viernes, 10 de febrero de 2017

Coletazos de los incendios

SOSPECHAS: ONEMI Y CONAF HABRÍAN CONTRATADO A EMPRESAS DEL "CARTEL DEL FUEGO" DE ESPAÑA CUYOS CABECILLAS ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS O PROCESADOS POR LA JUSTICIA ESPAÑOLA



La  Policía de Investigaciones (PDI) allanó hoy las oficinas centrales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi)  tras una orden de la fiscal de alta complejidad centro-norte, Ximena Chong en diligencias que se realizan en el marco de una posible colusión de los operadores de helicópteros que participaron en el  combate de incendios forestales en el país, hecho que estaría vinculado directamente con un caso que ha sido y sigue siendo  investigado en España.
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La designación de Chong la hizo ayer el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien  determinó indagar si en Chile  existe o no una arista relacionada a la investigación que se realiza en España contra las empresas Faasa Aviación, Ibnaer, Helicópteros Marínes y Ridao que están acusadas de cohecho y fraude y son  parte del  llamado "cartel del fuego" que en España ha sido calificado como una "asociación ficticia a efectos legales", según el  juez a cargo de la indagatoria. Estas mismas tres operadoras fueron contratadas bajo licitación pública por la Onemi y Conaf desde el año 2011 para colaborar en el combate de incendios forestales en Chile.
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Y esto es precisamente lo que en el caso chileno no está aún nada de  claro y  que es el hecho de cómo la Conaf y la Onemi han podido contratar para el combate de incendios forestales  como los ocurridos en enero y febrero en Chile, a empresas cuyos ejecutivos están siendo procesados en España  por delitos graves vinculados a licitaciones obtenidas supuestamente en forma fraudulenta.
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Las empresas españolas Ridao, Faasa junto a Inaer aterrizaron en Chile y lograron contratos en las regiones de Valparaíso, Maule, Biobío y La Araucanía. Las tres cuestionadas empresas operan, de acuerdo a la investigación que lleva adelante la justicia española, sobornando, coludiéndose para dividirse las zonas licitadas y, con ello, adjudicarse los millonarios recursos que pagan las organismos públicos. "Se acuerda respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público", señala la investigación, de acuerdo a los diarios españoles.
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La indagatoria, asimismo, ha logrado establecer que las empresas también crearon un patrimonio común de aviones al que se le asignaba un número para participar en los concursos públicos. Pero la estrategia iba más allá, de acuerdo a lo que hasta ahora se ha podido conocer. Cuando una comunidad autónoma (región) española llamaba a concurso, las empresas no asistían por lo que éstos terminaban declarándose desiertos, "a efectos de incrementar el precio de la  licitación".
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La Fiscalía Nacional española ordenó investigar a las empresas Martínez Ridao, Faasa e Inaer, parte del "cartel del fuego" que en España ha sido calificado como una "asociación ficticia para los efectos legales", según el juez a cargo de la indagatoria.

El juez ha enviado la investigación de la llamada trama del fuego a la Audiencia Nacional al considerar que sus miembros, entre los que figura Serafín Castellano, que fue detenido en 2015 mientras ocupaba el cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, "integraban un grupo criminal que actuaba de manera coordinada en varias comunidades y también en el extranjero".
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El magistrado considera que 14 empresas dedicadas a la extinción aérea de incendios se repartieron durante 15 años el mercado español, pactaron precios, sobornaron a cargos públicos y acordaron exportar su sistema a países como Portugal, Italia y Chile. La extensión de la trama lleva al juez a inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, competente en este tipo de causas.


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