viernes, 10 de febrero de 2017

Y sigue la polémica

ABOGADOS DEL CDE RECHAZAN DESIGNACIÓN PRESIDENCIAL DE JAVIERA BLANCO EN ESTE IMPORTANTE CONSEJO DEL ESTADO CHILENO
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La Asociación Nacional de Abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) dio a conocer a la Presidenta Michelle Bachelet su preocupación por el nombramiento de Javiera Blanco como nueva consejera de la institución.
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A través de una carta, la asociación indicó que “vemos con preocupación, dolor e impotencia como se ha denostado el nombre del Consejo de Defensa del Estado en algunos medios de comunicación y redes sociales, en el marco del debate antes señalado”.
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Junto con esto, agregó que el CDE existen abogados “con una vasta experiencia profesional, excelentes litigantes y con una vida entregada al servicio, los que cumplen con creces los requisitos legales y cuentan con las competencias para asumir y ejercer adecuadamente el cargo de Abogado Consejero”.
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Por último señaló que “nos asiste el convencimiento de que lo antes propuesto en modo alguno afecta a la facultad exclusiva que la Ley confiere al Presidente de la República y contribuiría a mantener en alto el buen nombre del Consejo de Defensa del Estado, como una institución eminentemente técnica, y de quienes en él nos desempeñamos”.
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La designación de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado ha recibido críticas de todos los sectores. ¿Por qué?
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El último fin de semana se publicaron numerosos comentarios criticando esta designación como la del Rector de la Universidad Diego Portales y columnista de El Mercurio, Carlos Peña, quien dijo que  la designación de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado ha recibido críticas de todos los sectores. ¿Por qué?
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La respuesta a esa pregunta puede arrojar luz sobre algunas características de la actual cultura de lo público.
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Por definición, lo público es aquello que escapa al dominio particular de alguien. Mientras el dominio consiste en la facultad de usar algo arbitrariamente, al compás de cualquier motivo que la propia subjetividad valide (no siendo contra la ley o el derecho ajeno, como explicó Bello en el Código Civil), lo público es una esfera de asuntos que obliga a la imparcialidad, a cuidar todos los intereses y puntos de vista en juego, sin que quien adopta la decisión pueda esgrimir nada más que su voluntad como fundamento de la misma.
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Sin embargo, eso último (su propia voluntad y no las razones que la amparaban) es lo que, desgraciadamente, subrayó la Presidenta cuando se le consultó por la designación:
"...he realizado ese nombramiento -dijo- en virtud de mis facultades como Presidenta, después de evaluar distintas alternativas y conversarlo también con el presidente del CDE".

Pero nadie ha discutido que al designar a Blanco ella hizo uso de una prerrogativa que le pertenecía. Lo que se cuestiona -habría que decirle a la Presidenta- es si ella empleó correctamente esa facultad, si la usó como una facultad de índole pública o si, en cambio, lo hizo como si fuera una atribución privada, algo que le perteneciera solo a su personal discernimiento.
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¿Atendió la Presidenta solo a la índole y las funciones del Consejo a la hora de esta designación o consideró, a la luz de las circunstancias que saltan a la vista, características ajenas a él?
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El Consejo de Defensa del Estado es un antiguo órgano (en el caso de Chile, viene del siglo XIX, y en el derecho comparado sus orígenes se remontan a la defensa del rey) cuyo objetivo es la defensa jurídica de los intereses del Estado. Posee una larga tradición….
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….La pregunta entonces que cabe plantear es si acaso la designación de un miembro del equipo político de la Presidenta (que comenzó como vocera de su candidatura, ejerció de ministra del Trabajo y concluyó como ministra de Justicia), entre cuyas abundantes virtudes no se cuentan las propias del jurista, una persona que es de su entera confianza y que posee total convergencia con su propio punto de vista, es la designación más razonable atendida la índole y las funciones públicas del Consejo, o si, en cambio, parece objetivamente una designación partisana, motivada más bien por consideraciones privadas como, por ejemplo, la de retribuir servicios gubernamentales y adhesión política.
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Y la conclusión es obvia para quien no se arroje tierra a los ojos. El simple examen de las circunstancias objetivas lleva a ella: la designación de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado constituye una designación partisana, aparece como una retribución a una lealtad política más que una selección por méritos de esos que la índole del Consejo de Defensa del Estado exige.
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"Quien ejerce el cargo de Presidente de la República a veces debe elegir entre dos intereses: los que emanan de la índole de las instituciones y los de quienes le sirvieron de apoyo para alcanzar el poder.
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La Presidenta Bachelet escogió, esta vez, uno de los segundos.

Al hacerlo, actuó mal", opinó Peña".

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