayo de 2015 por la Presidenta Michel Bachelet en una ceremonia en la Moneda, como consecuencia de los casos Penta, SQM y Caval.

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Entre los proyectos pendientes de la agenda está la de la reforma constitucional que limita la reelección de los parlamentarios y que fijaría un máximo de dos períodos para los senadores y tres para los diputados. Hasta ahora no se ha podido aclarar el por qué esta diferencia de 2 a 3 entre  unos y otros, ya que debería ser igual tanto para senadores como diputados.

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El Gobierno le puso suma urgencia y en mayo de 2015 fue revisado por la nueva  comisión especial de Probidad y Transparencia del Senado, encabezada por Ignacio Walker (DC). Dicha instancia elaboró un informe, y el texto pasó a ser discutido en la sala el 3 de junio, como informa hoy La Tercera.

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Sin embargo, allí fue frenado debido a los reparos de diversos senadores -tanto de oficialismo como de oposición-, por lo que se decidió solicitar un segundo informe a la comisión de Constitución, donde permanece durmiendo desde ese entonces, agrega el diario. Esto, pese a diversas ofensivas de diputados que han solicitado al Ejecutivo que ponga discusión inmediata a la iniciativa.

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Otro de los proyectos que permanecen estancados es el que crea una nueva institucionalidad: la Dirección General de Concesiones, que obliga al Ministerio de Obras Públicas a tener una planificación permanente a cinco años en esta materia, recogiendo las sugerencias de la comisión Engel.

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Dicho texto fue ingresado el 16 de junio de 2015 a la Cámara, donde pasó a ser revisado por la Comisión de Obras Públicas. Pero, pese a que el gobierno le puso suma urgencia dos veces, el 20 de agosto de ese año ésta fue retirada. Desde entonces quedó paralizado.

Otro proyecto que se encuentra en su primer trámite -aunque con movimiento- es el que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios.

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La iniciativa está siendo revisada por la Comisión de Constitución de la Cámara, instancia que el 6 de abril remitió un oficio a La Moneda solicitando refundir el proyecto con una moción similar -que había sido ingresada en marzo de 2015 por diputados de la Nueva Mayoría- que apuntaba a aumentar las penas para los delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias. El 17 de mayo, la comisión acusó recibo de un oficio con el visto bueno del Ejecutivo, por lo que ambas iniciativas se tramitan ahora como una sola, que hoy cuenta con suma urgencia por parte del gobierno.

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Otra legislación pendiente es la que crea el cargo de fiscal especial de alta complejidad en el Ministerio Público, que se encuentra cumpliendo su primer trámite en la Comisión de Constitución del Senado.

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En el eje relacionado con negocios y mercados, en tanto, aún se encuentran en tramitación cuatro proyectos: el que crea la Comisión de Valores y Seguros (en segundo trámite en el Senado), el proyecto destinado a prevenir y sancionar los conflictos de intereses (en primer trámite en el Senado), la iniciativa que busca impedir la especulación con los cambios en los usos de suelo (en primer trámite en la Cámara), y la que establece nuevas exigencias en materia de transparencia para los mercados (en primer trámite en el Senado).

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Entre las normas que aún no han sido enviadas al Congreso se cuentan la reforma constitucional que permitirá crear el defensor ciudadano y la Ley Orgánica que regulará esta figura, además del proyecto que fortalece la protección de datos personales, el que -según proyecciones del Ejecutivo- está próximo a ingresar, agrega La Tercera.

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Entre ellas, la ley que fortalece el Servicio Electoral (Servel) y la que modifica el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Ambas normas fueron incluidas en la llamada ley de fortalecimiento de la democracia que, además, establece un nuevo sistema de financiamiento de campañas, prohibiendo los aportes de las empresas.

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Iniciativas aprobadas

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Hasta ahora han sido aprobadas la nueva ley de partidos políticos, las reformas constitucionales que dan autonomía al Servel y la que establece la pérdida del escaño, la ley que hace obligatoria la educación cívica en los colegios, la ley de probidad en la función pública -que establece mayores estándares de transparencia para funcionarios públicos- y la norma que entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y modifica disposiciones para los funcionarios municipales.  Igualmente fue despachada la ley que fortalece el Servicio Electoral (Servel) y la que modifica el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Ambas normas fueron incluidas en la llamada ley de fortalecimiento de la democracia que, además, establece un nuevo sistema de financiamiento de campañas, prohibiendo los aportes de las empresas.

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Los datos del Gobierno

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Entretanto, la Presidenta Michelle Bachelet, resaltando que su administración trabaja día a día para ponerle atajo a las malas prácticas y la corrupción en los negocios, ámbito que, según ella, no siempre es bien abordado bajo el precepto “errado” que la corrupción ocurre solo en el sector público, la Presidenta Michelle Bachelet participó en la inauguración del seminario “Combatiendo la corrupción: Chile y el mundo”.

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En su intervención, la Mandataria repasó cada una de las medidas adoptadas por su gestión para enfrentar la relación entre dinero y política y el tráfico de influencias en funcionarios de Gobierno. “Hemos concretado todas las medidas administrativas de la Agenda, todas las que nos comprometimos, están ya funcionando”.

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Acotó que “en lo esencial, aprobamos la Ley de Probidad en la Función Pública, que eleva las exigencias y los controles para los funcionarios públicos. En ese ámbito, se considera la ampliación de los deberes de declarar patrimonio e intereses y de abstenerse frente a potenciales conflictos de interés. Asimismo, crea la figura del fideicomiso y la obligación de enajenar ciertos bienes, en el caso de las altas autoridades, incluyendo -ciertamente- al Presidente o a la Presidenta de la República”.

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Los datos entre la prensa, como La Tercera, varían en cuanto a las iniciativas de ley sobre la materia,  ya que la Presidente habló que de 19 proyectos hemos enviado 16, siete ya han sido aprobados y otros están en la Cámara de Diputados. Hay dos proyectos de ley que no hemos ingresado, el de Protección de Datos Personales y el del Defensor Ciudadano. Los dos se están trabajando para ingresarlos prontamente”.

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En el área de la política contingente, la Jefa de Estado también destacó que “hemos prohibido el aporte de las empresas a la política, poniendo límites al gasto electoral y sancionando firmemente a quienes infrinjan las normas sobre financiamiento, incluyendo la pérdida de cargo para los infractores y penas de prisión para los casos más graves”.