Errar es humano, pero errar repetidamente es un pecado. Y hay también pecados horrendos. Así, al menos, lo juzgan los especialistas en humanidad, que son las religiones.
Chile ha cometido en su política minera - inaugurada desde los tiempos de Pinochet y profundizada desde la Concertación-, el peor error histórico; eso es indudable. Ni siquiera en tiempos en que se concede la riqueza salitrera a los consorcios ingleses, se hicieron las cosas que se han hecho en estos tiempos. Lo peor es que se actuó de esta manera luego de haber forzado la chilenización y de concluir con la nacionalización de la minería, en el año 1971, y de haber demostrado gran capacidad de gestión en el área, a pesar de las apocalípticas visiones que los conservadores pontificaban desde su pesimismo ancestral.
Chile ve burlada ahora su dignidad y su soberanía. Nos ponen el pie encima, simplemente porque quienes concedieron, a nombre de todos los chilenos, una riqueza que no les pertenecía, lo hicieron de manera liviana y simplona (o de manera muy luciferina, tesis que también cabe sostener a estas alturas).
Si las transnacionales de este peso sostienen una postura jurídica lesiva para Chile, es que ya tienen bien estudiado el caso y de seguro saldrán con la suya, una vez más. Pues todos sabemos que no es la primera vez que nuestro país pierde en los litigios que se han dado entre estas mega-empresas y nuestro Estado. Pareciera que los abogados o legisladores que formalizaron estos contratos, estas leyes y estos convenimientos, no lo hicieron con el rigor técnico debido ni con el espíritu nacionalista que se les debería exigir, y sobre los que se les debería pedir cuentas.
Todas estas argumentaciones leguleyas pueden ser muy apasionantes para los medios de comunicación, pero son simple demostración de que no se calibró bien quiénes venían a invertir y no se previó en los contratos ni en la ley lo que a Chile convenía en resguardo.
La pérdida de nuestra soberanía
Es indudable que Chile, por defecto de su legislación minera, entregó la soberanía de sus pertenencias mineras. Ahí queda en constancia la ocurrencia única en el orbe, de la “concesión plena”, idea malévola de José Piñera y de Hernán Büchi.
Este engendro jurídico, vino a representar una expropiación voluntaria por parte de Chile de sus territorios más ricos a manos del capitalista extranjero. No podemos pensar que en esto hubo inocencia, error o incapacidad. Hubo error, horror e incapacidad, probablemente, pero sobre todo hubo una premeditada política de quitar al Estado de Chile la propiedad de una cuantiosa riqueza, simplemente por “amor” a los negocios privados y por odio al Estado mismo. La derecha pinochetista, la misma que ahora gobierna nuestro país, juró que nunca más el Estado poseería el poder como para amenazar sus negocios e intereses y, para eso, se le debería despojar de todo bien económico y de toda decisión soberana. Este ha sido el más sagrado juramento de nuestra derecha política ¡Y vaya que lo han cumplido!
Esta razón ideológica, acompañada de la otra razón, cual es la de apropiarse de las riquezas nacionales de forma expropiatoria, para beneficio de una oligarquía avariciosa y lingotista, asociada con sus agentes extranjeros que les respaldan y consolidan, conforman la tragedia de nuestra soberanía humillada y barrida, justamente donde más creíamos instalados nuestros símbolos históricos de luchas y victorias.
Si se pueden apropiar de esta riqueza nacional, tan sentida por el pueblo como propia, y lo pueden hacer burlando el espíritu de las leyes dictadas por el poder soberano de Chile, sin que eso les cueste nada y sin que el país pueda reaccionar de manera soberana y digna, quiere decir que todos hemos sido defraudados al límite de lo constitucional.
Pero aquí hay mucha culpa del legislador, pues les han pasado muchos balones por entre las piernas; aquí hay culpa de los partidos políticos, que no han tenido ninguna reacción ante décadas de permanencia de una legislación minera absurda, entreguista, antinacional , ruinosa y espuria. Aquí hay culpa de personalidades que han comprometido su protección a este sistemático asalto al patrimonio de todos los chilenos, a cambio de canonjías, prebendas y corruptelas, que nos asemejan a países proto-republicanos, antes que aproximarnos a una Nación hecha y derecha, como pretendemos presentarnos ante el mundo.
Codelco debería ser una de las empresas más importantes a nivel planetario, en cambio la vemos arrastrase ante los tribunales tratando de rescatar unos derechos que eran totalmente suyos, de manera inalienable, imprescriptible e intransferible. Pero hemos sido los chilenos quienes hemos querido transferirla de manera gratuita, hemos hecho prescribir nuestra soberanía y hemos alienado de manera vergonzosa nuestra dignidad y nuestros derechos.
Todo este sinsentido, toda esta aberración, toda este “gaff” de lesa patria, tiene un gran doliente: el pueblo de Chile. Ese compatriota de a pie, de esa clase media que dobla sus espaldas para sostener erguida la columna colectiva del Estado; esos chilenos que no conocen de otro patrimonio que el que el suelo patrio les ha provisto; esas mujeres que luchan solas por sacar adelante a su prole y darles una esperanza mínima; los jóvenes que buscan educarse y se les niegan recursos; los enfermos que desean sanarse y carecen de medios. Todos ellos son los grandes perdedores.
Por eso es que uno llega a pensar que casi vale la pena que Chile sea arrastrado a la vergüenza de una derrota profunda en los tribunales, pues desde esa humillación puede que se alce el grito reivindicativo que esperamos por más de tres décadas; que se levante Frei Montalva, Tomic y Allende desde su tumba; que se reivindiquen los nombres de grandes y valerosos luchadores del cobre y se retome la senda sensata de recuperar nuestras riquezas y nuestra dignidad.
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