Director-Editor de Krohne Archiv
La aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra determinadas personas en Aysén, acordada ayer por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, mantiene totalmente paralizadas las conversaciones y todo tipo de diálogo entre el movimiento social y el Gobierno.
La medida se aplicó tras los graves incidentes que se produjeron en ese puerto de la Undécima Región, que ocurrieron horas después de que el ministro de energía, Rodrigo Alvarez, el principal representante del Gobierno en estas conversaciones, que en la práctica no se produjeron, retornara a Santiago.
A su vez, el anunció de anoche sobre la aplicación de la mencionada Ley contra los más violentistas, ha hecho cundir la incertidumbre en una región que está sufriendo graves problemas económicas y de déficits serios en materia de infraestructura.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseguró hoy que la Ley de Seguridad del Estado se aplicará en Aysén contra “las personas más violentas y no contra los dirigentes sociales”.
“El gobierno ha presentado una acción judicial para que intervenga el Ministerio Público y los jueces. Se ha sindicado e individualizado a los activistas más ultras. Nunca ha sido una acción judicial dirigida contra los dirigentes sociales", dijo el ministro. En fuentes extraoficiales se agregó que el Ministerio del Interior ya tenía una lista de 20 personas que podrían ser llevadas a juicio.
Justamente aquí está el problema que mantiene la incertidumbre en la Undécima Región, porque el Gobierno tras este anuncio está ahora casi obligado a llevar a los tribunales al menos a dos o tres ayseninos que hayan participado en las manifestaciones con mayor violencia, de lo contrario el ministro Hinzpeter quedará en el más soberano ridículo. Es decir comenzaría una persecución muy poco transparente que puede convertir en acusados a personas que no son agitadores ni encapuchados o terroristas, que es un término que Hinzpeter utiliza con gusto, y tratándose solamente de ciudadanos que han querido demostrar en la vía pública toda su frustración por la forma como han sido tratados desde el Gobierno central. Para apoyar esta idea, basta con recordar el bullado "caso bombas" con más de una docena de detenidos y que finalmente fue un fiasco.
El ministro acentuó en sus declaraciones que "así es como debe actuar un gobierno y así es como, creo, esperan los chilenos que actúe”. Estas palabras también reflejan un grave error porque los problemas son para resolverlos y no para dilatarlos innecesariamente con diálogos “manipulados y mañosos” como ocurrió en los últimos días en el puerto de Aysén. Tampoco es correcta la forma de resolver un problema como este cuando el representante gubernamental cambió a cada momento las reglas del juego del diálogo, como el lugar y la forma de sesionar.
El ministro agregó que “desde el gobierno se ha hecho un planteamiento muy contundente que no se había realizado nunca en la historia de nuestro país para un subsidio al transporte y combustible. Se ha hecho un planteamiento para un muy buen y gran subsidio para el uso de la leña; se han abordado los desafíos y problemas de salud, problemas de conectividad, se ha iniciado la construcción de un anhelo histórico que es la construcción de la carretera austral, pero hay algunos que no quieren ver nada y la verdad es que hay algunos que quieren el camino de la inestabilidad, el desorden social y la violencia porque a lo mejor se sienten cómodos con ese camino; nuestro gobierno se siente cómodo con el camino de ejecutar obras, construir acuerdos, dialogar".
El problema es que el Gobierno viajó a Aysén y dijo lo que iba a hacer o quería hacer, pero los puntos en detalle no se discutieron en la mesa de negociaciones, ni tampoco se escuchó la opinión de los dirigentes del movimiento social.
Si el Gobierno quiere reanudar este diálogo, tendrá en primer lugar que cambiar la actitud, especialmente terminar con esa dilatación interminable de los conflictos, como se ha visto antes también en los casos con los mapuches, con el precio del gas en Punta Arenas, con los estudiantes, etc.
En segundo lugar se debe negociar sin condiciones y exigencias previas y en tercer lugar habría que cambiar al negociador, Rodrigo Alvarez, que ya perdió toda credibilidad frente a los dirigentes y a la población aysenina. Un buen remplazante podría ser el ministro de Economía, Pablo Longueira.
Al Gobierno le queda poco tiempo para encontrar una solución inteligente en Aysén como también con el alza semanal de los combustibles en todo el país, porque de lo contrario podría verse enfrentado a problemas similares o mayores en otros lugares de Chile, como Calama, a partir de la próxima semana.
Espero que las vacaciones de Krohne Archiv hayan aportado renovadas energías para su Director-Editor y sus columnistas. Nos hacía falta la visión local y global de los sucesos noticiosos que nos permite una lectura compacta y bien comentada. ¡Felicitaciones por el segundo cumpleaños!, que espero sean muchos más.
ResponderBorrarEnrique Boye