Por Walter Krohne
Esto ya parece una de esas historias de la Edad Media o del tiempo de los Zares en Rusia sacada de algún baúl de una de mis abuelas. ¿Qué le pasa al alcalde Labbé? ¿Está en condiciones de continuar como jefe comunal de Providencia? Al parecer no se ha dado cuenta todavía del tremendo desbarajuste causado en escasas horas en que volvió a oscurecer la blancura y pulcritud que debe tratar de mantener el Palacio de La Moneda por su representatividad democrática y republicana.
¿Acaso no sabe que existe una diferencia abismal entre una democracia, aunque sea mala e imperfecta como la nuestra, y una dictadura cruel, cruenta y tremendamente asesina, que es rechazada por todo el mundo?
Para mi no cabe duda que en todo esto hay “un tremendo gato encerrado”, especialmente cuando Labbé le envía sin telefonazo previo al Presidente de la República, primer representante de la democracia chilena, una invitación para el acto que él está patrocinando para el lunes 21, justamente en el Club de Providencia que el mismo inventó y desarrolló como alcalde en lo que parece ser su obra magistral en los cuatro períodos que lleva como edil de la comuna.
La idea es rendirle un homenaje en ausencia al brigadier en retiro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Pinochet, Miguel Krassnoff Martchenko, quien en el periodo de la dictadura militar integró ese organismo y fue encargado de una brigada para aniquilar al Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR) y el Partido Comunista. Hoy el brigadier (R) Krassnoff está preso en el Penal Cordillera tras ser declarado culpable de más de sesenta asesinatos y desapariciones de personas y procesado por las más crueles torturas, que incluyen a mujeres embarazadas. Está condenado a más de cien años de cárcel.
En este acto en Providencia se presentará la cuarta edición del libro escrito por Gisela Silva Encina titulado "Miguel Krassnoff, Prisionero por servir a Chile"..., en una versión complementada y actualizada, cuyos ejemplares estarán disponibles para ser adquiridos por los asistentes, según dice la invitación que firma el alcalde Labbé.
El edil, con una mirada de profunda ingenuidad, expresó esta mañana su "asombro ante el revuelo que causó un acto como este que para él “consiste en el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión”. ¿Es la misma libertad que él defendió como chileno cuando trabajaba para la Dina o era escolta del dictador y no lo hizo? En Alemania y otros países está prohibido realizar actos fascistas o neonazis de este tipo por ir en contra de la democracia que estos pueblos defienden y quieren proteger.
El nuevo escándalo político chileno obligó al Presidente Piñera a condenar el hecho a través de twitter: “Siempre he condenado las violaciones a los derechos humanos, en todo tiempo, lugar y circunstancia, dijo. En consecuencia, no comparto y rechazo cualquier manifestación de apoyo a condenados por los graves atropellos a los DD HH ocurridos en Chile", subrayó.
Aparte de esta reacción, la asesora presidencial Andrea Ojeda se vio obligada a renunciar tras darle curso a una respuesta "equivocada o no autorizada" para la invitación que enviara Labbé a La Moneda, la que fue calificada por el Gobierno como un "error".
Esta respuesta habría salido con este texto del Palacio: "No será posible que el señor Presidente pueda acompañarlos, debido a que en esa misma fecha, su agenda de trabajo ya se encuentra comprometida. Sin embargo, nos ha solicitado expresamente manifestarle sus felicitaciones y sus mejores deseos de éxito, como también su saludo afectuoso a quienes asistan a este homenaje", finalizó el texto, según la versión de Cambio 21. Esta última parte es la errónea, cuyos “términos no fueron autorizados por el Presidente de la República ni representan su pensamiento", concluyó hoy un comunicado oficial.
¿No sabía Andrea Ojeda quién es Krassnoff, no se atrevió a preguntar o fue mal aconsejada?
Porque, como dijo el ministro de Obras Públicas Laurence Golborne, "es extemporáneo y poco productivo" realizar un acto para un militar que actualmente cumple una condena mayor a cien años de presidio por violaciones a los derechos humanos.
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