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jueves, 26 de mayo de 2016


¿HACIA DONDE QUIERE IR EL PARTIDO COMUNISTA?

COMO SOCIO DE LA COALICIÓN DE BACHELET DENUNCIARÁ AL ESTADO CHILENO ANTE UN TRIBUNAL INTERAMERICANO CON SEDE EN EL EXTRANJERO
Parlamentarios del Partido Comunista , que se rehusaron a utilizar la institucionalidad chilena, denunciarán al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el control preventivo de identidad.

Tras el fallido intento de los diputados socialistas de impugnar la normativa en el Tribunal Constitucional, ahora serán los comunistas quienes recurrirán esta vez al organismo internacional para evitar lo que definen como eventuales "arbitrariedades" en la aplicación de la norma.


Los diputados del Partido Socialista al no conseguir las 30 firmas necesarias para impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) el proyecto del gobierno que establece el control preventivo de identidad, el Partido Comunista tomó la posta y decide recurrir a la Comisión Interamericana de DD.HH.
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Pero, según la versión de la diputada Karol Cariola no es correcto decir que se va a presentar una demanda contra el Estado chileno, sino que solamente se va a informar de la aprobación del control de identidad en Chile para que la Corte Interamericana entregue un pronunciamiento con recomendaciones. Agregó la portavoz de la bancada comunista que su partido no habría podido recurrir al TC porque no le da garantias, ya que es un organismo creado en la dictadura.
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Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Jorge Burgos, en conversación con La Tercera sostuvo que una medida de este tipo es "impropia" ya que el PC es un partido "que es parte del Gobierno" que patrocinó el proyecto.

En tanto, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, criticó la decisión del Partido Comunista. Según el parlamentario es grave que ''el Partido Comunista demande internacionalmente al propio gobierno'' y sostuvo que el PC aparece 'cuando hay una medida a favor de Carabineros".

La demanda contra el Estado chileno será presentada por los parlamentarios ante la entidad dependiente de la OEA una vez que la presidenta Bachelet promulgue la nueva ley

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