viernes, 10 de febrero de 2017

Caso Odebrecht - Recompensa por la captura del ex mandatario
TOLEDO DEBE IR A LA CÁRCEL POR CORRUPCIÓN
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El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, decretó prisión preventiva por 18 meses y orden de captura a nivel nacional e internacional para el ex Presidente Alejandro Toledo, acusado de recibir US$ 20 millones de la empresa brasileña Odebrecht para que se le otorgara la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.
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Los argumentos del juez para declarar procedente el pedido del fiscal anticorrupción Hamilton Castro, de ordenar la prisión preventiva del exmandatario, se basan en que existe un alto grado de probabilidad de que el expresidente Toledo haya sostenido un acuerdo ilícito con funcionarios de Odebrecht para favorecerlos en la concesión de la carretera Interoceánica, informó al diario Crónica Viva de Lima.
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“Existe un alto grado de probabilidad sobre los hechos que se le imputan a Toledo Manrique en los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos”, señaló el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
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Toledo se encontraba hasta la semana pasada en Europa en compañía de su esposa. En París presentó un libro. Al ser interrogado por la prensa internacional el ex mandatario ha negado todos los cargos. Esta mañana el ministro peruano del Interior Carlos Basombrío fijó un precio por la captura de Alejandro Toledo. Esta recompensa asciende a S/ 100,000 en beneficio, equivalente a unos 20 millones de dólares, de quien brinde información sobre la ubicación del expresidente.

“Cualquier persona en el mundo que pueda saber dónde se encuentra este señor recibirá esta recompensa Esto se paga en Estambul o donde sea. Cualquier ciudadano peruano o del mundo que ayude recibirá esta recompensa”, indicó.

A su vez, el ministro envió una alerta roja a la Interpol en Francia y la invoca a actuar con celeridad.

Esto implica que el expresidente ha sido incluido en el sistema de recompensas de la Comisión de Recompensas para requisitoriados por delitos graves, como señaló la PCM anoche jueves.
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En la audiencia, el fiscal Castro dio a conocer detalles sobre los pagos que habría recibido Toledo de parte de la constructora.
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La Fiscalía sustenta el caso en las confesiones del ex representante de la firma brasileña en Perú, Jorge Barata, quien se acogió a un acuerdo con la justicia y delató al ex gobernante y a su cómplice y amigo, Josef Maiman, quien vive actualmente en Israel.
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Según el diario El Comercio, Castro dijo que a fines de 2004 se reunieron en un hotel de Brasil, Toledo, Maiman y Barata. En ese encuentro, acordaron que la empresa iba a pagar US$ 35 millones al ex Presidente a cambio de que la carretera Interoceánica Sur fuera adjudicada a la compañía. Sin embargo, finalmente le depositaron US$ 20 millones, porque Toledo no cumplió con el segundo de los acuerdos con Odebrecht que era la modificación de las bases de licitación.
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De acuerdo a lo señalado por el fiscal, hubo 18 pagos a favor de Toledo vía las cuentas de Maiman entre el 26 de julio de 2006 y el 3 de julio de 2010. Sin embargo, hasta el momento se han identificado poco más de US$ 9,6 millones en las cuentas de Maiman en Inglaterra. Al empresario peruano-israelí se le vincula con tres empresas en paraísos fiscales.
En cuanto al delito de lavado de activos que también se imputa al ex presidente, señaló que Maiman es el testaferro de Toledo destinado a ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del acto de corrupción. “No son cuentas transparentes, están de por medio paraísos fiscales”, apuntó.
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Castro, según el diario Perú 21, declaró que en el caso de Toledo se debía dar la prisión preventiva porque él mismo ex mandatario puso en duda su colaboración con la justicia peruana. “Aquí funciona el viejo dicho: ‘por la boca muere el pez’, ya que en su Facebook Alejandro Toledo aseguró que estaba listo para colaborar con la justicia, pero no con la venganza”, puntualizó.
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El juez Richard Concepción Carhuancho dictó hoy 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, en el marco de las investigaciones por las coimas de la empresa brasileña Odebrecht.

Los argumentos del juez para declarar procedente el pedido del fiscal Hamilton Castro, de ordenar la prisión preventiva del exmandatario, se basan en que existe un alto grado de probabilidad de que el expresidente Toledo haya sostenido un acuerdo ilícito con funcionarios de Odebrecht para favorecerlos en la concesión de la carretera Interoceánica.

“Existe un alto grado de probabilidad sobre los hechos que se le imputan a Toledo Manrique en los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos”, señaló el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Toledo Manrique es acusado de haber recibido 20 millones de dólares sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la carretera Interoceánica.

El juez Richard Concepción Carhuancho sostuvo que existen varios elementos de convicción sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la mencionada carretera.

Agregó que se tejió un marco legal para que el mencionado proyecto sea ejecutado por la inversión privada y que sea exonerado del Sistema Nacional de Inversión Pública(SNIP), con lo cual no se siguió con el trámite regular que se daba en otras obras.

“El diseño de la obra de gran envergadura prácticamente se decidió para que se ejecutara mediante la concesión al sector privado e incluso, se hace mención a que dicha vía traería beneficios para el Estado peruano”, manifestó el magistrado.

El expresidente peruano Alejandro Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht por presuntos sobornos para la construcción de la carretera Interoceánica.

En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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