Por Christian Palma, Cecilia Sánchez y Krohne Archiv
Con el visado a la propiedad intelectual sobre semillas no sólo se abrió la puerta a los transgénicos sino también al desembarco de poderosas -y polémicas- transnacionales como Monsanto.
El pasado 11 de mayo había poca gente en las tribunas de la Cámara Alta. La atención nacional estaba centrada en HidroAysén y en las protestas posteriores a su polémica aprobación. Nadie miraba al Senado, que aquel día dio luz verde -previo visado de las Comisiones de Agricultura y de Relaciones Exteriores- al acuerdo sobre el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91)”. Fue una votación que pasó casi desapercibida, tanto por su complejo nombre, como por el poco ruido en las gradas y en la prensa. Y a muchos les convenía que así fuera.
Pero ¿en qué consiste la “protección de las obtenciones vegetales”? En palabras simples, se trata de establecer el registro y la propiedad intelectual sobre nuevas especies vegetales y semillas. Es decir, -y he aquí uno de sus puntos más polémicos- abre la puerta a modificaciones genéticas y, por ende, a la creación de transgénicos, a la vez que adscribe a Chile a las normativas internacionales de la UPOV. Este convenio protege las obtenciones vegetales, que actúan como una suerte de patente, estableciendo que cualquier persona pueda inscribir y obtener derechos sobre una variedad vegetal, lo que le permite cobrar el uso de estas semillas. El convenio suscrito endurece aún más las sanciones a quienes utilicen estas semillas y no hayan pagado los derechos correspondientes. Este acuerdo debió ser ratificado por Chile, dado un requerimiento establecido en el marco del tratado de Libre Comercio con EEUU.
La analista Cecilia Sánchez afirma que la progresiva implantación de las semillas transgénicas en la agricultura, al margen de otras consideraciones, supone la desaparición de los cultivos tradicionales, patrimonio común de la humanidad, y su sustitución por otros cuyo control está en manos de unas pocas empresas multinacionales, las cuales están empezando a manejar y dirigir el mercado mundial de alimentos y cultivos vegetales de interes comercial.
En la actualidad ya se han dado infinidad de casos que muestran claramente los perversos efectos que el sistema de patentes de semillas y su explotación por empresas privadas tiene sobre la economía de los pequeños y medianos agricultores, los cuales van siendo sometidos a una nueva esclavitud.
Paralelamente, muchos agricultores que no desean someterse al cultivo de semillas patentadas, ven con impotencia como no pueden evitar sufrir diversos efectos provocados por los cultivos transgénicos.
El senador UDI Hernán Larraín dijo que el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, Upov 91, aprobado por el Senado, busca cumplir con un compromiso internacional con Estados Unidos, y que no prohibe la reutilización de semillas ni aprueba normas de transgenia como se ha dicho. "Esto no es más que el cumplimiento de una obligación que Chile adquirió en el tratado que firmó con Estados Unidos en el año 2003 y lo que está haciendo el gobierno y el Congreso es cumplir un compromiso adquirido hace ya muchos años por el parlamento en forma bastante unánime", dijo Larraín.
Sin embargo, los senadores de la Concertación Ximena Rincón (DC), Alejandro Navarro (MAS) y Jaime Quintana (PPD) anunciaron que solicitarán que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley aprobada que abre las puertas al cultivo de semillas transgénicas en el país.
Con esta medida los parlamentarios pretenden impedir que se promulgue dicho proyecto por parte del Presidente Sebastián Piñera, última etapa que falta para que sea ley de la nación.
El papel de Erik von Baer
En ese escenario, parlamentarios y opositores revelan que fueron claves las gestiones que en el Congreso encabezó de manera visible Erik Von Baer, padre de la ministra secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, y dueño de la conocida empresa “Semillas Baer”.
El empresario de origen alemán es también el segundo vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Semillas de Chile (Anpros), entidad que aglutina a productores, comercializadores e investigadores de semilleros y que tiene en su directorio a representantes de las Southern Seed Productions, semillas Pioneer Chile Ltda, semillas Tuniche Ltda, Agrícola Llahuen, Anasac, Syngenta y Monsanto Chile.
Esta última firma se ha hecho conocida en el mundo por su polémico plan de expansión adquiriendo empresas semilleras en diversos lugares para controlar un sector que es la llave de toda la cadena alimentaria. Se le acusa, además, de ser responsable junto a un par de otras transnacionales de la contaminación transgénica del maíz campesino, entre otras acciones cuestionables.
Según fuentes parlamentarias, Von Baer, ganador del Premio Nacional a la Innovación Agraria 2008, llegó hace poco más de un mes hasta la comisión de Agricultura del Senado, acompañado de varios productores de semillas para “exponer sus puntos de vista”.
El empresario habría advertido que de no ser aprobada la iniciativa “corremos el peligro de que nos vayan a embargar cualquier envío de fruta o de semillas en el extranjero ya que estamos incumpliendo un acuerdo internacional y arriesgamos castigos”.
Para el padre de la ministra, la propuesta permitirá, por ejemplo, estandarizar la calidad de las semillas y consolidar a Chile como país productor de semillas de calidad. “Chile puede ser un Silicon Valley de la genética vegetal, pero si no tenemos un marco legal que proteja esas innovaciones y tecnologías, nadie se va a dedicar a eso”, dijo al diario Austral.
Los opositores
Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram asegura que los que están a favor “alegan que sólo se patentarán nuevas variedades, pero Chile no tiene ninguna ley de protección a plantas naturales o nativas, entonces con esto será fácil que se patenten especies originales”, advierte, al tiempo que acusa un discreto, pero amplio lobby de las grandes empresas.
“Los intereses de la industria estuvieron “bien representados por Alberto Espina (RN), Juan Antonio Coloma (UDI y Carlos Larraín (RN). Ahora todos sabemos también quién es este señor Erik von Baer”, ironiza la ejecutiva de Terram.
Desde la oposición, la senadora Ximena Rincón (DC) concuerda que “la aprobación de este Convenio abre la puerta a los cultivos transgénicos, a los vegetales genéticamente modificados y estoy en contra de aquello”. En la misma línea se pronuncia su par del PPD, Jaime Quintana.
Asimismo, las organizaciones sociales y ambientales reclaman que no han sido escuchados y que la semilla campesina está en peligro. Por ello Rincón y el senador Alejandro Navarro (MAS) pidieron al Gobierno más tiempo para transparentar e informar a la ciudadanía sobre el alcance de esta iniciativa.
Datos de la industria
- Monsanto controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica. Syngenta, Bayer y Dupont/Pioneer, son otros gigantes de la industria.
- En Chile, la empresa agrícola Anasac -ligada a la familia Nun- vendió a Monsanto los activos del negocio de procesamiento y exportación de semillas de maíz y soya en la comuna de Paine en una operación por US$19 millones. Anasac se convirtió así en distribuidor y proveedor de Monsanto Company que aumentó en 25% su producción.
- La producción local de Monsanto -que se concentra en las regiones Metropolitana y Del Maule, además de algunos lugares específicos en Arica o Quillota- corresponde en un 70% a maíz, 28% a soja y 2% a canola, dejando a Chile dentro de los primeros siete países que más producen para la firma.
- Otros de los interesados en que la idea prospere son Chile Bio, entidad que pertenece a la red internacional CropLife, con presencia en más de veinte países. Las compañías que lo componen son: Dow AgroSciences, Monsanto, Pioneer, Syngenta.
- Según informaciones de prensa, semillas Baer vende anualmente casi 1,3 mil millones de pesos y controla el 44% de las semillas certificadas de trigo, el cultivo con más superficie de Chile y el 80% del lupino, además de cuotas importantes en el mercado de la cebada y el raps.
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