El Chile de hoy: A falta de democracia, está la calle para protestar

Por Walter Krohne
Editor de Korhne Archiv


Las manifestaciones callejeras, que en democracia son también vías de expresión de los problemas y las frustraciones que sufre la gente, es decir el chileno común, se acrecentarán en los próximos meses, no tanto por la situación económica y la carestía de los productos, sino por la forma de gobernar de la actual administración encabezada por el Presidente Sebastián Piñera. Estamos frente a frente a un gobierno que se siente apoyado por un sistema político y un modelo económico “de más mercado y menos Estado”, dominante en la vida de los chilenos desde hace más de veinte años, que constituye un espacio donde la actual autoridad central puede navegar de maravillas.

Con un presidencialismo potente que nos impuso la Constitución de Pinochet que se mantiene incólume salvo algunos arreglos de albañilería o ajustes cosméticos realizados en el gobierno de Ricardo Lagos, impide una participación mucho más amplia y verdadera de parte de la ciudadanía en la calificación de problemas y proyectos que le atañen directamente.

¿Qué puede decir el chileno? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Lo único que le va quedando es la protesta callejera para expresar el descontento popular. Cada vez que esto ocurre las unidades policiales se repletan de detenidos que son llevados ante tribunales y luego dejados otra vez en libertad. Si en las protestas se filtran elementos anarquistas, las ciudades se convierten en verdaderos caos. Es la rutina que vemos muy a menudo.

El éxito o fracaso de estas manifestaciones dependerá de la calidad de los líderes y organizadores que muchas veces se han mostrado como hábiles dirigentes universitarios que muy pronto han sido silenciados y mantenidos bajo presión por las autoridad política hasta que desaparecen por si solos como si en Chile imperara una dictadura y no una democracia con la que se “llenan la boca” muchos políticos. Y los problemas siguen igual o peor que como estaban.

En los años 2006 y 2007 ¿cuál era una de las más potentes reivindicaciones estudiantiles? El poner término al asqueroso negocio que en Chile se hace con la educación, que es un derecho a la que cada ciudadano debe tener o recibir del Estado. Hay reformas y buena intención de parte del actual ministro de educación, Joaquín Lavín, no cabe duda, pero no significa que las reformas realizadas en su sector vayan a tener el éxito esperado, lo que recién se sabrá en diez o veinte años más, cuando se midan los niveles de progreso en el estudiantado, porque en el tema educacional este último es lo único que importa.

Sin embargo, la petición de una mayoría de chilenos que rechazan el lucro en la educación no se ha cumplido ni tampoco se va a cumplir en el futuro. Y así tenemos universidades tan importantes y prestigiosas como la de Chile y la Usach que reciben un miserable aporte estatal que a veces no cubre ni siquiera el 10 por ciento del presupuesto institucional. El resto del dinero que necesitan lo pagan los estudiantes que en gran medida provienen de las clases media y baja. Fuertes sumas mensuales que familias trabajadoras y esforzadas deben cancelar mensualmente a la universidad por sus hijos, lo que hacen con créditos de entidades del Estado o de bancos comerciales con intereses usureros de entre 6 y 10 por ciento. Esto les impide a muchos jóvenes poder desarrollarse económicamente después de terminar la carrera y comenzar a trabajar, porque aparte del crédito tienen que pagar AFP (sistema previsional, otro negocio) e Isapre (un negocio mayor que los anteriores). Con lo que les quede de su ingreso tienen que intentar sobrevivir considerando que en Chile los sueldos son bajos para los que recién comienzan.

En contraste a esta realidad surjen y crecen las universidades privadas ricas que inventan ideas “marketeras” para ganar dinero y comprar edificios o construyen nuevos dotados de la más alta tecnología. Es el contraste entre la pobreza y la riqueza que hay en este país, pero que a simple vista pasa desapercibida.

Algo similar está pasando con HidroAysén, un gran negocio de dos consorcios superpoderosos.

¿Qué importa que millones de chilenos sufran problemas o pierdan plusvalía en sus propiedades a lo largo de casi dos mil kilómetros de tendido eléctrico?

Da lo mismo. Nadie en el gobierno, ni tampoco en los gobiernos anteriores, se ha sentado a discutir a fondo cuál debe ser la política energética de Chile y en esto Ricardo Lagos tiene razón, aunque él tampoco lo hizo. Las hidroeléctricas están allí, a la mano, y son fáciles de concretar por lo avanzado que están los estudios técnicos.

Y lo peor es que no nos dicen la verdad, se nos miente, porque las cinco centrales hidroeléctricas contempladas en Aysén (en los ríos Baker y Pascua) no beneficiarán sólo a los habitantes de Chile, porque la mayor parte de la producción cubrirá las necesidades del sector minero en el norte del país, cuyas principales empresas explotadoras son de origen extranjero y no chilenas. ¿Qué ventajas tendremos entonces los chilenos con la construcción de estas centrales? ¿Por qué un 74 por ciento de la población se opone a su construcción? (encuesta de La Tercera)

Es por eso que nos entusiasma mucho el proyecto anunciado ayer por el Presidente del Senado Guido Girardi sobre la elaboración de un proyecto de Ley para que de una vez por todas se implante el plebiscito en Chile como una forma de decidir sobre algunos problemas como los expuestos, que constituyen una mínima parte de todos los que aún están sin resolver. ¿Llegaremos a ser por este camino una verdadera Suiza en América Latina?

¿O el pueblo de Chile no debe inmiscuirse en estos problemas, ya que lo único que debe hacer es ir cada cierto tiempo a sufragar para que los políticos digan en el extranjero que la democracia chilena es un ejemplo en el mundo?