miércoles, 17 de agosto de 2016

La situación en Turquía es dramática

FALTA ESPACIO EN LAS CÁRCELES TURCAS PARA RECIBIR A MILES DE DETENIDOS POR EL GOLPE DEL 15 DE JULIO

La liberación de 38.000 presos comunes en Turquía le permitirá al Gobierno de este país tener el espacio suficiente para encarcelar a miles de acusados por el golpe de Estado frustrado ocurrido el 15 de julio pasado.

"Las prisiones están saturadas",  afirman algunos testigos y los 20.000 detenidos tras el intento golpista de carácter militar para derrocar al presidente constitucional Recep Tayyip Erdogan, han originado una saturación peligrosa al interior de los penales.

Un decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado al amparo del estado de emergencia, modifica dos provisiones en la ley penal para permitir la salida en libertad condicional de numerosos presos, explicó el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, en una serie de 19 mensajes de Twitter.

El Presidente Erdogan planifica la represalia

Por una parte, si antes podía beneficiarse de la libertad condicional todo preso al que le quedara sólo un año de pena por cumplir, ahora se extiende esta medida a los dos últimos años de la sentencia. Por otra parte, antes podían acogerse a la liberación anticipada quienes habían cumplido dos tercios de su condena, mientras que ahora se abre esta opción a quienes han cumplido sólo la mitad.

Estas dos medidas posibilitarán la salida en libertad condicional de unos 38.000 presos, especificó Bozdag, subrayando que no se trata de una “amnistía” sino de un cumplimiento de la condena fuera de la prisión.

De esta medida se excluyen todos los reos de una decena de delitos: homicidio premeditado, agresión con resultado de heridas graves a familiares o discapacitados, agresiones sexuales, atentado contra la privacidad, tráfico de drogas, atentado contra la seguridad del Estado, contra la Constitución, la defensa nacional o los secretos del Estado, y finalmente todos los juzgados bajo la ley antiterrorista. Además, sólo se puede aplicar a personas condenadas por delitos cometidos antes del 1 de julio pasado, concretó Bozdag.

Las detenciones por el golpe

Aunque inicialmente se había arrestado a 35.000 personas, unas 11.000 han vuelto a ser liberadas, y actualmente hay algo más de 17.000 en prisión preventiva mientras que otras 5.600 aún esperan la decisión de un juez.

Al amparo del estado de emergencia, la policía tiene hasta 30 días para llevar a un detenido ante el tribunal que debe confirmar o anular su detención preventiva. En muchos casos “se ha metido a seis o nueve detenidos en celdas de diez metros cuadrados, pensadas para un preso”, aseguró a la agencia española EFE el abogado de algunos acusados  Efkan Albayrak.

Otros muchos se hacinan en polideportivos, dependencias policiales y hasta establos, según denunció  la organización Amnistía Internacional. El opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata) ha venido denunciando la saturación de las prisiones turcas y el enorme incremento de la población carcelaria.

Desde el año 2000, cuando había 49.500 presos, la población carcelaria ha subido hasta los 179.600 censados en enero pasado, multiplicándose por 3,5, mientras que la población de Turquía sólo ha crecido un 24 % en el mismo periodo, según han declarado diputados del CHP.

La confradía del clérigo Gülen

Aparte de las detenciones, el Gobierno ha purgado a decenas de miles de funcionarios públicos por su supuesta vinculación con la cofradía de Fethullah Gülen, a quien el Ejecutivo acusa de instigar la asonada.

Todos ellos son sospechosos de mantener vínculos con la cofradía del predicador turco  exiliado en Estados Unidos desde 1999, al que Ankara acusa de instigar la intentona golpista, si bien él lo ha negado. El gobierno acusó a la comunidad religiosa dirigida por el clérigo musulmán, ex aliado de Erdogan, de estar detrás del golpe fallido. Esto porque desde los 80, Güllen ha infiltrado a sus seguidores en el seno de la administración y las fuerzas de seguridad. No sólo el oficialismo  piensa en esa tesis, sino que un 64,4% de los turcos están de acuerdo con esa percepción, según una encuesta de Andy-Ar divulgada a fines de julio. 
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Durante la última década, los integrantes o simpatizantes de la cofradía habían llegado a ocupar numerosos puestos claves en la Administración, la Policía y la Judicatura, hasta hace tres años con el visto bueno del partido gubernamental, el AKP, con el que comparten la misma visión islamista.

Pero una lucha de poder iniciada en 2013 llevó a un encarnizado enfrentamiento, en el que el Gobierno describe a su otrora aliado como “Organización Terrorista Fethullah Gülen” (FETÖ), aunque hasta la intentona golpista no se le conocían actividades o discursos violentos.

Recintos militares bloqueados

En Estambul los recintos militares están bloqueados por camiones y custodiados por la policía para impedir que los seguidores del clérigo escapen. Un miembro de la Marina, que pidió ser identificado como Adem, manifiesta su preocupación por la situación que vive su país tras el intento de golpe. “Estamos muy asustados, porque no sabemos qué va a ocurrir. Es cierto que Fethullah Güllen se ha infiltrado en el Ejército y en la Marina. Sé de algunos casos en que la presión ha sido tan grande que se han terminado suicidando”, señala. “Creo que es cierto que estuvo detrás del intento de golpe, ayudados por otros grupos, porque el Ejército está dividido, pero ahora Erdogan quiere hacer una reforma a las Fuerzas Armadas y no sabemos qué ocurrirá”, añade.
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El espíritu “democrático”, como se le dice coloquialmente, se ve reforzado con las manifestaciones que cada noche los partidarios de Erdogan llevan a cabo en distintas plazas, siendo la más multitudinaria la que ocurre en Taksim, centro neurálgico de Estambul. Incluso, muchos jóvenes han comenzado a escuchar música que evoca el Imperio Otomano. 
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Por otro lado, las autoridades de Turquía han expulsado del cargo a más de 2.600 policías, así como a más de un centenar de oficiales militares, por supuestos vínculos con el fallido golpe militar del 15 de julio pasado, según un decreto hecho público hoy en el Boletín Oficial del Estado turco.

En total, 2.692 personas han perdido su condición de funcionario por este decreto dictado al amparo del estado de emergencia declarado el 22 de julio pasado, señala el texto. Se trata de 2.360 agentes de la Policía, 196 empleados de la Autoridad de Telecomunicaciones (BTK) y 136 oficiales del Ejército, desde sargentos hasta generales.

Estas personas se suman a los 4.897 funcionarios que habían sido expulsados de su cargo público hasta ahora, y de los que más de 3.000 eran militares, según detalló el primer ministro turco, Binali Yildirim, el sábado pasado. Por otra parte, el total de funcionarios o empleados de sectores públicos suspendidos de su función y en espera de que se revise su caso supera los 75.000, indicó Yildirim entonces.

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