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jueves, 24 de marzo de 2011

La fuerza pública de Bolivia tortura y da tratos inhumanos y degradantes a los detenidos, dice DD HH de la ONU

La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillay (foto izquierda),  recomendó a Bolivia erradicar la tortura, según consta en el informe anual dado a conocer en la ciudad suiza de Ginebra.

Menciona a Bolivia como un país que usa excesivamente la fuerza, la tortura y los tratos inhumanos y degradantes en las entidades que tienen que ver con la fuerza pública de ese país altiplánico. Pide en el informe a "los ministros de Gobierno y de Defensa la adopción de medidas para erradicar" este mal. El informe fue  debatido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“La necesidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones de los derechos humanos”, en particular a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, fue también requerida por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante la presentación del documento.

Pillay exigió también que se garantice “la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo de todos los procesados, incluyendo casos de corrupción”.

La Alta Comisionada recomendó llevar a cabo lo antes posible las elecciones de los altos magistrados del aparato judicial y “garantizar un procedimiento transparente y basado en criterios meritocráticos y habilitantes, para la selección de candidaturas”, incluyendo el Fiscal General.

La embajadora de Bolivia en Ginebra, Angélica Navarro Llanos, declaró a la prensa que "sabemos perfectamente que todavía tenemos muchos desafíos pendientes, principalmente debido a que no es fácil recuperar el Estado para beneficio de todos los bolivianos y bolivianas, después de tanto saqueo y corrupción heredados de los regímenes neoliberales del pasado”.

Agregó la diplomática que "reconocemos también que todavía existen problemas con el sistema judicial debido a que aún persisten procedimientos hechos a medida para el beneficio de quienes ostentaban el poder en el pasado”.

Prometió “la realización de las primeras elecciones judiciales que permitirán reforzar el sistema democrático y mejorar la eficiencia del sistema de justicia, permitiendo a la población la elección directa de sus representantes en el Órgano Judicial, en base a sus capacidades profesionales”.

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