miércoles, 10 de agosto de 2016

Seguridad Ciudadana

VIVIENDO CON MENOS LIBERTAD INDIVIDUAL


La redacción de una nueva Constitución propicia la oportunidad  para debatir sobre las policías del futuro y las medidas de fondo para lograr eficiencia en la prevención y el control de los delitos.

 Por Hernán Ávalos
  

A pretexto de combatir la delincuencia callejera, robos y  hurtos, principalmente,  por iniciativa de la derecha y apoyo de la Nueva Mayoría, hemos sido obligados por ley a ceder una cuota importante de libertad individual, aprobando una facultad discrecional a las policías para controlar la identidad de las personas, sin tener indicios de que han cometido delito o falta alguna.
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Así la opción política mayoritaria fue restringir uno de los derechos más preciados como es el de transitar libre por el territorio nacional, cuando las medidas de fondo que debieran ponerse en ejecución, debieran ser  mejorar la eficiencia policial, invertir en reinserción social de los convictos y atención de los menores vulnerables o infractores de ley; mejorar la distribución de los  ingresos  y en general avanzar en protección social del Estado, para erradicar la pobreza y la marginalidad,  el entorno en donde son adquiridas las conductas antisociales.
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En comparación con otros derechos, el comportamiento de nuestros dirigentes resulta contradictorio. Porque defienden con dedicación, por ejemplo, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de emprender, la libertad de culto, la libertad de prensa,  entre otras. Y  no actúan con igual celo cuando se trata del derecho a la libertad, exceptuando algunos que son hoy una minoría como quedó en evidencia.
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Los primeros resultados concretos sobre el control de identidad preventivo (artículo 12 del Código Procesal Penal) serán conocidos transcurridos tres meses de su vigencia, es decir, a fines de septiembre próximo. Por de pronto Carabineros informó de redadas nocturnas donde detuvo personas requeridas por los tribunales, ninguna de las cuales parecía de importancia o no  lo hizo saber. Tampoco ha sido medido el impacto de este nuevo instrumento policial en la contención efectiva de los robos y hurtos. Habrá que esperar y compara las estadísticas anuales para ver la tendencia.
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Ya la última modificación a la Ley de Tránsito hoy vigente, impuesta en 1989 en las postrimerías de la dictadura de Pinochet,  dio a los carabineros e inspectores municipales la facultad de fiscalizar conductores  sin tener indicios de falta alguna,  permitiendo la formación de hileras de vehículos a la vera de los caminos, para que sus conductores exhiban sus licencias, antes de ser autorizados a continuar viaje.  
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En la práctica, un procedimiento abusivo restrictivo de la libertad para transitar, sin obtener resultados en la disminución de los accidentes carreteros, ni en el retiro de circulación de los conductores de riesgo.
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Luego, la promulgación de la Ley Emilia hizo más drásticas las sanciones para quienes conducen ebrios o bajo la influencia del alcohol y cometen infracciones de tránsito, aunque sus resultados habrá que observarlos en el  largo plazo.

Olvidos imperdonables: eficiencia en la gestión
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En las últimas dos décadas el presupuesto de Carabineros tuvo aumentos periódicos y significativo, superior a educación y salud. En 2015 recibió un aporte de $91.496 millones para financiar 6.000 nuevos efectivos, 1.500 por año. Para el 2018 debiera alcanzar una dotación total de 70.000 hombres, superando a las fuerzas regulares de Ejército, Marina y Aviación.  No obstante, las pocas evaluaciones efectuadas en su oportunidad por la Fundación Paz Ciudadana y  la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile, arrojaron resultados discretos para la eficiencia y la gestión policial. El Plan Cuadrante  de Seguridad reprobó.  Y lo más llamativo en un mundo donde los profesionales siempre están sometidos a evaluaciones: el  desempeño policial no ha sido vinculante con los ascensos en la carrera.
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Por lo demás, Carabineros cumple funciones que en otros países son realizadas por dos, tres o más policías, como son orden público y seguridad interna, custodia y vigilancia de las fronteras,  control de tránsito y carreteras, control de drogas ilícitas e investigación criminal.  Es evidente que funciones tan relevantes para el acontecer nacional no pueden estar concentradas en un mando. Y Carabineros tampoco puede seguir creciendo indefinidamente, al extremo de anquilosarse en la burocracia administrativa o ser impredecible  para el poder civil. Esto último quedó en evidencia en las manifestaciones callejeras del 21 de Mayo último en Valparaíso. Los carabineros fueron inoperantes ante   los exaltados encapuchados quienes hicieron destrozos en el mobiliario urbano e incendios en dos edificios y murió un guardia municipal.  El  Gobierno no tuvo otra alternativa que apoyar al mando policial que no asumió su responsabilidad en los graves sucesos.
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En 1933, hace 83 años, la “Sección Pesquisas” fue desgajada de Carabineros para formar la Policía de Investigaciones, hoy PDI. El fundamento para esa reestructuración institucional, fue separar los roles policiales, evitar la dualidad de funciones y delimitar las responsabilidades. Carabineros mantuvo su rol en la prevención del delito como policía uniformada, visible y militarizada,  y la PDI nació como policía civil, científico-técnica, encargada de la investigación criminal, la represión del delito y el control de pasajeros en los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos, como de los turistas y extranjeros residentes.
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Con los años Carabineros siguió aumentando su dotación. Pero la PDI, no obstante sus avances en la investigación de homicidios, secuestros, fraudes y cibercrimen, tuvo incrementos acotados de personal, tanto por episodios de corrupción interna que mellaron su prestigio, como por decisiones políticas de los gobiernos de turno.
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Hoy la PDI tiene una dotación de sólo 7.000 funcionarios (equivalente al 10% de Carabineros) 3.000 de los cuales son oficiales policiales (detectives). Los restantes son peritos, asistentes, conductores y personal de apoyo administrativo. Luego, con el paso del tiempo, y principalmente en los años 70 y 80, sin mediar ningún decreto sino que sólo a requerimiento de los tribunales de la antigua justicia penal, Carabineros volvió a compartir con la PDI funciones de investigación criminal y control de drogas ilícitas, como la fiscalización de pasajeros en los pasos fronterizos  donde no hay detectives.
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La nueva justicia penal sancionó esta superposición indeseada de roles, otorgándole a los fiscales la prerrogativa de elegir con cuál de las dos policías investigar los delitos.

Pero esto tuvo un precio. Los 56.000 prófugos de la justicia que los parlamentarios de derecha esgrimieron para fundamentar la instauración del control de identidad preventivo. En rigor la PDI por su rol represivo tiene la mayor responsabilidad. Pero los detectives en privado argumentan en su defensa que ni siquiera tienen capacidad para diligenciar la treintena de órdenes de investigar promedio que le asignan los fiscales mes a mes  a cada uno de ellos, en su mayoría por robos y hurtos.

Todos estamos bajo sospecha de haber cometido delito

Recapitulando, el control de identidad preventivo vigente desde hace un mes puso bajo sospecha de delito a los ciudadanos sin distinción, como asimismo a los extranjeros residentes y turistas, e impuso la obligación de identificarse mediante documentos oficiales, otorgando discrecionalidad a las policías para proceder con la revisión de antecedentes  personales en lugares públicos, o privados con acceso público y acreditar la honorabilidad de los requeridos, o detener a los prófugos de la justicia.

En otras palabras, este nuevo instrumento policial restringe drásticamente el derecho a la libertad individual y el libre tránsito por el territorio nacional,  con el único propósito de facilitar el trabajo policial, es decir,  la prevención y control  del delito. Para que la historia lo recuerde, su instauración concitó el acuerdo de los parlamentarios de derecha, democristianos y socialdemócratas, y los votos en contra de socialistas y comunistas, dividiendo a la  Nueva Mayoría.  
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La presidenta Bachelet, militante socialista, pudo vetarlo, pero lo promulgó pese a los reparos de la Corte Suprema, el Instituto de Derechos Humanos y la academia, principalmente el Observatorio de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales.  Y en definitiva el Tribunal Constitucional  no le hizo reparos.
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Entre los fundamentos para imponer el control de identidad preventivo estuvo la existencia de 56.000 prófugos de la justicia, aunque sin desagregar la cifra de los requeridos en denunciados, querellados, imputados, condenados o testigos. O buscados por pensión alimenticia, quebrantamiento de condena, simple delito o crimen.
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También fueron argumentos para los legisladores las estadísticas oficiales que sindican a la delincuencia callejera (robos y hurtos) como la principal preocupación de los chilenos por sobre la educación o la salud, con una victimización del 30% promedio observada por encuestas en hogares durante los últimos 10 años y una percepción de inseguridad ciudadana del 80% promedio en la última década.
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Como se sabe por las mismas encuestas, la inseguridad o miedo a la delincuencia callejera está siendo estimulada por los delitos reiterados presentados por los canales de televisión, los cuales compiten por la audiencia para obtener ingresos de publicidad.  
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También algunos estudiosos consideran que las respuestas de los encuestados no sólo expresan el temor frente a la posibilidad de ser víctimas de robos o hurtos, sino que sus respuestas frente a la delincuencia están influidas  con la inseguridad frente al trabajo, al transporte, a la educación de los hijos, a las enfermedades o a la vejez, siendo parte integrante de un Estado con gran número de sus dirigentes cuestionados por corrupción y con escasa credibilidad, más preocupados de avasallar a los ciudadanos restringiéndoles  su libertad que de ofrecerles una verdadera protección social.
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Paradojalmente,  pese a la inseguridad ciudadana y los índices de victimización reportada por las encuestas oficiales, Chile tiene bajos niveles históricos de criminalidad y en 2015 registró 3,6 homicidios cada 100 mil habitantes, la tasa más baja de Sudamérica según la ONU, por tanto considerado como país seguro para vivir y visitar.

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