miércoles, 8 de diciembre de 2010

Militares de la dictadura chilena son juzgados por crímenes de lesa humanidad en Francia - Lamentan que Pinochet no viva

El Tribunal de lo Criminal de París comenzó hoy el proceso contra 14 ex altos mandos del Ejército de Chile que se enfrentan a penas de cadena perpetua por secuestros y torturas cometidos contra cuatro ciudadanos franceses, desaparecidos entre 1973 y 1975. Así, casi doce años después que las familias interpusieron las respectivas querellas, la justicia gala se ocupará de castigar a los responsables de graves violaciones a los DD HH pertenecientes a la dictadura militar chilena.

El magistrado Hervé Stephan leyó los nombres de los acusados, ausentes de este proceso ya que no fueron extraditados por Chile, entre los que está el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del régimen, Manuel Contreras, implicado en las cuatro desapariciones. El resto son doce chilenos, esencialmente ex altos mandos militares del régimen de la dictadura chilena, y un argentino.

El juez constató que las autoridades francesas informaron a los presuntos torturadores de que el tribunal les reclama y subrayó que "los acusados tuvieron la posibilidad de estar representados por un abogado", derecho al que renunciaron.

Después de leer los cargos de la acusación y la lista de los testigos que se presentarán al juicio, muchos de ellos exiliados en terceros países, el magistrado organizó el orden de las audiencias, que culminarán el próximo día 17 de diciembre con la dictación de sentencias.

El primer caso de los desaparecidos franceses, presuntamente por orden de los militares chilenos, es el de Georges Klein, médico y consejero del fallecido presidente Salvador Allende, detenido durante el asalto al Palacio de la Moneda en 1973.

Se juzgarán también las desapariciones de Alphonse-René Chanfreau, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) detenido y desaparecido en Santiago en 1974; del militante del MIR Jean-Yves Claudet, desaparecido en Buenos Aires en 1975 y en el marco del Plan Cóndor de cooperación entre los gobiernos militares de Chile y Argentina, y de Etienne Pesle, párroco detenido en 1975 en Temuco, donde aplicaba un plan de redistribución de tierras del Gobierno de Allende.

Durante estos años la justicia francesa ha indagado, escrutado e interrogado a decenas de testigos, familiares y víctimas. Al cabo de una paciente investigación (instrucción) realizada por tres jueces, las autoridades judiciales francesas han decidido someter a proceso a las personas imputadas por los crímenes. La inusual duración de la instrucción -de la que no se puede descartar el fondo político, el carácter excepcional del proceso que persigue a responsables extranjeros que cometieron los delitos fuera del territorio francés contra ciudadanos galos y el hecho que el juicio se haga en ausencia de los acusados- ha transformado este proceso en un verdadero juicio histórico a la dictadura de Pinochet.

Esta afirmación la confirman a diario los periodistas franceses y los diversos medios informativos o acreditados en Francia, que hablan del “proceso Pinochet”, aún cuando el principal responsable haya sido eliminado de la nómina de acusados después de su muerte, ocurrida, paradojalmente, el 10 de diciembre de 2006, día internacional de los Derechos Humanos.

¿Por qué la justicia gala juzga crímenes contra franceses en Chile?

La respuesta está en el artículo 113-7 del Código Penal francés que estipula que: “la ley penal francesa es aplicable a todo crimen y delito sancionado con cárcel cometido por un extranjero fuera del territorio de la República (francesa), cuando la víctima es de nacionalidad francesa, en el momento de la infracción”.

Este ha sido el criterio legal en que se han basado los abogados de las familias de las cuatro víctimas involucradas en este proceso. Como lo prueba la documentación en poder de la Corte de Paris, las cuatro personas detenidas desaparecidas gozaban de la nacionalidad francesa en el momento del delito.

En febrero de 2007, nueve años después de haber presentado las querellas, los magistrados encargados de la investigación, consideraron haber recogido suficientes antecedentes y testimonios para acusar y someter a juicio a diecinueve personas -cinco de ellos están muertos-. Entonces, es sobre catorce responsables que recaen las principales acusaciones por el secuestro y torturas de los cuatro ciudadanos franceses.

Siguiendo el orden cronológico de estos crímenes se debe empezar por la detención y desaparición del doctor Georges Klein, consejero del Presidente Allende, detenido por las tropas a cargo del general Javier Palacios en el Palacio de La Moneda, la mañana del 11 de septiembre de 1973. No fue la víctima exclusiva ni el único secuestrado en el palacio presidencial. Allí también fue muerto el doctor Ricardo Pincheira, el joven estudiante Enrique Roppert Contreras (ciudadano francés secuestrado frente a La Moneda cuando fue a dejar a su madre. Su cuerpo, con huellas de tortura, fue encontrado por un familiar entre los cadáveres que se encontraban en el Servicio Médico Legal) y muchos otros.

La investigación efectuada por los jueces franceses reconstituye la detención y posterior envío de los detenidos en La Moneda al regimiento Tacna; entre ellos, el doctor Georges Klein, que desaparece definitivamente de ese lugar el 13 de septiembre, luego de haber sido torturado -las autoridades militares y la justicia chilena jamás han entregado una explicación o sancionado a los culpables-.

El general Javier Palacios, responsable del asalto a La Moneda murió en junio del año 2006 sin haber sido juzgado ni condenado. Herman Brady, general en jefe de la Guarnición de Santiago al momento del golpe y por tanto, superior jerárquico de Palacios y de Luis Ramírez Pineda, comandante del regimiento Tacna, será juzgado por los tribunales franceses.

Junto al doctor Klein desaparecieron varios detenidos de La Moneda: profesionales, médicos, asesores y partidarios del gobierno del Presidente Allende, que habían permanecido junto a él hasta los últimos momentos del bombardeo.

Etienne Pesle de Mesnil, ex sacerdote, funcionario de INDAP de Temuco, fue detenido el 19 de septiembre de 1973 por miembros de la FACH. Numerosas declaraciones y testimonios dan cuenta de su presencia en la base aérea de Maquehua. Los abogados y jueces franceses sospechan que su rapto y desaparición forman parte de la venganza institucional contra los funcionarios de la Reforma Agraria, que cumplían con el mandato de realizarla, entregando a sectores de los pueblos originarios -principalmente mapuche- las tierras usurpadas. A instigación de los terratenientes de la zona y civiles de ultraderecha, Etienne Pesle fue detenido y se ignora su destino hasta la actualidad.

Alfonso Chanfreau, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile, que fue detenido en su domicilio el 30 de julio de 1974, en presencia de su esposa, Erika Hennings. Numerosos testimonios de ex presos atestiguan su brutal tortura y su paso por diferentes centros clandestinos de detención. Erika, detenida junto a él, también fue sometida a torturas y es testigo directo de las vejaciones y desaparición desde la casa de calle Londres 38 de Santiago. En este caso es la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la que será sometida a juicio, representada por su principal responsable, Manuel Contreras Sepúlveda.


Finalmente, entre las múltiples víctimas del Plan Cóndor -coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas durante la segunda mitad de los años 70-, se encuentra Jean-Yves Claudet, ingeniero franco-chileno detenido en Buenos Aires, el 1º de noviembre de 1975. Los magistrados franceses han acumulado cargos suficientes para inculpar, al menos, a un oficial argentino en contacto con Manuel Contreras, de la DINA.

Organizaciones de DD HH

Una de los abogados de la defensa, Sophie Thunon, lamentó que el proceso -iniciado en 1998- se produzca una vez muerto el ex presidente, Augusto Pinochet, que también estuvo acusado por "complicidad". Ella vinculó el comienzo del proceso en Francia con la muerte de Pinochet en 2006 y explicó que, si bien los acusados no ingresarán a prisión en caso de que se les condene, porque Chile no les extraditará, sí se enfrentarán a la posibilidad de ser detenidos si salen del país y podrían ser enviados a Francia.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), declaró que "lo que ocurre en Francia le está dando una clara muestra al Estado chileno de hacerse cargo de una situación que ocurrió en este país, persiguiendo y buscando enjuiciar a los culpables transcurrido el tiempo que sea".

El juicio en Francia se presenta en momentos en que organizaciones de DDHH denuncian que en el primer año de gobierno de Sebastián Piñera los esfuerzos por avanzar en la búsqueda de verdad y justicia en las más de 3.000 víctimas que dejó la pasada dictadura parecieron estancarse.  Antes de asumir, en marzo pasado, Piñera se comprometió a agilizar los juicios por violaciones a los DDHH.

Pero -según denuncian estas organizaciones- el Gobierno mantiene retenidas 60 querellas contra violadores a los derechos humanos que estaban listas para ser presentadas, congeló recursos para el funcionamiento de organizaciones de víctimas y mantiene funcionando en precarias condiciones un programa oficial de derechos humanos. Esas 60 querellas involucran casos de 56 ejecutados y cuatro desaparecidos.

"Estamos observando una clara obstaculización en relación a avanzar en las causas de derechos humanos", afirmó Pizarro. "Hay una actitud soterrada que está tendiendo a la invisibilización del problema aún no resuelto de los derechos humanos en Chile", agregó.

Según Pizarro, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que dispone de abogados que revisan los casos de crímenes de lesa humanidad para luego llevarlos ante la justicia, está funcionando con dificultad después que varios abogados fueran despedidos.

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