Libia no comunica oficialmente la muerte del dictador
La situación sigue igual que hace una semana, sin modificaciones en lo que respecta a la comunicación que el Tribunal Penal Internacional (TPI) espera de Libia, porque Muamar Gadafi sigue ni muerto ni vivo para esta instancia con sede en La Haya.
Como dijo el columnista del diario La Vanguardia de Barcelona, Santiago Tarín, "las imágenes de la captura y ejecución de Gadafi dieron la vuelta al mundo, y las circunstancias del suceso causaron desazón. Pero, oficialmente, morirse no es tan sencillo".
El problema está en que las actuales autoridades de Libia no han comunicado formalmente aún el óbito del dictador al TPI y, en consecuencia, la orden de arresto emitida por esta instancia el pasado 27 de junio sigue vigente.
En Barcelona, la secretaria del TPI, la italiana Silvana Arbia (derecha) confirmó que oficialmente no se ha retirado la orden de arresto contra el derrocado ex líder de Libia, aunque evidentemente, Gadafi ni está ni se le espera.
En cambio, su hijo, Saif el Islam, está pero tampoco lo esperan, porque en la sede de el TPI, aseguró Arbia, no se ha recibido ninguna comunicación en torno a una posible entrega, ni se han abierto negociaciones al respecto, porque no son posibles.
La jurista participó la semana pasada en la constitución de la comisión de justicia penal internacional del Colegid' Advocats de Barcelona, acto en al que también asistió el fiscal del Tribunal Supremo español, Carlos Castresana, impulsor de las querellas contra los dictadores argentinos y chilenos.
Arbia agregó, sin embargo, que en este momento hay órdenes de detención contra Saif el Islam y contra Abadalah el Senusi, ex jefe de los servicios de seguridad libios, mandato que se desprende de una iniciativa del Consejo de Seguridad de la ONU. Señaló que seguirán buscando a ambos en todo el mundo y reclamando la colaboración de los estados. "Si sabemos que está en Níger, o en Mali, recordaremos a sus gobiernos que tienen que detenerlos".
La firma del acuerdo de Roma que creó el TPI es hoy un mandato de la ONU y obliga a los 200 países miembros en cuanto a búsqueda y detención de los prófugos de la justicia internacional.
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