jueves, 19 de mayo de 2016

REFORMA LABORAL: GOBIERNO EVALÚA INCLUSO SUSPENDER TRÁMITE DEL VETO PRESIDENCIAL


Por La Tercera-C. Valenzuela / N. Peña/ M. Vega

Un enredo de proporciones. Así califican en el propio gobierno las dificultades técnicas y políticas para sacar adelante la Reforma Laboral, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suprimió dos aspectos claves del proyecto: la titularidad sindical y la extensión automática de beneficios a nuevos afiliados.
A tal punto llega esa complejidad, que hay quienes en el Ejecutivo incluso plantean suspender indefinidamente la tramitación del veto presidencial y, por añadidura, la promulgación y entrada en vigencia de la reforma. De esta manera se mantendrían en vigencia las actuales normas del Código del Trabajo. Adicionalmente, esto haría innecesaria la presentación de la comprometida “ley corta”, que de todas formas tiene un alcance muy limitado, admiten en el gobierno, tras el pronunciamiento del TC.
El problema para el oficialismo radica ahora en las diferencias internas generadas por la presentación del veto, que suprimió los pactos de adaptabilidad de jornadas entre sindicatos y empleadores y los quorums para la negociación colectiva. Ello, para “reequilibrar” la normativa luego de la sentencia del Tribunal.
Es que si bien en el gobierno existe un interés coincidente en reponer los pactos en la mencionada “ley corta”, -así lo anticipó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés- fuentes del Ejecutivo advierten que la “titularidad” para negociar esos pactos -vía sindicatos o también a través grupos negociadores- reflotó las diferencias evidenciadas en la Nueva Mayoría durante la tramitación del proyecto.
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Sindicatos versus grupos
Las fuentes dicen que Hacienda, la Segpres, y parte de los senadores DC son partidarios de generar algún tipo de diferenciación a favor del sindicato, por ejemplo elevando las exigencias de quorums a los grupos. En cambio, en Trabajo, parte del eje PS-PPD y la CUT se resisten a un mecanismo que, en la práctica, termine validando a dichos grupos e igualando sus atribuciones con las del sindicato.
Esto mientras en la oposición advierten, con fallo del TC  en mano, se opondrán a cualquier mecanismo que signifique un desmedro para los grupos negociadores en favor de los sindicatos. De ser así, podrían volver a recurrir al organismo. 
Y como si fuera poco, hay otra corriente oficialista que quiere una ley interpretativa a la Constitución que asegure preeminencia de los sindicatos en la negociación.
La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, se reunió en el Congreso con la bancada de senadores de la DC para discutir las opciones del gobierno. Asistentes  dijeron que por ahora no existe ninguna decisión y que la autoridad ha solicitado “opiniones técnicas” externas para evaluar los pasos a seguir. Rincón se excusó de asistir por la tarde a la sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja citada para analizar las implicancias del fallo del TC.
“No hay que descartar ninguna alternativa (...) No seguir con el veto también es una posibilidad”, señaló  el diputado PS e integrante de dicha instancia Osvaldo Andrade.
Opinión distinta tiene el diputado PPD Tucapel Jiménez. “El fallo (del TC) es tan  aberrante que es primordial  primero apoyar el veto”. Por su parte, el DC Patricio Vallespín afirma que no pondrá este recurso en la tabla de la Cámara Baja mientras no haya ingresado el proyecto de ley corta.
En paralelo, aunque el Ejecutivo también explora un acuerdo con la oposición que permita viabilizar el veto y la ley corta, dicha opción es vista con distancia en Chile Vamos. Parlamentarios señalan que quieren evitar repetir la experiencia del proyecto de gratuidad en la educación, donde pese a obtener una victoria inicial en el TC, luego terminaron acordando un proyecto “totalmente desdibujado” con el gobierno.

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