La resolución judicial está vinculada con la represión de las protestas que comenzaron en 2011 en la provincia de Derá, al sur del país.
El Ejército sirio aplastó el levantamiento al término de diez días de asedio sobre la ciudad. Algunas ONG cifran en 224 los civiles muertos, entre ellos muchos menores de edad, además de 81 militares muertos por disparos en la espalda, probablemente tras negarse a sofocar las revueltas.
La brutal represión del Ejército sirio en Derá acabaría convirtiéndose en uno de los catalizadores de la guerra civil; un conflicto devastador que conoció su final en diciembre de 2024, cuando una ofensiva combinada de grupos armados abanderada por la organización yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderada por el actual presidente sirio, Ahmed al Shara, acabó derrocando a Al Assad.
Junto a ellos dos fueron también condenados a muerte los prófugos Maher Hafez al Assad, hermano menor del expresidente sirio, general del Ejército y una de las figuras más temidas durante aquellos años; y el exministro de Defensa y vicecomandante de las Fuerzas Armadas, Fahd Jassim al Freij.
Del mismo modo, corrieron la misma suerte los antiguos altos mandos del Ejército Ayman Ayoush, Louay al Ali, Qusay Ibrahim Mahyoub, Wafiq Nasser y Talal Fares al Aisami, todos ellos huidos tras la caída de Al Assad.
