miércoles, 18 de mayo de 2016

OPINIÓN DEL EDITOR

LA GRATUIDAD UNIVERSITARIA Y LA EDUCACIÓN EN GENERAL COMO PROMESA DORADA DE BACHELET SERÁN UNA GRUESA ESPINA EN LA CUENTA PRESIDENCIAL DEL SÁBADO EN EL CONGRESO

Por Walter Krohne 

A tres días del tercer mensaje presidencial que deberá entregar Michelle Bachelet en el Congreso pleno el sábado en Valparaíso,  hay mucha incertidumbre por el texto que leerá ante más de mil personas, entre diputados , senadores e invitados especiales. Al parecer sería un texto relativamente simple, aunque complicado en cuanto a contenido por la debilitada situación política, económica y social que vive el país, al retraso del proyecto estrella como es  la reforma de la educación o tras el fracaso en parte de la reforma laboral.
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En cuanto a educación, en el  mensaje del año pasado la Presidenta prometió para este año el beneficio de gratuidad para 264.000 estudiantes más vulnerables que asistan a Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro o a universidades del Consejo de Rectores. Sin embargo, esta cifra habría llegado apenas a 125.000 y para el 2017 tampoco se cumpliría la meta del año pasado porque solo se lograría la gratuidad para 250.000, de acuerdo a lo que ha dicho la ministra de educación Adriana Delpiano esta semana. Este año, tras un fallo del Tribunal Constitucional debió reducirse  el número a casi la mitad.
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Dentro de este rubro uno de los puntos más demandados es que los fondos para esta gratuidad se obtengan por una ley especial y no a través de una glosa presupuestaria como Ocurrió el año pasado.
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Es también muy importante que el Gobierno se concentre mucho más en los contenidos de la educación media, que en la adopción de medidas más políticas o populistas y que no sirven para el desarrollo integral del país. Ya está más que claro que los fondos para esta reforma global, definida como “el plato fuerte o principal” del gobierno de Bachelet, no estaría cubriendo todos los gastos necesarios para lograr en Chile una educación de calidad como se merecen los chilenos.
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Sin embargo, la ministra Adriana Delpiano ha reconocido que el  proyecto de reforma a la educación superior, tras haberse trabajado durante dos años y medio aún no está listo, faltando  acuerdo en La Moneda. Este  proyecto consta de tres grandes capítulos: Uno sobre lineamientos generales y definiciones del sistema de educación superior. Un segundo con la nueva institucionalidad donde se considera una subsecretaría, una superintendencia y la agencia de calidad. En estos dos puntos ya existe acuerdo, según fuentes del oficialismo.
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Pero el problema se da en la tercera parte de la iniciativa, en el financiamiento de las instituciones. Dadas las discrepancias hay grupos que pretenden dividir el proyecto y dejar este aspecto para el próximo año. Sin embargo, sería la propia Presidenta Michelle Bachelet quien estaría exigiendo tener en sus manos el articulado completo para ser enviado al Congreso. 
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La ministra detalló además que la iniciativa incluiría un sólo tipo de Ues: “Los parámetros con lo que el país  va a medir a sus universidades es más bien de complejidad”. Esto implicaría que todos los planteles deberían apuntar a ser de carácter complejo y no se permitirían universidades sólo de docencia. 
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Y en este punto vuelven a hacerse públicas cuestiones que ya parecían superadas en el tema educacional como el lucro, porque, por ejemplo, declaraciones recientes del senador Ignacio Walker señalan como necesidad poder pensar nuevamente en una autorización estatal para que puedan funcionar en Chile universidades que lucren.
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Así se podría alivianar la carga del Estado porque familias pudientes podrían enviar a sus hijos a universidades pagadas para que la gratuidad pueda abarcar un mayor número de jóvenes vulnerables. Y en esta intervención, el  senador de la Democracia Cristiana echó por tierra la promesa incluida en el programa de gobierno  de Bachelet, de aspirar al logro de la gratuidad universal en Educación Superior en el año 2020. Aclaró en un seminario en la Universidad de Concepción, como presidente de la Comisión de Educación del Senado, que  "el programa de gobierno habla de gratuidad para el 70% de menores ingresos, bajo este gobierno, y se compromete con llegar a un 100%, en 2020. Quiero ser claro sobre esta materia: esto último es imposible de lograr, ni en 2020, ni en 2030 ni en 2040”, aseguró.

"La matemática es muy simple: los recursos no alcanzan para la gratuidad universal”.   Y detalló además que  “no es solo que no alcancen,  sostengo que la gratuidad universal es conceptualmente dudosa e imposible de financiar”.

Al respecto el diputado Giorgio Jackson, de Revolución Democrática,  aseguró que "con esta declaración personal de Walker, él renuncia a la idea de la Nueva Mayoría en el gobierno, ya que la educación como un derecho universal fue un eje principal que les permitió llegar al poder”.

Y en este punto, Bachelet no va a tener problemas sólo con sus colegas políticos y sectores sociales,  que también giran en torno a esta idea, o con los políticos más progresistas que ven en el lucro la imposibilidad de que en Chile pueda surgir un estado igualitario y que termine con las discriminaciones económicas.

Y deberá volver a enfrentarse con los estudiantes agrupados en la Confech, donde hay molestia por la forma en que se está aplicando  la gratuidad y anuncian un período de nuevas movilizaciones. El presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Central, Gabriel Iturra, indicó que “duplicar el número de beneficiados no soluciona el conflicto porque  estamos pidiendo gratuidad para todos”. Según los dirigentes, en Chile sí existirían los recursos para financiar la gratuidad universal como, por ejemplo, mediante la nacionalización del cobre. 
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Pero las promesas siguen siendo más políticas que reales, lo que hizo reaccionar al   rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, quien dijo que era necesario manejar este tema con una cuota de cautela: “No están dadas las condiciones para generar falsas expectativas en las familias. Es cierto que hay que avanzar, pero con un juicio de realidad”. 
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“La incertidumbre por las condiciones económicas del país más la discusión que se está dando con respecto al lucro o no lucro de las universidades privadas hacen que cualquier promesa pueda ser aventurada, porque después no van a tener cómo respaldarlas”.
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A esta crítica se sumó el investigador José Joaquín Brunner, diciendo: “Son proyecciones a esta altura muy poco confiables". 
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