A finales de los años noventa, bajo el Gobierno democrático de Rafael Caldera, Venezuela contaba con una industria petrolera robusta que producía más de tres millones de barriles diarios. Cuando se planteó la necesidad de expandir esa industria y abrirla al capital privado nacional e internacional, la delicada y transcendental decisión se discutió y se tomó de cara al país.
La Dra. Dolores Dobarro, quien durante esos años se desempeñó como consultora jurídica y posteriormente como viceministra de Energía y Minas, señala que la política de la Apertura Petrolera fue objeto de un amplio y crítico debate público: su fundamento jurídico fue avalado por la Corte Suprema de Justicia, y su marco de condiciones fue debatido y autorizado por el Congreso de la República, donde el Gobierno estaba en minoría.
Los contratos se asignaron mediante un proceso competitivo y transparente. Dobarro recuerda incluso que, después de aprobado por el Congreso el marco de condiciones, las propias empresas participantes, buscando mayor seguridad jurídica, pidieron que los contratos de ganancias compartidas fueran también sometidos a la aprobación parlamentaria.
Un anuncio por sopresa en una situación anómala
Casi tres décadas después, el contraste es monumental. Tras más de un cuarto de siglo de una Revolución Bolivariana que se autoproclama nacionalista y antiimperialista, con una industria petrolera diezmada que apenas sobrepasa el millón de barriles diarios, los venezolanos se enteraron, por sorpresa, a través de un breve mensaje en redes sociales del presidente de una potencia extranjera, que la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio , y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, habían alcanzado "EL mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.
En su mensaje, el mandatario estadounidense Donald Trump aseguró que ese convenio le otorgará a su país el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo en Venezuela.
Fue solo después del anuncio de Trump cuando la encargada de la presidencia ofreció a los venezolanos, en una escueta intervención pública, algunos detalles generales del acuerdo que comprometía una parte sustancial de las reservas petroleras del país.
La anómala situación —en la que los venezolanos dependen de un Gobierno extranjero para conocer decisiones sobre el destino de sus propios recursos— se repitió este lunes 31 de agosto, cuando, a través de una hoja informativa (fact sheet) de la Casa Blanca, la sociedad venezolana se enteró de algunas otras condiciones de una operación de semejante magnitud: entre ellas, que el convenio otorgaba concesiones por 100 años sobre 17 campos e incluía la participación directa del Gobierno estadounidense en la estructura empresarial involucrada en la operación.
A la fecha, todavía se desconocen aspectos esenciales del acuerdo, incluidos los instrumentos jurídicos que lo sustentan. Persisten, además, lagunas y contradicciones en la información suministrada. Esa opacidad impide emitir una opinión firme sobre la juridicidad, el contenido y el impacto de la operación para Venezuela.
Sin embargo, a partir de la información divulgada hasta ahora, reconocidos juristas venezolanos han expresado dudas y objeciones preliminares respecto a la conformidad de estos acuerdos con la Constitución y con la legislación petrolera vigente en Venezuela.
¿Quién puede comprometer legítimamente al Estado venezolano?
A la inexplicable falta de transparencia con la que se adelantó una negociación de tal magnitud y relevancia para el país, se suma el fuerte cuestionamiento a la legitimidad de las autoridades venezolanas que negociaron dichos compromisos.
Juristas como la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol de León sostienen que el periodo del interinato ya venció y que Delcy Rodríguez actúa usurpando las funciones del presidente de la República. En consecuencia, según la exmagistrada, Rodríguez carece de autoridad para negociar como presidenta de Venezuela y los contratos que suscriba en tal condición son jurídicamente nulos y serían desconocidos en un futuro.
En la misma dirección, el constitucionalista José Ignacio Hernández declaró que "el actual Gobierno venezolano está integrado por autoridades interinas que no derivan de elecciones libres y justas. Un acuerdo petrolero de esta magnitud no debería ser ejecutado por autoridades interinas o temporales, pues compromete a las generaciones futuras”.
Por su parte, el constitucionalista y profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas Gustavo Manzo, coincide en advertir la fragilidad de las bases jurídicas del convenio y la posibilidad de que sean cuestionadas en el futuro. Aunque admite que Venezuela atraviesa una situación de excepcionalidad política, considera que aún bajo esas condiciones existen límites claros al ejercicio del poder público.
Comprometer una porción semejante de las reservas, sostiene, requiere "una cantidad de controles constitucionales”; y añade que estos acuerdos deben pasar por "un estricto control de la soberanía del Estado e incluso de la sociedad
La hoja informativa de la Casa Blanca permite identificar al menos dos niveles de la operación: por una parte, las autoridades venezolanas otorgaron derechos sobre 17 campos petroleros a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP); por otra, el Gobierno estadounidense tomará una participación accionaria en NABEP, así como facultades de control y derechos preferentes sobre su producción.
Aquí se muestra el imperialismo a plenitud
A esta estructura se suma un tercer nivel: un Convenio Energético Binacional entre Venezuela y Estados Unidos, que fue respaldado por la Asamblea Nacional oficialista en su sesión del 1 de septiembre. Durante la sesión, y ante el reclamo de algunos diputados que pedían conocer el texto del acuerdo, Jorge Rodríguez señaló que, una vez suscrito, el convenio sería presentado ante el Parlamento, aunque no aclaró cuál sería el objeto de esa presentación.
Es precisamente la naturaleza jurídica de este instrumento la que plantea el principal interrogante constitucional. Si ese Convenio Energético Binacional genera obligaciones jurídicas para Venezuela y constituye un contrato de interés público nacional con un Estado extranjero, el artículo 150 de la Constitución exige su aprobación por parte de la Asamblea Nacional. En caso de ser un tratado internacional, el artículo 154 establece también, como regla, su aprobación parlamentaria antes de la ratificación (aunque se contemplan algunas excepciones).
Dolores Dobarro, quien fue consultora jurídica de la OPEP, considera que, cualquiera que sea la denominación utilizada, un verdadero acuerdo entre los dos Gobiernos debería ser sometido al Parlamento: "Yo no lo pongo como contrato de interés público; lo pondría más bien a nivel de acuerdo entre Gobiernos... y sí debería ir a la Asamblea, aun cuando existe la interpretación de que esto no es un tratado, sino simple acuerdo”.
Dobarro recuerda que en Venezuela ha prevalecido históricamente la consideración de que los acuerdos petroleros son de interés público, particularmente "cuando se le dan los derechos de explotación, de exploración, los derechos para realizar actividades petroleras a un tercero que no es la empresa del Estado”.
Por otra parte, está la interrogante planteada por Hernández sobre el grado de control que asumiría el Gobierno estadounidense sobre la operación. La Casa Blanca afirma que tendrá una participación del 35 por ciento en la estructura empresarial de NABEP, derecho de veto y derechos preferentes sobre la producción. Para Hernández, esa concentración podría configurar una suerte de "administración petrolera paralela” que plantea dudas respecto a su compatibilidad con el régimen constitucional venezolano en materia de hidrocarburos.
¿ALGUIEN PUEDE EXPLICÁRNOS LO QUE OCURRE REALMENTE EN VENEZUELA?
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