CONGRESO-PARTIDOS-KRADIARIO
DOCUMENTO: ASÍ FUNCIONARÍAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL FUTURO, SI LOS PARLAMENTARIOS LO APRUEBAN
Antes del receso distrital, nueve de los trece diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron una indicación para permitir los aportes de empresas exclusivamente a los partidos políticos por un monto máximo anual de UF 500, es decir, alrededor de $12 millones 500 mil (ver recuadro). A favor estuvieron Osvaldo Andrade (PS), Aldo Cornejo (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Daniel Farcas (PPD), Cristián Monckeberg (RN), Fuad Chahín (DC) y Leonardo Soto (PS). Estos dos últimos fueron quienes presentaron la indicación. Se abstuvieron los UDI Marisol Turres, Juan Antonio Coloma, Arturo Squella y Renzo Trisotti.
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La Presidenta dijo este jueves que el Gobierno defenderá en el Congreso la premisa de "separar, definitivamente, la política de los negocios", saliendo al paso de la polémica indicación aprobada ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara.
"El mandato que tiene el Gobierno y la voluntad de esta Presidenta es llevar adelante una Agenda de Probidad sin letra chica, sin dobles lecturas. Yo quiero ser muy clara: No hay espacio hoy en Chile para que las empresas financien a los partidos políticos, y esa y no otra es la postura que vamos a defender como Gobierno en el Parlamento. Separar, definitivamente, la política de los negocios".
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Cabe señalar que mediante dicha indicación se permite que las empresas puedan realizar aportes a los partidos políticos por un máximo anual de 12 y medio millones de pesos, propuesta que busca modificar el proyecto original enviado por el Ejecutivo, dentro de la Agenda de Probidad y Transparencia, que intenta crear un sistema de financiamiento estatal de la política.
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Los diputados que apoyaron la indicación, como el DC Fuad Chahín y el PS Leo Soto, aclararon que el proyecto puede perfeccionarse y explicaron que sólo buscaban transparentar los fondos que "reciben a partir del patrimonio que gestionan fondos de ahorros de inversión o administradoras inmobiliarias".
El proyecto original del gobierno -en concordancia con lo propuesto por la comisión Engel- prohibe o descarta que personas jurídicas, con o sin fines de lucro, realicen aportes “a campañas o a partidos políticos”. Precisamente, esta disposición justificaría, como forma de compensación, un nuevo sistema de financiamiento estatal para las colectividades.
La alerta sobre este cambio la dieron dos ex integrantes del consejo asesor presidencial anticorrupción: hace varios días, una representante de la Fundación Ciudadano Inteligente advirtió sobre esta modificación en un programa radial, y luego, ayer, Claudio Fuentes, director de la escuela de Ciencia Política UDP, hizo lo mismo. “Es incongruente con lo que hemos venido discutiendo sobre separar los negocios de la política. Me sorprende que los actores de la Nueva Mayoría hayan propuesto esta indicación”, dijo Fuentes.
Durante el trabajo de la comisión Engel, de hecho, se discutió la opción de diferenciar lo que son aportes de empresas a campañas y a partidos. Y se concluyó por mayoría-aunque con detractores internos- que se debían eliminar para ambos casos.
Al ser consultados, los integrantes de esta última instancia también se mostraron sorprendidos. “Las mismas razones que nos llevan a terminar con el aporte de personas jurídicas a candidatos, valen para los partidos”, dijo el presidente de esa comisión, Pepe Auth (PPD).
El proyecto con inicio de discusión el martes
Leonardo Soto afirmó que evalúa poner la iniciativa sobre partidos políticos en la tabla de esa instancia el
próximo martes, para dar inicio a su discusión.
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Entre las medidas que contempla la propuesta está la
exigencia de que los integrantes de las directivas de las colectividades "efectúen una declaración anual de intereses y patrimonio”.
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El proyecto contiene, además, una serie de modificaciones al
funcionamiento de los partidos. Una de ellas apunta a los sistemas de
elecciones internas de las colectividades, aspecto que se busca uniformar. Sin
embargo, en el oficialismo no hay claridad de las implicancias que tendrá este
cambio, ya que podría afectar especialmente al PS, el PC y la UDI, que tienen
sistemas indirectos.
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En el gobierno explican que el proyecto plantea un marco
general y que los detalles se definirán durante la discusión, intentando
consensuar los cambios con los dirigentes.
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El proyecto del gobierno contempla en su artículo 24,
referido a las directivas centrales de las colectividades, que todos sus
integrantes deberán informar su patrimonio.
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Directivos, intereses y patrimonios
En el texto del Ejecutivo se establece que tanto el presidente del partido como los vicepresidentes, los secretarios y los tesoreros, deberán “efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los términos de la Ley sobre Probidad en la Función Pública, la que deberá ser remitida al Servicio Electoral para su custodia”. Actualmente, los integrantes de las directivas de las colectividades no tienen ninguna obligación al respecto, recordó La Tercera.
En el texto del Ejecutivo se establece que tanto el presidente del partido como los vicepresidentes, los secretarios y los tesoreros, deberán “efectuar una declaración anual de intereses y patrimonio en los términos de la Ley sobre Probidad en la Función Pública, la que deberá ser remitida al Servicio Electoral para su custodia”. Actualmente, los integrantes de las directivas de las colectividades no tienen ninguna obligación al respecto, recordó La Tercera.
Otra modificación que se incluye en la iniciativa impulsada
por Bachelet establece que los partidos políticos también estarán obligados a
publicar el monto total de las cotizaciones de sus afiliados. Esto, además de
los aportes, donaciones, asignaciones testamentarias y todo tipo de
transferencias públicas o privadas que se reciban a partir de su inscripción.
Asimismo, deberán transparentar su balance anual y las transferencias de fondos
que efectúen con cargo a los fondos públicos que perciban, incluyendo todo
aporte económico que las colectividades entreguen a personas naturales o
jurídicas.
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Las colectividades estarán obligados a llevar un registro
actualizado de sus afiliados. En éste, se deberá eliminar a las personas
fallecidas; a quienes se encuentren afiliados a más de un partido; a los
inhabilitados para ejercer el derecho a sufragio; a quienes hayan renunciado; y
a las personas que no hayan participado en dos de los tres últimos procesos electorales
internos, de carácter nacional, de su respectivo partido. Para mantener esta
actualización, las colectividades podrán solicitar la información al Servel,
organismo que tendrá un plazo de 10 días para entregarla.
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Las afiliaciones y
desafiliaciones deberán ser informadas al Servel dentro de los primeros tres
días hábiles del mes.
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Elecciones internas
Uno de los elementos centrales apunta al sistema que
utiliza cada partido para reglamentar la elección interna de sus dirigentes.
El objetivo es generar un marco uniforme. Para esto, se consideran los
siguientes factores: los afiliados a cada partido tendrán derecho a voto en las
elecciones internas, algo que no sucede actualmente con todos los integrantes
de una colectividad, agregó La Tercera. Si bien algunos partidos tienen sistemas de elecciones
directos o por mayoría, otros utilizan fórmulas distintas.
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| Osvaldo Andrade vota en la reciente elección interna del Partido Socialista |
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Por ejemplo, en la
UDI existe un consejo general, conformado por cerca de 350 personas, que son
los únicos que pueden votar por la directiva del partido. En el caso del PS,
existe un comité central, con cerca de 120 integrantes, que son los encargados
de sufragar por las personas que conformarán la mesa directiva. En el texto
también se plantea que los miembros de
una serie de órganos internos deberán ser electos “democráticamente, aplicando
para ellos la regla de la mayoría”. En todo caso, el proyecto contempla un
resguardo, dejando sin una definición exacta la fórmula para uniformar las
democracias internas de las colectividades: plantea que los procedimientos
deberán realizarse en concordancia con los estatutos de cada partido. En La
Moneda dicen que será uno de los principales temas de debate.
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Aunque actualmente varias colectividades incorporan una
cuota de género en sus elecciones internas -la que en ocasiones se traduce en
que candidatas con una menor votación que contrincantes masculinos se impongan
en algunos comicios-, el proyecto establece que esto deberá consagrarse en las
normas de cada colectividad.
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“Los estatutos de cada partido deberán contemplar mecanismos
que garanticen la inclusión de mujeres en la conformación de las directivas y
en cada uno de los órganos internos, con el fin de propender a la paridad de
género en su integración”, plantea el proyecto en una de sus propuestas.
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La iniciativa del gobierno también deroga la norma que
actualmente prohibe a los partidos dar órdenes a sus parlamentarios. Esto, por
ejemplo, para determinar la forma en la que deben votar un proyecto de ley.
Junto a esta medida, que ha generado críticas de algunos sectores, en el
proyecto del Ejecutivo se plantea que se considerarán como “infracciones a la
disciplina interna” algunos comportamientos. Entre ellos, se menciona “infringir
pública y notoriamente los acuerdos adoptados por los organismos oficiales del
partido” y “desconocer pactos políticos, electorales o parlamentarios
celebrados por el partido, sin la autorización correspondiente”.
Disciplina interna
Disciplina interna
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Pese a ello, en el texto se señala que “la disciplina
interna de los partidos políticos no puede afectar el ejercicio de derechos, el
cumplimiento de deberes prescritos en la Constitución y en la ley, ni el libre
debate de las ideas al interior del partido”.
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Tal como las medidas sobre democracia interna de las
colectividades, el ámbito sobre las órdenes de partido también será objeto de
debate en las próximas semanas, especialmente para precisar sus alcances y
evitar espacios para la interpretación. Uno de los temas en el que las colectividades
prevén que esta medida no regirá será en el debate del proyecto de aborto, pues
consideran que en este caso deberá primar la libertad de conciencia.
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Este proyecto fue comprometido por la Presidenta Michelle
Bachelet en el marco de la agenda de probidad y transparencia.
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