Piñera intenta mejorar sus relaciones con los mapuches, pero sin resultados
Nuevamente “no se les ha cumplido” a los comuneros mapuches. Así lo dejó en claro hoy el ex vicario de la Pastoral Obrera y Social, monseñor Alfonso Baeza, al referirse a los cuatro mapuches condenados que están desde hace 73 días en huelga de hambre por haberse utilizado en sus procesos la Ley Antiterrorista en forma parcial o de manera indirecta.
"Es una falacia decir que se ha cumplido, cuando en verdad el motivo por el cual se dan esas tremendas condenas son fruto de la aplicación de la ley antiterrorista. Entonces, no pueden decir que han cumplido todas las cosas", dijo Baeza.
Los cuatro presos mapuches -Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical- están condenados a entre 20 y 25 años de cárcel por el tribunal de Cañete en la causa que investigó el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, ocurrido en octubre de 2008 en Tirúa. Los cuatro son miembros de la Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto Arauco-Malleco.
El sacerdote Baeza, refiriéndose al cumplimiento estricto de las promesas de parte del gobierno a los comuneros, especificó que lo que se cumplió “es que no los procesaron (directamente) por la ley antiterrorista”.
Promesas incumplidas
Sin embargo, debe considerarse que en este proceso se utilizaron elementos de dicha Ley o, en otras palabras, la justicia se amparó en la Ley Antiterrorista, anulando prácticamente el acuerdo logrado entre el Gobierno y los mapuches en septiembre del año pasado, que puso fin a la anterior huelga de hambre de 81 días que afectó a 17 comuneros (primera huelga). En este acuerdo, negociado por el entonces Arzobispo de Concepción Ricardo Ezzati, quien actuó de mediador, el Gobierno, para deponer el ayuno, lo que se logró el 1 de octubre, aceptó el retiro de las querellas por la ley Antiterrorista en un plazo de cinco días, juzgar a los afectados a través de los tribunales civiles y perfeccionar las modificaciones a la Justicia Militar.
Si bien se dijo que los nuevos juicios no se hicieron con la Ley Antiterrorista, sí se aplicaron algunos elementos claves de ella, como son las declaraciones de 36 testigos anónimos protegidos por la ley Antiterrorista, que fueron decisivas para condenarlos a entre 20 y 25 años de cárcel. Esto permitió también la utilización de la prisión preventiva y conducir el proceso con una serie de otras irregularidades.
El acuerdo Gobierno y mapuches
En esa ocasión se entregó un comunicado oficial en el que se señaló que “el Gobierno considera que lo que en derecho corresponde es no perseverar con las querellas terroristas presentadas bajo la Presidencia de Michelle Bachelet. El Gobierno no tiene convicción de que los hechos imputados a los comuneros mapuches pueden ser calificados de conductas terroristas", como se establece en los documentos depositados en el archivo periodístico de Krohne Archiv.
"El Gobierno procederá a desistirse de todas las querellas por Ley Antiterrorista y replantear dichas normas bajo el derecho penal común, para ese efecto se realizará una presentación en el tribunal correspondiente en el curso de los próximos cinco días hábiles, tomando en consideración que la decisión ha sido tomada por el poder Ejecutivo por razones de Estado", añadió. Además, compromete reformas al código militar, para que los civiles sean juzgados por la justicia ordinaria.
Lamentablemente nada de todo esto se ha cumplido.
La defensa de los comuneros
La defensa de los cuatro comuneros en huelga de hambre presentó un recurso de nulidad del juicio. Cuestionan que durante el proceso se utilizaron testigos sin rostro y herramientas vinculadas a la Ley Antiterrorista.
Adolfo Montiel, abogado defensor de Ramón Llanquileo, aseguró que los comuneros están mal condenados. Señaló como una flaqueza de la condena la aplicación de la Ley Antiterrorista.
Montiel también apuntó a la mala calidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Expresó que la sentencia se basó en la declaración de sólo uno de los 36 testigos protegidos de la causa.
El abogado afirmó que los comuneros tuvieron conculcado su derecho a defensa. Explicó que no pudieron contrainterrogar a los testigos protegidos.
Los presos se encuentran en un estado de salud crítico. Han bajado entre 16 y 25 kilos desde el inicio del ayuno el pasado 15 de abril.
La vocera de los mapuches en huelga de hambre Natividad Llanquileo, aseguró hace algunos días que a pesar de su debilitado estado de salud seguirán con esta medida de presión.
Entre las medidas adoptadas para revertir el fallo, los huelguistas enviaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, donde solicitan que se anule este proceso y se realice un nuevo juicio, argumentando que “aquí fueron vulnerados derechos garantizados por la Constitución, estos son: un debido proceso y un juicio justo”.
La salud de los huelguistas es crítica
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, refiriéndose a esta huelga de hambre dijo que había preocupación respecto de los “hermanos mapuches” y que se están sosteniendo las reuniones pertinentes con las autoridades sanitarias y de Gendarmería para monitorear el estado de salud de los comuneros.
Sin embargo, el Palacio de La Moneda no parece demostrar demasiada preocupación por el pueblo mapuche, como quedó demostrado en el mensaje presidencial del 21 de mayo pasado. en que el tema fue prácticamente ignorado por el Preesidente Sebastián Piñera.
Uno de los presos, Ramón Llanquileo fue trasladado ayer a un recinto hospitalario debido a una disminución de su capacidad física y el aumento de la recurrencia de cefaleas y problemas musculares. Igualmente los cuatro huelguistas han sido llevados al Hospital de Victoria, lo que el director regional de Gendarmería, coronel David Espinoza, calificó de una “acción programada”.
Advertencia de monseñor Ezzati
El presidente de la Conferencia Episcopal, hoy Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, advirtió el 22 de noviembre del año pasado que la huelga de hambre que llevaron a cabo 34 presos mapuches el año pasado, algunos durante más de dos meses, "puede reactivarse".
"Se muy concretamente que es así, me lo han comunicado hace ya algunas semanas y he puesto en antecedentes de este tema a quien corresponde, tratando nuevamente de ser interlocutor del diálogo", dijo entonces Ezzati en una rueda de prensa.
Ezzati explicó que en el juicio que empezó en noviembre de 2010 en el sur del país, el Ministerio Público decidió mantener la formalización por delitos terroristas contra 17 activistas.
Los mapuches llevaron a cabo la primera huelga de hambre para exigir que no se les aplicara la Ley Antiterrorista ni ser sometidos a un doble juicio, ante tribunales civiles y militares.
Como conclusión puede decirse que el Gobierno no ha sabido afrontar el tema mapuche como corresponde. No tiene suficiente práctica política para ello, es lento en su actuación y lo demostró el hecho de que en la huelga de hambre del año pasado se preocupó seriamente del problema después de dos meses del inicio de la huelga de hambre. Hubiese sido mucho más fácil haber creado una instancia de debate cuando comenzó la protesta. Tampoco este año se ha mostrado interesado en este tema que involucra al pueblo originario, ya dijimos lo del Mensaje Presidencial que no contempló ni siquiera el espacio mínimo que se merecen los mapuches para abordar suis problemas.
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