Director-editor de Krohne Archiv
El problema de la seguridad ciudadana en Chile se puede ver como un conjunto casi increíble de errores graves cometidos por este y los anteriores gobiernos. Cuando escuchamos que ocho de cada diez habitantes de la Región Metropolitana siente que la delincuencia aumentó en el último año o que el 70% de los menores condenados vuelve a reincidir antes de 12 meses, son informaciones que están significando que algo central o medular del sistema de seguridad no está funcionando.
Sabemos que el tema no es de solución fácil ni tampoco de corto plazo. Sin embargo en Chile ocurren situaciones no plenamente explicables en la autoridad central, como son las tirantes relaciones entre organismos claves como la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Son poderes o instituciones donde sus cabezas creen que lo están haciendo bien, pero no existe una coordinación entre ellas, o al menos no se ve; es decir cada una hace lo que cree correcto.
Sin embargo, la Fiscalía asume su papel con investigaciones que a veces dejan mucho que desear, como lo demuestran varios errores garrafales que están a la vista, entre ellos el caso bombas y el del paquistaní Mohamed Saif Uhr Rehman que, influenciado por la Embajada de Estados Unidos, tanto la Fiscalía como el Gobierno llevaron a este modesto estudiante a los tribunales, que nada tenía que ver con el terrorismo y que su idea era sólo formar una familia en Chile.
Para que hablar del caso de la cineasta y documentalista chilena Elena Varela, que el lunes presentó una demanda contra el Estado de Chile por daños y perjuicios por su detención arbitraria e ilegal tras ser detenida en 2008, mientras filmaba el documental “Newen Mapuche”. Un año y medio pasó en la Cárcel de Alta Seguridad para ser finalmente absuelta porque los argumentos de los fiscales eran muy débiles.
El Estado chileno y el Gobierno, cuyos voceros dijeron al asumir en marzo de 2010 que se había acabado la “fiesta para los delincuentes”, no ha sido capaz de resolver este problema grave, ni siquiera parcialmente, lo que hace vivir a la población, principalmente en Santiago, con una sensación de miedo permanente o en ascuas. Cada semana escuchamos casos de familias que están por las tardes tranquilamente reunidas en sus casas y son sorpresivamente asaltadas, maniatados y hasta violadas las mujeres por pandillas de jóvenes delincuentes drogados. Y esto no sólo pasa en las casas sino también en parques o en una simple vía por la cual pasan muchos automovilistas y algunos de ellos son asaltados en los cruces con semáforos.
No se trata sólo de incrementar la dotación de Carabineros, esto no es suficiente, ni tampoco adquirir más carros lanzaagua para dispersar a los manifestantes, porque los delincuentes actúan muchas veces a la vista y paciencia de las policías que no son capaces de controlar situaciones como la actuación de los llamados “encapuchados”, que nadie conoce pero que siempre están presentes y provocan disturbios para posteriormente robar y asaltar tiendas o personas.
La diversidad de entes que toman decisiones frente al problema de la delincuencia es lo que preocupa en estos momentos. La Fiscalía se molesta por las críticas que le hace el ministro del interior. El Poder Judicial reacciona igual cuando se le critica por la suavidad de las condenas. Finalmente se ve que el ministro del Interior no tiene los asesores más adecuados para luchar contra la delincuencia en el país. Esto lo percibe la gente. En la reciente encuesta de Radio Cooperativa, Imaginacción y Universidad Técnica Federico Santa María se señala que en esta batalla, el 47,6 por ciento de los consultados opinó que el Gobierno lo está haciendo peor que en los Gobiernos anteriores. Pero más fuerte es aún cuando se escucha que el 37,9 por ciento dijo haber sido víctima de la delincuencia, y el 77,5 por ciento cree que el Gobierno no logrará disminuir la delincuencia antes de terminar su mandato.
Si Chile quiere tomar en serio el tema de la delincuencia debería avanzar mucho más allá, pensar por ejemplo en un “estado provisorio de excepción” donde se le permitiera a un órgano central de emergencia que coordinara tanto las tareas policiales, las investigaciones de la Fiscalía (Ministerio Público autónomo), funciones del Ministerio del Interior y pudiera conocer en detalle las resoluciones de los tribunales de justicia (Poder Judicial) para manejar y monitorear día a día la situación de la criminalidad.
Si es necesario aumentar al máximo las penas por estos delitos, habría que hacerlo; si es necesario levantar una cárcel en una isla perdida en el Océano (como dijo una vez Lavín que fue rápidamente silenciado por aquellos malos entendedores de los derechos humanos), hay que lograrlo; y si es necesario legalizar el consumo de la droga (está en estrecha relación con la criminalidad), debe hacerse. De lo contrario seremos muy pronto un país convertido en una miseria social parecido a lo que ocurre hoy en México o en Centroamérica.
No me olvido de una escena que me tocó observar en la ciudad chilena de Los Angeles, cuando protegidos por la oscuridad de un portal en pleno centro, muy cerca de la plaza, un grupo de estudiantes consumía cocaína ante la vista y paciencia de los pocos transeúntes que pasaban esa noche por el lugar. Si esto ocurre entre jóvenes en una ciudad pequeña ¿cómo será en el resto del país?
A mi me preocupa mucho la delincuencia que estamos viviendo en Chile y que efectivamente ha aumentado en el último tiempo. Las bandas criminales están cada vez más compuestos por hombres o incluso mujeres jóvenes que bajo la ley no son imputables y que muchas veces actúan con una violencia muy grande que puede teerminar con una víctima fatal.
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