KRADIARIO

ARGENTINA

IMPUTADOS POR COHECHO LA EX PRESIDENTA ARGENTINA, SU HIJO Y EL EMPRESARIO LÁZARO BÁEZ EN EL CASO INMOBILIARIO Y HOTELERO LOS SAUCES Y ALTO CALAFATE


A su vez, el juez federal argentino Claudio Bonadío ha decidido procesar por primera vez a Cristina Fernández de Kirchner, pero no por un asunto de corrupción sino por haber perjudicado al Estado en una operación de venta de dólares poco antes de que terminara su mandato. Bonadío, que ya obligó a declarar a Fernández de Kirchner mientras miles de personas la vitoreaban a la puerta de los juzgados, dicta un embargo de un millón de dólares. Aún así, según fuentes judiciales, es prácticamente imposible que vaya a la cárcel al menos por este asunto.

El fiscal federal Carlos Rivolo amplió el requerimiento de instrucción de la causa Los Sauces al delito de cohecho, es decir coimas, por lo que imputó no sólo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sino también al empresario Lázaro Báez, según dijeron fuentes judiciales al diario Clarín de Buenos Aires.

Una primera versión indicó que también alcanzaba esa figura al hijo de la ex presidenta, Máximo Kirchner, primero por su condición de diputado nacional y luego por haber sido presidente del directorio de Los Sauces. Sin embargo, el hijo de la ex presidenta mantiene la imputación original realizada por el fiscal contra él y su madre por presunto enriquecimiento ilícito, falsificación de documento público y lavado de dinero.

Rívolo se basó en la ampliación de la denuncia realizada la semana pasada por la diputada Margarita Stolbizer, donde sólo se mencionó el delito de cohecho en torno a Báez y Cristina Fernández, sin hablar de Máximo Kirchner.

Stolbizer había denunciado el viernes pasado que los alquileres de  propiedades de los Kirchner, a través de la firma Los Sauces S.A., por parte de empresas vinculadas a Báez, constituyeron coimas a cambio del otorgamiento de obra pública y diversas concesiones.

La legisladora denunció "el modo irregular en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Lázaro Báez y cómo en forma paralela Cristina Fernández de Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado".

"Lisa y llanamente el delito de cohecho en su expresión más burda", añadió la diputada del GEN Stolbizer. El cohecho es el eufemismo legal de la más popular palabra coima y está reprimido con una pena que va de uno a seis años de prisión.

"Más allá de la calificación penal lo que se investigan son hechos", explicó una fuente judicial al relativizar la nueva imputación fiscal. Stolbizer había denunciado originalmente que la firma Los Sauces, de la familia Kirchner, le alquilaba propiedades a empresas de Báez y López y que eso podía constituir una suerte de "retorno" por negocios con el Estado adjudicados a esos empresarios.

La operatoria, dijo la legisladora, sería similar a la registrada en la llamada causa Hotesur, donde se analiza como posible delito el supuesto alquiler de habitaciones de los hoteles de la ex familia presidencial a empleados de las firmas vinculadas al empresario kirchnerista Cristóbal López y Báez. El abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Alberto Beraldi, pidió que la causa Los Sauces se unifique con la de Hotesur.

De ser así, Fernández de Kirchner sería investigada sólo por el juez Julián Ercolini y no también por su colega Claudio Bonadio, quien la indagó el mes pasado en la causa por la venta de dólares a futuro y que en los próximos días resolverá si la procesa por ello. Fuentes judiciales estimaron improbable una unificación de ambos casos, es decir Hotesur y Los Sauces.

Bonadio ordenó allanar la semana pasada a las administraciones de los consorcios de los departamentos de Los Sauces en el edificio Madero Center, de Puerto Madero, y del que ocupa la hija menor de la ex presidenta, Florencia, en el barrio de Constitución. El juez fue en búsqueda de quién paga los gastos de las propiedades alquiladas por los dos empresarios más emblemáticos del kirchnerismo.

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"La familia Kirchner tiene solo tres sociedades, Los Sauces SA, Hotesur SA y CoMa SA, declaradas en Argentina" señaló en un comunicado de prensa la empresa de Cristina y Máximo Kirchner, acusando a la Justicia y a los medios. Lo cierto es que dos de estas sociedades -en las que tuvieron vínculos comerciales con Lázaro Báez-, son sospechosas de ser utilizadas para el lavado de activos y cohecho. La tercera de las firmas registra en caja $ 150 y hace años que no tiene movimientos contables pese a dedicarse al rubro inmobiliario.

Una de las empresas más importantes de la ex Presidenta es Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate (arriba), inmueble que administró hasta diciembre de 2013 Valle Mitre sociedad de Lázaro Báez. Fue justamente con dicha firma que el empresario K alquiló habitaciones de éste y dos hoteles mas de Cristina (Las Dunas y La Aldea), garantizando ingresos por $ 14 millones durante dos años a la familia Kirchner.

Pese a que Báez argumentó que esas habitaciones para los empleados de sus constructoras que tenían obras en la villa turística, lo cierto es que en esa época, la licitación adjudicada más cercana quedaba a unos 200 kilómetros.

 Hotesur es  una sociedad que reúne a la familia Kirchner y a su personas de mayor confianza. En el primer directorio estuvo el abogado del empresario K, Roberto Saldivia, y Alejandro Ruíz socio del contador de Báez, César Andrés.  En el último directorio que se renovó después de años de irregularidades, continuó como presidenta Romina Mercado (empeñada de Inversora M&S propiedad de Cristóbal López), Máximo y su hermana Florencia están como directores suplentes, Emanuel Gómez empleado de Negocios Patagónicas S.A, empresa de Osvaldo Sanfelice. También se nombró en el directorio a Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz y socio de Máximo en la Inmobiliaria. La pareja del diputado nacional y ministra de Salud de Santa Cruz, Rocío García, figura ahora como directora titular de los accionistas clase C.

Otro proceso contra Cristina Kirchner
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El juez federal argentino Claudio Bonadío ha decidido procesar por primera vez en su vida a Cristina Fernández de Kirchner, pero no por un asunto de corrupción sino por haber perjudicado al Estado en una operación de venta de dólares poco antes de que terminara su mandato. Bonadío, que ya obligó a declarar a Fernández de Kirchner mientras miles de personas la vitoreaban a la puerta de los juzgados, dicta un embargo de un millón de dólares. Aún así, según fuentes judiciales, es prácticamente imposible que vaya a la cárcel al menos por este asunto.

Buena parte de la política argentina y de los comentarios en los despachos del poder giran alrededor de una pregunta: ¿irá a prisión Fernández de Kirchner? Aún debilitada, derrotada en las últimas elecciones y en minoría dentro de su movimiento, el peronismo, la expresidenta sigue siendo un enemigo político temible. Tal vez no pueda ganar elecciones, pero sabe cómo movilizar a la calle y a sus miles de fieles y su reaparición, precisamente en un multitudinario mitin después de declarar ante Bonadío, mostró esa fortaleza.

Otros jueces esperan pero Bonadío marca el camino: dictó un auto de procesamiento y embargo durísimo. Mientras, otros magistrados han encarcelado a un personaje clave del entorno empresarial kirchnerista como Lázaro Báez. El primogénito de los Kirchner, Máximo, ahora diputado, denuncia una “persecución” contra su familia. Mientras tuvieron el poder los casos parecían dormidos, ahora todos se han despertado a la vez.

La acusación contra Kirchner, que ha tratado de convertir este proceso en una persecución política similar a la que sufrió Juan Domingo Perón, 18 años exiliado en la España de Franco, se basa en una decisión muy polémica de los últimos meses de su mandato. El magistrado la procesó por "administración infiel en perjuicio de la administración pública" y ordenó un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos (poco más de un millón de dólares). Fernández está acusada de haber perjudicado de forma deliberada al Estado al vender dólares a un precio inferior al de mercado con la intención de mantener artificialmente bajo el dólar para beneficiar la campaña del peronista Daniel Scioli, su candidato.

En esta misma causa fueron procesados también Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.