KRADIARIO

OPINIONES DEL FIN DE SEMANA

LABERINTO CONSTITUCIONAL

Por Max Colodro
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Luego de meses de divagaciones e indefinición, finalmente el proceso constituyente anunciado por el gobierno se inicia de la única forma posible: descartando cualquier vía extra-institucional y dejando en manos del actual y el próximo Congreso todas las definiciones sustantivas. En los hechos, una autoridad que asumió la primera magistratura prometiendo ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley’, nunca tuvo otra opción. Se jugó, sin embargo, durante largo tiempo con el beneficio de la ambigüedad, pero las cosas han terminado -o más bien empezado-, en el único cauce del que no podían salir.

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Asistiremos entonces en los próximos meses a la puesta en escena de un país masivamente convocado de vuelta al colegio: con cursos de ‘educación cívica’, clases de nivelación, debates entre padres y apoderados sobre qué es una constitución y para qué sirve. Luego se le preguntará a los participantes qué quieren agregarle o modificarle a la Carta Magna vigente, para concluir por último en la instancia decisiva: la discusión en el presente período legislativo de un proyecto de reforma constitucional que permita habilitar al próximo Parlamento, para discutir sobre los diversos mecanismos de generación propuestos. Y, todavía más importante, que sólo podrá concluir en esa instancia si se logra la aprobación de 2/3 de los actuales congresistas, es decir, si obtiene respaldos significativos de la actual oposición.

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Únicamente si esta situación llega a ocurrir, a partir de marzo del 2018 se abrirá una discusión legislativa para definir el mecanismo de creación constitucional y comenzará el análisis del proyecto de Carta Fundamental que envíe el actual gobierno. Dicho proyecto será a su vez el espacio donde se incluirán los contenidos plasmados en los diálogos ciudadanos. Pero, de nuevo, todo lo que se resuelva en ambas materias -mecanismo y proyecto- deberá ser ratificado luego por 3/5 del próximo Congreso, es decir, también con votos decisivos que difícilmente podrán ser sólo de la Nueva Mayoría.

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A primera vista, parece casi un contrasentido que haya sido precisamente la actual Presidenta quién optó por este largo y complejo laberinto constituyente, que termina dando a sus opositores un rol destacado en las ‘clavijas’ que permiten abrir o cerrar las instancias relevantes. No pocos actores han visto en ello simplemente la intención de usar el debate constitucional como arma en las próximas campañas electorales. Otros han preferido poner el acento en la extensión que tendrá todo este proceso y en la larga incertidumbre que, inevitablemente, afectará las decisiones de inversión. Pero también cabe también otra interpretación, sin duda más benévola: Michelle Bachelet al final se convenció de que no puede haber una nueva Constitución, que resuelva el problema de la ‘ilegitimidad de origen’ que la actual arrastra desde hace 35 años, si en su generación no se respeta la plena vigencia de la actual institucionalidad. Paralelamente, no podría existir una Carta Fundamental en la que todos los chilenos se sientan integrados, si en su creación no participan al menos representantes de las dos principales coaliciones políticas del país.

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Hay sin duda riesgos, temores e incertidumbre en un proceso de esta naturaleza, pero el gobierno sabe que el cambio constitucional posee hoy un respaldo mayoritario y ha decidido por tanto que el país está en condiciones de afrontarlo. Y lo ha hecho, al menos, de la única forma en que podría asegurarse que los ‘déficits de origen’ de la actual constitución no vuelvan esta vez a repetirse.