martes, 16 de agosto de 2016


La prensa denuncia

TRISTE HISTORIAL DE LOS PARLAMENTARIOS CHILENOS: UNO DE CADA DOS SE HA VISTO ENFRENTADO A PROCESOS JUDICIALES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

La revisión del historial judicial de los 120 miembros de la Cámara de Diputados y los 38 parlamentarios que integran el Senado, evidenció una realidad, hasta ahora, desconocida al interior del Congreso: uno de cada dos legisladores enfrentó procesos judiciales en los últimos cinco años. 

Para desarrollar este análisis, La Tercera se basó en los antecedentes contenidos en el sistema de búsqueda del Poder Judicial tanto en los Juzgados de Garantía, Laborales, Civiles, de Cobranza Laboral, como en las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. El catastro final reveló que del total de 158 parlamentarios, 74 de ellos estuvieron sujetos a procesos judiciales. Es decir, el 46,8% del total de legisladores. 

En el desglose por cámara, el 55% de los senadores ha sido objeto de alguna querella o demanda (21 casos), mientras que para los diputados la cifra alcanza al 44% (53 casos). 

El detalle completo, caso a caso, se puede revisar en www.latercera.com. Si bien los casos de financiamiento irregular de campañas que estallaron el 2014 han centrado la atención de la opinión pública y son causantes de la negativa percepción de la política y el Congreso (83% desaprueba su labor, según la última encuesta GFK-Adimark), la revisión de los casos que llegaron a tribunales arroja otro tipo de denuncias como, por ejemplo, que 30 legisladores, casi el 20% del Congreso, enfrentaron procesos ejecutivos por incumplir el pago de cotizaciones previsionales o los seguros de cesantía de sus empleados.

Otro grupo, en tanto, fueron demandados en ámbito civil y laboral, y una cantidad menor enfrentó querellas o causas penales por cometer presuntos delitos y por los cuales la fiscalía pidió su desafuero. Aunque el 46% de estos casos se encuentra archivado y un 28% fueron cerrados. Pese a ello, aún siguen vigente un 26% de casos contra parlamentarios. 
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Consultado sobre estos antecedentes, el presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade (PS) dijo que “no puedo opinar como presidente de la Corporación porque desconozco la naturaleza de los asuntos en cada caso en particular y no tengo antecedentes al respecto”.
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En tanto, Milton Juica, ministro y vocero de la Corte Suprema, es enfático en manifestar que en el Poder Judicial “no hay ningún criterio distinto para el caso de los parlamentarios. Se aplica la ley igual para todos, sin un criterio distinto”.
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Cotizaciones impagas
Uno de cada cinco parlamentarios (19%) fue demandado por una AFP o Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., según los registros del Poder Judicial. Aunque en algunos casos que llegaron a los Juzgados de Cobranza Laboral se trata de montos bajos (incluso, de apenas de $6 mil), el retraso en estos pagos es calificado como “grave” por miembros de la judicatura, quienes destacan que al tratarse de autoridades esta situación no debe ocurrir. Por otro lado, resaltan la afectación directa a los trabajadores. Del catastro se puede detallar que 21 diputados y 9 senadores incurrieron en esta situación que llevó a las aseguradoras a emprender acciones legales. Algunos de los legisladores demandados, incluso, integran las comisiones de Trabajo y Desarrollo Social de sus respectivas Corporaciones y han levantado la voz ante las propuestas de cambios al sistema de previsión impulsado por el gobierno.


Querellas y desafuero


Delitos tributarios, fraude al Fisco, cohecho, causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos e injurias. Esas son las principales causas que llevaron al desafuero de dos senadores y dos diputados en ejercicio: Jaime Orpis (UDI), Carlos Bianchi (Independiente), Rosauro Martínez (RN) y Gaspar Rivas (Independiente). En el caso de Orpis, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por delitos de presunta corrupción. En tanto, la causa contra el diputado Rivas se inició por un libelo por injurias interpuesto por el empresario Andrónico Luksic. Luego de ser desaforado, el senador Carlos Bianchi enfrentó un juicio oral y fue absuelto de los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible.
En la otra vereda se encuentran otros cinco diputados que salieron airosos en sus procesos de desafuero. Christian Urízar (PS) fue imputado por un supuesto desvío de fondos de la Intendencia de Valparaíso; Marcelo Chávez (DC) fue formalizado por conducción en estado de ebriedad causando daños y abandonar el lugar sin dar cuenta a la autoridad. 

Por su parte, Gustavo Hasbún (UDI) enfrentó una querella por injurias por parte de la familia del estudiante Rodrigo Avilés, herido en los incidentes del 21 de mayo Jorge Sabag (DC) fue formalizado por fraude al Fisco por un supuesto mal uso de asignaciones parlamentarias. Por último la diputada Cristina Girardi (PPD) afrontó una querella por injurias presentada por el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza. En todos estos casos tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema rechazaron desaforarlos, lo que produce la calidad jurídica de “sobreseimiento definitivo”, según estipula la ley.

Otro caso, el del diputado Ricardo Rincón
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Este martes se conocieron detalles sobre un caso de violencia física y psicológica contra su pareja por parte del diputado DC Ricardo Rincón  en el año 2002, quien lo denunció ante la Justicia tras recibir fuertes golpes en el rostro y brazos. Rincón fue obligado por el Tribunal a asistir a un tratamiento psicológico tras los hechos, situación que no ha acreditado hasta la fecha, según revela un reportaje de El Mostrador. Sobre la posibilidad de establecer sanciones contra el diputado, la presidenta DC, Carolina Goic,  se limitó a decir que en 2002 fue otra la directiva que analizó los antecedentes, pero que en general se trata de hechos que la falange condena. Según consta en la sentencia del 16 Juzgado Civil de Santiago, la expareja del diputado, Carolina Hidalgo, se encontraba en su departamento el 22 de julio de 2002, al cual llegó Rincón tras varios días. El militante DC, quien había perdido las elecciones legislativas, golpeó a Hidalgo con los pies en todo el cuerpo. Según estableció el tribunal, ya en el suelo le dio repetidos golpes de puño en la nariz y la mandíbula. Durante el proceso, el tribunal sentenció que Rincón aportó testigos falsos, que lo ubicaban en distintos lugares de Santiago a la hora de la golpiza. Actualmente, el parlamentario pertenece a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Goic dijo que el nuevo Código de Ética señala que cualquier parlamentario condenado por la justicia será congelada su militancia y arriesga la expulsión del partido", declaró la senadora.


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