Reportes de POLITICO
y The New York Times apuntan a un aumento de recursos para vigilar las
estructuras políticas, militares y económicas del régimen castrista en La
Habana.
El experto en
seguridad Luis Rodolfo Quiñonez analiza el alcance de la estrategia y sus
posibles escenarios.
La Administración del
presidente Donald Trump habría colocado a Cuba entre los principales objetivos
de su comunidad de inteligencia, una decisión que facilitaría la asignación de
personal, tecnología y fondos para conocer el funcionamiento de la cúpula
gobernante, examinar sus capacidades defensivas y anticipar posibles escenarios
políticos.
Reportes publicados
por el medio de prensa POLITICO, basados en fuentes familiarizadas con la
estrategia, indicaron que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) amplió su
presencia en territorio cubano. Posteriormente, The New York Times reveló la
creación de un grupo de trabajo dedicado específicamente a recopilar y procesar
información sobre el régimen.
Según este último
medio, la reorganización coincidiría con la inclusión de la nación antillana en
la categoría de “prioridad 1” dentro del Marco Nacional de Prioridades de
Inteligencia, conocido en inglés como National Intelligence Priorities
Framework (NIPF). En ese nivel también figuran adversarios como China, Rusia e
Irán.
Aunque las
autoridades no han divulgado oficialmente el alcance del operativo, las
publicaciones apuntan a la incorporación de analistas, especialistas en
actividades cibernéticas y oficiales encargados de captar y manejar fuentes
humanas.
Luis Rodolfo
Quiñonez, militar retirado y experto en seguridad, explicó en entrevista
exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS que la nueva clasificación obliga a
determinar la estabilidad del poder y la disposición de determinados sectores
institucionales para respaldar una transformación interna.
“Hay que establecer
qué tan débil está el régimen, si la gente tiene el deseo de deshacerse de
quienes han controlado la isla durante décadas y si el momento resulta
apropiado para un cambio”, afirmó.
Quiñonez, veterano de
la guerra de Vietnam y expiloto de combate, trabajó posteriormente en el
Pentágono y fue enlace del Departamento de la Marina ante el Senado. En 2016,
Trump lo entrevistó como posible candidato a secretario de Asuntos de los
Veteranos.
El analista
distinguió dos componentes esenciales en esta fase: la vigilancia de las
comunicaciones y la búsqueda de colaboradores sobre el terreno. El primero
permitiría interceptar llamadas, transmisiones y señales electrónicas; el
segundo, acceder a datos procedentes de personas cercanas a los centros de
decisión.
Uno de los desafíos
consistiría en localizar funcionarios, integrantes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR) u otros actores con influencia que pudieran favorecer una
apertura. Paralelamente, las agencias federales procurarían reconocer a quienes
intentarían impedirla.
“En un lugar tan
cerrado como Cuba es difícil confiar completamente en alguien. Hay que actuar
con mucho cuidado”, advirtió.
La captación de
informantes conlleva el peligro de que los servicios cubanos infiltren
colaboradores, suministren datos falsos o descubran a quienes mantienen
contactos en el exterior. Cada fuente tendría que someterse a un riguroso
proceso de verificación para evitar que la iniciativa sea utilizada en beneficio
de la dictadura castrista.
El seguimiento podría
extenderse a individuos vinculados con el aparato de espionaje de la isla en el
sur de Florida. Quiñonez aseguró que el monitoreo de conversaciones ayuda a
establecer conexiones y, en determinados casos, a convertir a un agente
descubierto en una pieza de contraespionaje. Esta afirmación corresponde a su
valoración y no pudo ser corroborada de forma independiente por este medio.
La estructura
especializada permitiría a la CIA concentrar medios técnicos y humanos en
objetivos concretos. Sus integrantes estudiarían las relaciones entre los
principales dirigentes, las disputas sucesorias y los movimientos financieros
dentro y fuera del territorio nacional.
“Todo tiene un
propósito. Aquí se buscan las debilidades del sistema para poder utilizarlas en
el momento adecuado”, manifestó.
El empleo combinado
de datos públicos, labores clandestinas y desinformación también podría
aumentar la desconfianza entre los círculos dirigentes. De acuerdo con el
especialista, esa presión busca profundizar las divisiones internas y
dificultar que los órganos de seguridad distingan entre movimientos auténticos,
mensajes estratégicos y posibles operaciones encubiertas.
En el ámbito
político, el interés se concentraría en las lealtades, rivalidades y mecanismos
de sucesión. Dentro de las FAR, la atención recaería sobre la ubicación de
unidades, sistemas de mando, armamento, instalaciones estratégicas y capacidad
de respuesta.
La dimensión
económica abarcaría el entramado de empresas controladas por los militares, las
vías utilizadas para mover capital y la dependencia de determinados
funcionarios respecto de negocios administrados por el Estado.
“Sabemos que la
economía está por los suelos y conocemos buena parte de los problemas”, señaló
el entrevistado. “Lo que falta decidir es de quién se puede depender y quién
podría ayudar si se crean las condiciones adecuadas”.
Otro foco sería la
cooperación de La Habana con Moscú y Pekín. La Casa Blanca ha denunciado que
ambos países mantienen o desarrollan estaciones capaces de captar señales
procedentes de territorio norteamericano y observar actividades castrenses en
la región.
El experto cuestionó
la explicación de que algunas instalaciones vinculadas con el Gobierno de Xi
Jinping respondan únicamente a fines científicos o espaciales. En su opinión,
su ubicación geográfica y características favorecen la captación de
comunicaciones sensibles.
Cuba y China han
negado que esos centros representen una amenaza. Washington sostiene, por su
parte, que la presencia de recursos extranjeros de espionaje a unas 90 millas
de Florida constituye un riesgo para la seguridad nacional.
Quiñonez habló de
tres organismos trabajando de manera conjunta y atribuyó un papel relevante a
los componentes especializados del Departamento de Defensa, la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA), los satélites, las aeronaves destinadas a captar
comunicaciones y los medios disponibles desde la Base Naval de Guantánamo.
A su juicio, esos
recursos permitirían seguir desplazamientos, localizar instalaciones, estudiar
sistemas defensivos y determinar dónde se concentran los principales medios
militares del régimen. La información pública no ha precisado cuáles serían las
tres entidades mencionadas ni el alcance de sus respectivas funciones.
El viceministro
cubano de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío reaccionó a las
revelaciones con acusaciones de espionaje, subversión y desestabilización.
Aseguró que las intenciones atribuidas a la CIA no constituyen una novedad
dentro de la relación bilateral.
El oficialismo ha
utilizado históricamente ese argumento para justificar su aparato represivo y
vincular a opositores, activistas y periodistas independientes con una supuesta
estrategia extranjera.
