Director-Editor de Krohne Archiv
Después de más de seis meses de huelgas, protestas y marchas las partes netamente político- partidistas involucradas en el conflicto estudiantil parece que se “han puesto las pilas”.
Tanto el Gobierno con sus partidos UDI y RN han hecho propuestas concretas que se discuten en La Moneda a puerta cerrada, igual que la oposición que también decidió intervenir en la debate, esta vez conjuntamente con la Concertación, lo hicieron también el Partido Comunista, el Movimiento Amplio Social (MAS) y el Movimiento Amplio de Izquierda (MAIZ).
Hasta hace un par de meses una intervención en el tema o una propuesta opositora era casi imposible de pensar, porque entonces cumplía un papel de oposición dura. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, el que se está agotando, la cercanía de las elecciones, y la deuda que dejó con la ciudadanía en el pasado por el hecho de que la Concertación en cuatro gobiernos que duraron en total 20 años, poco o nada se hizo para reformar la educación chilena.
Hasta aquí todo está bien y permite pensar que pronto se podría llegar a un acuerdo nacional para, entre otros temas, parar la deserción escolar y media, resolver el problema de los estudiantes condenados a perder el año y resolver la crisis financiera de los establecimientos estatales que han quedado al borde de la quiebra.
Pero hay un punto verdaderamente preocupante. Las dos propuestas, la oficialista y la opositora, se basan casi exclusivamente en la cuestión económica, sin profundizar para nada en la calidad de la educación que ha sido una preocupación muy presente desde el comienzo del conflicto. Sobre esto pocos son los que se han expresado con argumentos sólidos, porque la verdad es que la urgencia por el momento está en la aprobación, cuanto antes, del presupuesto de la Nación con la incorporación de los fondos necesarios para la que se dice será “la gran reforma educacional”.
Si revisamos las propuestas de ambos sectores son muy similares en algunos aspectos. La de la oposición está centrada en ocho ejes con temas ya conocidos, como: derecho a la educación, fin al lucro con fondos públicos, desmunicipalización y creación de un sistema nacional de educación pública, gratuidad en educación superior hasta séptimo decil, mayor financiamiento universitario, medidas para la educación parvularia, reforma a la educación técnico-profesional, y reforma tributaria.
Entretanto, los legisladores de RN y de la UDI pidieron al Ejecutivo, con palabras ya ultra repetidas, como lo hizo Lily Pérez, hacer "un esfuerzo adicional en algunos ejes que nos parecen prioritarios para sacar adelante una Ley de Presupuesto del año 2012 que sea auspiciosa en materia de educación".
Esta fórmula demanda una educación preescolar con preocupación fundamental en la cobertura, en el área escolar: aumentar el ritmo de crecimiento de las subvenciones y avanzar en la agencia acreditadora y en los principios de la desmunicipalización. En el ámbito técnico profesional: realizar una revisión curricular, ver las especialidades y cómo están vinculadas al mundo del trabajo.
Como se puede apreciar, los temas son entre la oposición y la derecha casi los mismos pero los enfoques cambian.
Pero volvamos al tema central: la calidad de la educación. En ninguna de las dos propuestas se trata a fondo este problema, porque decir que en educación preescolar hay que enfocarse en la cobertura (la derecha) es “tomarle el pelo” a la gente, ya que la cobertura debería estar presente en todos los niveles educacionales, aunque es bien sabido que para que los estudiantes chilenos tengan una buena base, este nivel primario es fundamental. Así y todo es lo único rescatable sobre el mejoramiento de la calidad en ambas propuestas.
La Concertación menciona el tema de la desmunicipalización, pero sus políticos y líderes no saben cómo se puede implementar este cambio. Al menos, así lo demostró el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, en una entrevista con TVN 24 Horas. El piensa que hay que crear una corporación estatal que realice este traspaso en los “próximos años”, sin conocerse aún el tiempo que este proceso durará. No supo tampoco explicar cómo operaría esta nueva institucionalidad, que al final podría convertirse en un nuevo monstruo de pura burocracia.
Rescatable en la propuesta opositora es la creación en Chile de un sistema nacional de educación pública que sería recomendable como modelo central a futuro, como existe en diversos países desarrollados que evitan la formación de grupos sociales de influencia medidos no por su capacidad intelectual sino por su fuerza económica y que a la larga puedan repartirse el poder de las grandes empresas e instituciones productivas chilenas. Los chilenos que no tienen recursos ni contactos, quedan rezagados a un segundo plano sin poder competir para intentar conseguir las mejores posiciones laborales que puede llegar a ofrecer el país.
Siendo un tema tan importante, el de la desigualdad, ninguno de los dos proyectos lo plantea a fondo. Igualmente la cuestión del lucro apenas se menciona. Sólo se dice que se activarán los mecanismos para impedir el lucro en planteles de propiedad privada, pero la pregunta es ¿cómo podría lograrse esto si ni siquiera se ha conseguido controlar la situación laboral o el funcionamiento de otros sectores de la economía como es por ejemplo el de la minería?
Quienes lucran van a seguir haciéndolo igual. Hoy es a través de inmobiliarias y mañana será por medio de fundaciones dedicadas por entero a la “investigación”.
Todo esto es tan absurdo y hasta ridículo como colocar en la Constitución que el Estado de Chile se comprometerá a entregar una educación pública de calidad. Acaso ¿el Estado protege la vida del que está por nacer? ¿hay en Chile personas o grupos privilegiados? ¿Son iguales ante la Ley hombres y mujeres? Todo estos temas están en la Constitución, pero ninguno se respeta a cabalidad.
Para concluír, creemos que estamos llegando al final de un conflicto (versión 2011) que lamentablemente concluirá con mayores cuotas financieras y no con cuotas de mayor calidad educacional, porque ni siquiera se sabe lo que va a ocurrir con los profesores que hoy no están capacitados para enseñar.
Este final nos resulta demasiado oneroso para haber luchado todo un año por un derecho, como la educación, que es fundamental para una sociedad moderna que desea convertirse en país desarrollado, ahora para el 2018, como acaba de anunciar el ministro de economía Pablo Longueira.
¿Qué dicen de todo esto los estudiantes?
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