El 75% DEL COSTO DEL RESCATE DE LOS 33 MINEROS DE ATACAMA LO PAGARÁN LOS CHILENOS CON SUS IMPUESTOS

Como se dijo en su momento, la minera responsable del derrumbe que mantuvo atrapados a 33 mineros en Copiapó durante 70 días pagará sólo una mínima parte del costo real que tuvo la larga operación de rescate de los trabajadores, informó el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Un convenio con la minera San Esteban, dueña del yacimiento San José donde ocurrió el derrumbe, permitirá a la empresa pagar sólo US$ 5.000.000 por los gatos de la llamada Operación San Lorenzo que alcanzaron a la suma de US$ 22.000.000, después que el Gobierno le pidiera al Consejo de Defensa del Estado que demandara a la minera dirigida por Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny.

El acuerdo es parte de las negociaciones de la síndico de la minera, María Loreto Reid, quien ya en septiembre pasado había informado que el CDE había autorizado un acuerdo reparatorio por los costos del salvataje, permitiendo el pago de sólo un 25 por ciento de los gastos. Esto significa que el 75% restante lo pagaran todos los chilenos con sus impuestos.

Según el documento, la sociedad deberá desembolsar a favor del fisco US$ 5.000.000 (unos $ 2.560.000.000) para dar término al juicio.

El litigio comenzó el 3 de noviembre de 2010 en el Sexto Juzgado Civil de Santiago, mediante una demanda presentada por el CDE en contra de la minera San Esteban por un total de US$ 10,3 millones (unos $ 5.323.244.108).

La suma se calculó considerando el uso de las perforadoras, los tubos de encamisado encargados a Argentina, equipos de comunicación, repuestos para los taladros y otros insumos. La demanda no incluyó las facturas a privados que cooperaron con Codelco en la operación de salvamento ¿Quién pagará este último costo?, es una interrogante que sigue sin respuesta.

En las negociaciones se tomó en cuenta la poca liquidez de la empresa que estaba pasando por un proceso de quiebra. Así, para obtener una rápida solución al conflicto, se rebajó la suma de US$ 10,3 a US$ 5 millones.

Por otra parte, en julio del año pasado, 31 de los 33 mineros rescatados presentaron una demanda por daños y perjuicios que les generó el accidente en contra del Estado por un total de $ 7.750 millones.

El accidente en la mina se registro el 5 de agosto de 2010 y el rescate definitivo se produjo el 13 de octubre.