Galarreta registra dos investigaciones activas por los presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. En su declaración también consigna haber sido investigado anteriormente por fraude electoral y nombramiento ilegal.
El ministro del Interior, César Astudillo, mantiene una investigación activa por el presunto delito de peculado. Asimismo, declaró antecedentes por lesiones graves.
Otro integrante del gabinete con investigaciones vigentes es Alberto Beingolea, quien registra procesos por los presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo.
El resto de ministros reportó investigaciones o procesos concluidos, aunque en algunos casos sin precisar mayores detalles. El ministro de Justicia, César Álvarez, indicó que afronta acusaciones constitucionales en curso, pero no especificó a qué hechos corresponden.
El canciller Carlos Espá consignó investigaciones por cohecho, mientras que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, informó haber sido sentenciado por lesiones culposas y registró además antecedentes por falsedad ideológica y estafa.
El ministro Rafael Belaunde no detalló las investigaciones que consignó. Sin embargo, explicó que uno de los casos se originó por un error del BBVA, entidad que posteriormente —según su versión— le remitió una carta de disculpas al reconocer que él fue el agraviado por la falsificación de su firma.
En el sector Educación, José Chang declaró haber afrontado ocho investigaciones por presuntos delitos relacionados con usurpación de funciones, lavado de activos, delitos contra el patrimonio, tranquilidad pública y asociación ilícita.
El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, reportó investigaciones por falsificación de documentos y dos casos por declaraciones falsas.
Uno de los mayores registros corresponde al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, quien declaró 51 investigaciones. Entre ellas figuran nueve por desobediencia y abuso de autoridad, además de casos por colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.
El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, informó haber tenido 10 investigaciones, de las cuales cuatro corresponden a abuso de autoridad y resistencia a la autoridad, tres a negociación incompatible, además de procesos por lavado de activos, delitos ambientales y cohecho pasivo propio.
En tanto, el ministro de Transportes, Rafael Rey Rey, registró un caso por un presunto delito contra la fe pública, mientras que el ministro de Trabajo, Juan Sheput Moore, consignó investigaciones por tráfico de influencias y colusión agravada.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró haber afrontado 20 investigaciones, aunque no precisó los delitos materia de dichos casos.
Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli Ruiz, reportó 10 investigaciones, entre ellas tres por delitos contra la administración pública, dos por abuso de autoridad, además de procesos por negociación incompatible, concusión, cohecho y corrupción de funcionarios.
El nuevo ministro de Vivienda del gobierno de Keiko Fujimori, Mauricio Arnillas, fue sentenciado por causar lesiones graves y abandonar a un amigo tras un accidente ocurrido en 1996. Este hecho ha sido reconocido por el propio ministro.
Como parte de la condena, Arnillas recibió una pena suspendida de un año. Según su versión, en 2009 se emitió una resolución que lo absolvió.
La sentencia figura en su declaración jurada presentada como nuevo titular del Ministerio de Vivienda. “Desperté en casa de un amigo y en ese momento me preocupé por la persona que iba conmigo. Fui al hospital para que la atendieran tras fracturarse las costillas. Luego, el Ministerio Público inició una investigación de oficio, de la que me desentendí porque era joven, tenía 26 años. Estaba ocupado en mis negocios y no era algo que me preocupara. La sentencia salió cuando yo no estaba en Arequipa”, explicó a La República en 2022, cuando postulaba por Fuerza Popular a la alcaldía distrital de Arequipa.
Al respecto, el exprocurador Julio Arbizu expresó que el simple hecho de tener personas investigadas en cargos importantes refleja cómo Keiko Fujimori llevará el Gobierno.
“Me parece que es una absoluta contradicción con el propio discurso de la señora Fujimori, que ha dicho que se va a luchar frontalmente contra la corrupción y tiene un gabinete con 15 sujetos que, por lo menos, han tenido investigaciones o procesos por delitos de corrupción”.
Arbizu, añadió que, el fujimorismo que ahora empieza, es el mismo que se encontró en la sombra durante años anteriores. “Yo creo que claramente quienes han gobernado en los últimos 10 años son una confluencia de organizaciones criminales y partidos que representan a organizaciones criminales o intereses criminales”, sostuvo.
Keiko defiende el gabinete
Ante los diferentes cuestionamientos, uno de ellos es falta de experiencia especialmente de los ministros de Defensa, Cultura, Transportes, Mujer y Salud, Sin embargo, la presidenta salió en su defensa y dijo que "sí tenían el perfil" para dirigir el sector.
“Se ha definido al gabinete el primer día, pero el Consejo de Ministros está integeado por personas que tienen gran experiencia en su sector y en política”, dijo la mandataria.
“Lo que hemos priorizado es la capacidad de resolver los problemas para los ciudadanos, las críticas son naturales cuando hay un nuevo gabinete, pero cada uno de los ministros demostrará los competentes que son para sus sectores”, exclamó
