martes, 17 de mayo de 2016


CADA VEZ MÁS CERCA DE LA VERDAD EL ASESINATO DEL ESPAÑOL CARMELO SORIA OCURRIDO EN CHILE EN PLENA DICTADURA

Colaboración de la Justicia estadounidense es fundamental

La Corte Suprema chilena solicitó a Estados Unidos la extradición de tres presuntos responsables del crimen del diplomático español y ex funcionario de la Cepal en Santiago, Carmelo Soria.

En fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema aprobó solicitar la extradición de los exagentes de la disuelta DINA, el chileno Armando Fernández Larios, del estadounidense Michael Townley Welch, y del ciudadano de nacionalidad cubana Virgilio Paz Romero.

Los requeridos se encuentran procesados en Chile en calidad de autores de la detención, torturas y homicidio del diplomático español, Carmelo Soria, ocurrida en julio de 1976, caso que es investigado por el ministro del alto tribunal, Lamberto Cisternas.

La sala penal tuvo como uno de sus argumentos para esta resolución el Tratado de Extradición entre Chile y Estados Unidos suscrito el 17 de abril de 1900.

El 14 de julio de 1976, Soria fue detenido cuando regresaba a su hogar desde su oficina en la Cepal. Ahí es secuestrado por agentes de la Brigada Mulchén de la DINA y torturado en Villa Grimaldi. Su cuerpo fue encontrado a bordo de su vehículo, para intentar aparentar que había desbarrancado por ingesta de alcohol.

Los restos del diplomático español Carmelo Soria, asesinado por la policía política chilena durante la dictadura de Augusto Pinochet, fueron exhumados el 1 de mayo de 2002 para verificar su identidad. La exhumación fue realizada por orden del juez Andrés Contreras, del 23º Juzgado del Crimen de Santiago, quien acogió una solicitud de la familia.
A la exhumación, llevada a cabo en el Cementerio General de la capital chilena, asistieron Carmen, Laura y Luis, los tres hijos de quien fuera funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependiente de la ONU. El abogado de la familia, Alfonso Insunza, explicó que los restos fueron enviados al Servicio Médico Legal para su identificación mediante exámenes de ADN.

En abril de 2002, Carmen Soria e Insunza presentaron una querella ante el juez Contreras por el delito de "presunta inhumación ilegal". Sospechan que en 1983, durante el traslado en un ataúd sellado dentro del mismo cementerio, los restos de la víctima fueron sustraídos. Los propietarios del mausoleo donde estaba sepultado Soria habían recibido previamente amenazas y presiones.
El abogado explicó que en 1994, cuando Carmen Soria presentó una querella por el asesinato de su padre, recibió amenazas telefónicas anónimas, en una de las cuales le dijeron que "no sacaría nada con investigar las causas de la muerte, pues sus restos no estaban en el cementerio". En otros casos, agentes de la policía política pinochetista (DINA) sacaron los restos de las víctimas de los lugares donde estaban enterrrados para eliminarlos.

Además de estos tres exagentes de la DINA, otros 12 miembros del organismo represor de la dictadura militar están procesados por el homicidio.

Fernández Larios y Townley permanecen bajo el sistema de protección a testigos en Estados Unidos, luego de colaborar en el juicio por el crimen del excanciller Orlando Letelier ocurrido en Washington en  septiembre de 1976.

La sala penal de la Corte Suprema ordenó notificar a la Cancillería chilena para que tramite las extradiciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos.


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