.
Por Eugenio Rivera
Fue un discurso corto, de
una hora y 30 minutos; concentrado en mostrar la contundencia de lo
avanzado, lo que no encuentra parangón en nuestra historia democrática. Estuvo
dirigido a la gente de Chile, no a los políticos ni a los partidos, apostando a
un diálogo directo con la ciudanía. El problema es que la reconstrucción de la
política, del sistema de partidos y de su relación con la ciudadanía es uno de
los principales, sino el principal problema del país. Si bien es cierto que las
reformas políticas en marcha colaborarán en esa dirección, ello no es
suficiente; requiere una hábil capacidad de gestión política y no aparecieron
señales contundentes en ese sentido. Es cierto que será crucial la Nueva
Constitución, pero para que el proceso constituyente termine exitosamente se
necesita avanzar en lo indicado y el rol político de la Presidenta en esa
tarea, es fundamental.
El discurso no abordó los temas políticos fundamentales. Es
difícil pensar que se puedan resolver los principales problema del gobierno y
de su coalición: la unidad de criterios frente a temas fundamentales y la
gestión política global, de las reformas y de las principales políticas
públicas. Un liderazgo político potente habría definido, y se habría expresado
en el discurso, la política laboral luego del fallo del Tribunal Constitucional
(TC). Tampoco apareció una propuesta contundente respecto del problema de las
etnias originarias ni decisiones que abordaran las seria crisis derivada de la
presentación de un requerimiento de los parlamentarios socialistas al TC como
efecto de la ley corta antidelincuencia. Esta constatación pone en cuestión la
posibilidad de terminar la administración revirtiendo los bajos niveles de
popularidad y, sobre todo, revirtiendo la mala imagen que en las encuestas
aparecen teniendo algunas reformas. Esto debilita la posibilidad de que en el
próximo gobierno se avance en los temas pendientes.
Lo más positivo del discurso fue sin duda que dejó en
evidencia la capacidad del país de impulsar un proceso significativo de
reformas en el marco democrático y paralelo al fortalecimiento de las
instituciones políticas, en particular como efecto de la agenda anticorrupción
en la política y los negocios. Es importante tener en cuenta que ello es algo
nuevo en nuestra historia. Las reformas intentadas por el Presidente Allende
fueron aplastadas por el golpe militar. Las reformas radicales de Pinochet se
hicieron a sangre y fuego y con la democracia, la política y los partidos
proscritos. Esto tampoco ha ocurrido en otros países de la región, donde los
procesos de reformas han terminado en graves crisis políticas. El impulso de un
amplio debate constitucional y que en el horizonte aparezca como posible que
por primera vez en nuestra historia tengamos una Constitución construida
democráticamente, será un test fundamental de nuestra capacidad para resolver
nuestras diferencias de forma democrática.
En este contexto cabe preguntarse: ¿Cuáles era los objetivos
del discurso? En mi opinión tres principales.
En primer lugar, como indiqué más arriba, dejar en evidencia
avances contundentes en el campo de las reformas y en los beneficios para los
ciudadanos más pobres y vulnerables. Los avances en educación y la hoja de ruta
para terminarla e implementarla son impresionantes. Este ámbito será,
probablemente, algo que la ciudadanía reconocerá plenamente.
En segundo lugar, mejorar el diálogo con el mundo
empresarial. La pregunta clave es: ¿Se
logra este objetivo? En parte sí, pues se señala con claridad que no habrá
nuevas reformas con la excepción del
compromiso de acelerar la creación de la AFP estatal, que en todo caso ya
estaba en la agenda. Por otra parte, para el logro de este objetivo respecto
de las asociaciones empresariales será crucial la definición sobre la reforma
laboral. El problema es que si el mundo empresarial queda contento, ello traerá
problemas con el mundo sindical que en tales circunstancias se podría sumar a
los irritados con la situación actual. El aporte a este objetivo de la decisión
de reafirmar la prioridad de la política
de reducción del déficit estructural de 0,25%, es sin duda problemático. Al relevar
la importancia del equilibrio en las finanzas pública, pero sin retrotraer las
reformas ni lanzar un programa significativo de infraestructura (cuyo efecto
sería principalmente político, por los tiempos que requiere), permitirá a las
asociaciones empresariales ratificar su convicción de que el Gobierno es pasivo
frente a la desaceleración. Lo débil de la política de relevar el crecimiento
se expresa también en lo poco desarrollado en el discurso del Pacto por el
Crecimiento. Todo ello hace poco plausible que se mejore sustancialmente la relación
con el mundo empresarial.
El tercer objetivo era mejorar el diálogo directo con la
ciudadanía. Un primer mecanismo utilizado para ello en el discurso, fue el de
mostrar la extensión de la red de protección social, en el campo de la
educación, de la protección de la niñez, de los servicios de atención a las
familias y de salud en la ciudades y hasta los lugares más apartado, la
multifacética política urbana y de vivienda entre otros..
Las imágenes de los incidentes en las afueras del Congreso
Nacional que mostró la televisión plantean un signo de interrogación dramático.
Algunos dirán que esos “encapuchados” representan sólo un grupo pequeño de
extremistas. Aunque fuera así, es preocupante el grado de violencia que
alcanzaron las manifestaciones en esta oportunidad. Por otra parte, esas
protestas se suman a las que han ocurrido en la X Región del país, en
particular en Chiloé, a la larga protesta de los funcionarios públicos de
Atacama para no nombrar más que los recientes. Pero, además, estos fenómenos se
tienen que analizar incluyendo en el análisis el alto desprestigio del sistema
político, de las élites, del empresariado, de la iglesia y las FF. AA. Es clave
reflexionar sobre la gran fragmentación que están experimentando las fuerzas
políticas. Es probable que los grupos que están fuera de Chile Vamos y de la
Nueva Mayoría experimenten un fuerte crecimiento. En ese sentido, lo planteado
por la Presidenta respecto del divorcio entre la élite y la ciudadanía parece
más grave de lo que su discurso deja traslucir y mucho más que lo que la
oposición y la tecnocracia concertacionista quiere siquiera aceptar.
Pareciera, por otra parte, que los campos de demanda social
se han desplazado a lo que se podría denominar un nueva generación de demandas
sociales que adquieren connotaciones política y económicas que apuntan a la
necesidad de profundizar la transformación del modelo económico social. De
partida, una educación de calidad y gratuita que asegure educación igualitaria
y de calidad. Pareciera que los estudiantes no consideran que desde el punto de
vista de la dirección de las políticas, se esté avanzando lo suficiente en esa
orientación. Del mismo modo, un cambio radical del sistema privado de
pensiones, de la salud pública y del sistema de Isapres (este último
cuestionado anualmente por las demandas judiciales) aparecen como indispensable
en el horizonte para dar cuenta de la irritación ciudadana. Pero se agregan
otras demandas latentes que apuntan a temas que se contraponen al modelo
vigente: una real descentralización política, administrativa y financiera; un
modelo económico que distribuya realmente sus frutos y que se traduzca en el
desarrollo de nuevos impulsores del crecimiento y que abra posibilidades de
desarrollo personal y colectivo a las
mayorías ciudadanas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario