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miércoles, 6 de mayo de 2015

LOS NOMBRES Y CONEXIONES POLÍTICAS DETRÁS DE LAS EMPRESAS QUE FACTURARON A SQM

Veinticuatro son las empresas que aparecen en la nueva denuncia del SII por emitir facturas sin el debido respaldo para SQM por un total de $2.202 millones. La nómina incluye sociedades con claros vínculos políticos con la DC, la UDI y Sebastián Piñera. Otras son controladas por personas del círculo cercano a Julio Ponce Lerou, accionista principal de la minera, sobre las que recae la sospecha de que fueron utilizadas para evadir impuestos. Todas ellas están siendo investigadas por el Ministerio Público.
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Entre los contribuyentes identificados en la nueva denuncia del SII figuran 24 sociedades que emitieron facturas para SQM por trabajos que no tienen respaldo en la contabilidad de esa empresa. En total, estas facturas suman más de $2.202 millones. Entre las empresas que ahora serán investigadas por la Fiscalía se cuentan varias relacionadas con importantes actores de todo el arco político. Dos de ellas forman parte del conglomerado del ex presidente Sebastián Piñera.
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Otra pertenece a tres de los hijos del nuevo timonel de la DC, Jorge Pizarro. También incluye a Sur Profesionales Consultores, y una sociedad en la que figura el director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, el principal creativo de la recordada campaña del No, también tiene participación en una de ellas.

Administradora Bancorp y Vox Populi son las sociedades relacionadas con el ex presidente Piñera que figuran en la denuncia de Impuestos Internos. A la primera se le cuestionan 15 facturas emitidas a SQM por una suma global de $318 millones. A la segunda, cinco facturas por $26 millones.
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Los representantes legales de ambas sociedades forman parte del círculo más cercano del ex presidente: sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel; el gerente general de su family office, Nicolás Noguera Correa; su gerente de inversiones y finanzas, Javier Cavagnaro Infante; su amigo y hombre de confianza, José Cox Donoso; los ejecutivos de Bancard, Eduardo Befferman Córdova y Cristóbal Silva Lombardi; y Catalina Lamarca Délano, sobrina de su amigo personal y controlador de Penta –hoy en prisión preventiva–, Carlos Alberto Délano.
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“(Piñera) no es parte de la dirección de la empresa y nunca ha tenido injerencia en la gestión de la administración o servicios que ésta presta. Administradora Bancorp es parte del conglomerado de empresas y en este caso concreto cuelga del área de empresas de los hijos. Por eso, Sebastián Piñera no ha estado involucrado en su gestión”, dijo Fernando Barros, director de Bancorp a El Mercurio.
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Nexos con la DC
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Jorge Pizarro SotoPoco antes de convertirse en el nuevo presidente de la Democracia Cristiana, el senador Jorge Pizarro se refirió a los pagos políticos de SQM en una entrevista que dio al diario Pulso. Fue cuidadoso al decir que esperaba que se “actúe sobre la base de denuncias y no se confundan las cosas ni se especule más allá de los razonable”. Ahora, con la nueva presentación del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra SQM por delito tributario, la denuncia existe y lo toca indirectamente.
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Ventus Consulting, la empresa que crearon en enero de 2010 los hermanos Sebastián, Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, entregó 11 facturas a SQM por un total de $45 millones. Todos ellos son hijos del senador. El representante legal de la sociedad es el periodista Sebastián Pizarro, quien actualmente trabaja en Minera Escondida según la información que publica en su perfil de LinkedIn.
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Otro de los socios de Ventus Consulting, Jorge Pizarro Cristi, es también yerno del ministro de Energía, Máximo Pacheco, y desde marzo de 2014 se desempeña como vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras de la Subsecretaría de Economía.
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Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, emitió una factura a SQM por $30 millones. La sociedad, creada en 2006, está ligada a la familia Frei: fue constituida por el abogado Pedro Andrés Yaconi Valdebenito y, su esposa, Mónica Antonia Urzúa Frei, hija de Mónica Frei Ruiz-Tagle. Yaconi, por su parte, es socio de Juan Pablo Hermosilla en Hermosilla y Compañía Abogados Asociados; fue representante de la Fundación Frei; y ha sido mencionado como recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei en el 2009.
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Asesores en Gestión Integral es otra de las empresas incorporadas a la denuncia del SII. El rastreo de CIPER indica que uno de sus socios tiene estrechos lazos con la DC. Sus dueños son Daniel Pérez Bensan y la contadora auditora Clara Bensan Jofré (socia de Bensan & Bensan Consultores).

Ella integró una de las listas que compitieron en la última elección de la directiva DC: la que presidía Ricardo Hormázabal, y en la que Clara Bensan iba como segunda vicepresidenta.

La corporación de la udi

Según un reportaje de La Segunda, la entidad es dueña de “la Casa de los Senadores”, una propiedad en calle Lota aledaña a la sede del partido, donde funciona la sede metropolitana de la UDI. Pero su vínculo con el partido de calle Suecia es mucho más estrecho. Uno de sus representantes legales es Andrés Serrano Gutiérrez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI desde 1993, quien ha formado parte de la corporación desde hace más de dos décadas. De hecho, fue parte del directorio que en 1997 decidió que, en caso de que la corporación se cierre, la entidad beneficiaria de sus bienes sería la Fundación Jaime Guzmán.

 La Corporación de Asuntos Públicos no es la que registra el monto más alto entre las empresas que facturaron a SQM, pero sí es la que presenta mayor regularidad en las transacciones: 61 facturas en sólo dos años, por más de $131 millones. Es también otro de los nudos que vinculan a la UDI con Soquimich.
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Los otros integrantes de ese directorio eran Jovino Novoa, Vasco Costa, Raúl Lecaros e Ignacio Astete. Serrano es también cercano a los ex ministros y ex senadores Pablo Longueira y Andrés Chadwick: fueron socios en Copra, una sociedad que crearon en 1986 y que en 2008 ingresó a la propiedad de la Universidad San Sebastián. El otro representante legal de la Corporación de Asuntos Públicos es el abogado Gonzalo Molina Ariztía, miembro del Consejo Directivo del Servel desde 2013.
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Hay otras 18 facturas que conectan los pagos sin respaldo de SQM con otra entidad vinculada a la UDI. En total, son $125 millones que fueron a parar al Centro de Investigaciones Sociales de Chile (CIS) una sociedad creada en 2004 por el analista político Gonzalo Müller Osorio, esposo de la diputada María José Hoffman (UDI), y su padre Gilberto Müller Corvalán, quien la controla. 
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CIS Chile tiene como objetivos realizar encuestas y estudios de mercado y de opinión pública, además de actividades de publicidad, propaganda política y comercial. Actúa también como consultora en temas económicos, legales y de administración, entre otros rubros. En las elecciones de 2013, el único registro del Servel es por $19 millones en servicios prestados a Ena Von Baer. 
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Actualmente, Gonzalo Müller Osorio no forma parte de la sociedad desde que en 2010 vendió su parte a su hermano Mauricio. Sus representantes legales son su padre y el gerente general de la empresa, Esteban Gal Oliva, quien además aparece a título personal en la lista de quienes emitieron boletas de honorarios a SQM sin respaldo por $3,5 millones. 
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En 2013, Esteban Gal creó una sociedad de rubro similar junto a su hermana Margaret: “EGO Servicios de Integración de Voz y Datos de Chile” o EGO Chile, que provee servicios de integración de voz y datos, investigación de mercado y opinión pública, encuestas, consultorías publicitarias. En la campaña de 2013 prestó servicios a la UDI, a Evelyn Matthei y a los candidatos parlamentarios de la UDI: Ena Von Baer, Arturo Squella, Ernesto Silva, Juan Antonio Coloma, María José Hoffman, José Antonio Kast, Patricio Melero y Jaime Bellolio por más de $285 millones.

Amigo de Allamand

Inversiones Invercob no siempre se llamó así. Al principio era Allamand, Varela y Compañía y en ella compartían sociedad el ex ministro y senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, y el abogado Juan Francisco Varela Noguera. Los dos han sido socios por varios años y en distintos emprendimientos: son al menos cinco las sociedades que aparecen en el Diario Oficial en que los dos comparten la propiedad. Cuando Allamand se retiró en 1994 y la empresa cambió de nombre, Varela quedó como representante legal. Todavía lo es. Inversiones Invercob emitió nueve facturas a SQM por un total de $91,6 millones.  

Del mundo de las comunicaciones

Sur Profesionales Consultores está investigada por cuatro facturas emitidas a SQM y cuestionadas por el SII, las que suman $20 millones. Su representante legal es el arquitecto Alfredo Rodríguez Arranz (ver nota de la redacción).

La sociedad se constituyó en 1979 y se modificó en 2001, cuando fue transformada en sociedad anónima, ingresando a ella varios profesionales.
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En la nueva nómina entregada por el SII también aparece la sociedad familiar del actual director de Chilevisión: Jaime de Aguirre Hoffa. Inversiones La Música Limitada fue modificada en noviembre de 2010 y pasó a llamarse Asesorías e Inversiones La Música SpA. Esta sociedad presenta tres boletas entregadas a SQM, por $45 millones. 

El círculo de Ponce Lerou

Julio Ponce Lerou
La denuncia de Impuestos Internos incluye dos sociedades integradas por personas vinculadas a Roberto Guzmán Lyon, hombre de confianza del controlador de SQM, el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
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Las dos son controladas por Luis Enrique Saldías Varas, quien fue uno de los representantes de las sociedades de Soquimich controladas por Julio Ponce a través del sistema de “cascadas”. Era además gerente general de Inversiones del Sur, también controlada por Ponce.
La primera sociedad de Saldías que figura en la denuncia del SII es Inversiones Enjoy. Allí Saldías está asociado asu esposa Myriam Cofré Pino y a su hijo Diego Saldías Cofré. Inversiones Enjoy, una sociedad que tiene un capital que supera los $2.138 millones, facturó a SQM más de $458 millones a través de 35 facturas por servicios prestados que hasta ahora no cuentan con respaldo que acredite que realmente se realizaron. La segunda sociedad es Dasco Tecnologías, la queemitió dos facturas a SQM por un total de $4,7 millones.

 En la nómina también aparece la empresa Servicios Financieros G & G Ingenieros Limitada, con dos facturas por un total de $19,2 millones. Fue creada en el 2004 por José Osvaldo Guerrero Zamorano y su hija Lorena Paz Guerrero Jaque con un capital de $2 millones. José Guerrero aparece como representante de las sociedades vinculadas en el llamado Caso Cascadas: Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, e Inversiones del Sur.
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Los repetidos de Penta
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En la lista aparece también una empresa que ya está siendo investigada en el Caso Penta: Asesorías Cristina Zúñiga Paredes E.I.R.L. Ahí está el ex operador político y ahora experto en campañas electorales, Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el “Caso Coimas”. Tal como reveló una investigación de CIPER, la empresa ha prestado asesorías aparlamentarios UDI y de la Nueva Mayoría que le han significado ingresos por más de $126 millones. Para SQM, figura emitiendo cinco facturas por un total de $17,5 millones.
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Otro nombre que vuelve a cruzarse entre las investigaciones por financiamiento ilegal de la política es el de la lobista Cristina Bitar Malik, socia de la empresa de comunicaciones estratégicas Azerta. En el caso Penta, ella figura recibiendo dineros cobrados a través de boletas de la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, para pagar supuestos gastos de la campaña senatorial de 2009 de Joaquín Lavín.
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Cristina Bitar
Cristina Bitar
Ahora, su nombre aparece vinculado a Asesoría e Inversiones Lima, una empresa que comparte con su padre Lorenzo Bitar –hermano del ex ministro Sergio Bitar– y la empresa OXO Chile. La sociedad, que es representada legalmente por Cristina Bitar, emitió siete facturas a SQM por un total de $185 millones.      

Reactor SpA también está en la lista de las empresas que ya figuraba en el expediente de Penta. La sociedad presta asesorías en estrategias digitales y está investigada por emitir boletas que usaron para financiar la campaña a senador del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. En la nueva denuncia del SII, aparece con tres facturas para SQM por $7,5 millones. Sus socios son los periodistas Iván Sebastián Correa Hasbún y Felipe Tomás Cádiz Herrera, además del diseñador gráfico Rodrigo Ignacio Polidura Álvarez. 
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Otras sociedades investigadas
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Consultores de Administración Asociados, es la segunda en la lista del SIIcon mayor cantidad de facturas emitidas a SQM. Fue creada en junio de 2007 con un capital de apenas $2 millones que aportaron íntegramente sus dos socios: Felipe Heiremans Etcheberry y su hijo Bernardo Heiremans Velasco. La empresa, que se dedica a las asesorías empresariales y en materia de gestión, emitió 44 facturas a la minera entre 2009 y 2010. El monto total supera los $464,4 millones.
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Otra de las sociedades en la nómina es Servicios y Publicidad La Clínica Ltda., la que emitió una factura a SQM por $58 millones. La Clínica Limitada fue creada en octubre de 2006 por Diego Alejandro Perry Aldana y por el abogado Francisco José Diez Castellanos (Diez y Cía. Abogados) para proveer de servicios de publicidad y marketing. En marzo de 2008 ingresaron a la sociedad Andrés Alcoholado Semler y Daniel Eduardo Molina Gutiérrez. En 2013, la empresa facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. Los gastos fueron declarados ante el Servel con fecha 3 de septiembre de 2013.
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La nómina de los contribuyentes que deben ser investigados incluye a Kybalion Consultores Limitada, constituida en abril de 2010 para prestar asesorías de procesos, diseño, desarrollos e implementación de tecnología de información. Kybalion emitió a SQM dos facturas por un total de $22 millones. En 2011 se retiraron de la sociedad Andrés Bustamante Valenzuela y León Darío Montoya Forero, quedando como únicos propietarios María Angélica García García y Luis Alejandro Quijada Bahamondes. Entre los ex directores figura Alejandro Mario Bahamondes Saavedra, ex vicepresidente del PPD y actual embajador de Chile en Paraguay.
También emitió facturas el estudio jurídico Guzmán y Compañía Abogados Limitada. Son dos facturas a SQM por un total de $20 millones. La sociedad se constituyó en 2006 y en 2010 pasó a llamarse Estudio Guzmán Limitada. Actualmente sus socios son Enrique Eduardo Guzmán Blanco, Macarena Cox Schmidt e Inversiones y Asesorías Santa Loreto Limitada, de propiedad de Alfredo Reyes Valderrama.
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Figura también en la lista del SII la empresa Asesorías y Cobranzas Integradas Limitada, la que emitió una factura a SQM por $5 millones. Sus propietarios son Luis Alfonso Letelier Urcelay, quien se desempeña desde septiembre de 2013 como juez titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Recoleta; el abogado Francisco José Correa Puelma; y hasta septiembre de 2010 Hernán Javier Arteaga Von Saint George. 
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Claudia Alejandra García Furche es la única persona natural que figura en la nueva lista de las empresas investigadas por el SII. En el Registro Nacional de Proveedores (Chile Compra) aparece su nombre. García, que es prima hermana del ministro de Agricultura Carlos Furche Guajardo, emitió una factura a SQM por $1 millón.
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Por último, Asesorías e Inversiones Hurtado y Cía., emitió una factura a SQM por $183 mil. La sociedad fue creada en junio de 2006 por el abogado Hugo Hurtado Araneda y la ingeniero comercial Emily Kristen Dawson. Hurtado Araneda aparece integrando el estudio jurídico Guerrero Olivos (del que se retiró en enero pasado el ex senador Jovino Novoa) en abril de 2009. Es experto en derecho tributario y profesor part time de la UDP.
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Nota de la Redacción
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En la edición original publicada el jueves 2 de abril, se publicó que el representante legal de esta sociedad, tal como aparecía en el Diario Oficial y otros registros públicos, era el sociólogo Eugenio Tironi. Al respecto, Alfredo Rodríguez Arranz, actual representante legal de Sur Profesionales Consultores S.A., envió a CIPER una nota en la que puntualiza lo siguiente (y adjuntó documentos):
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1. Eugenio Tironi Barrios no es el representante legal de Sur Profesionales, como se ha señalado. El señor Tironi dejó legalmente de ser socio de Sur Profesionales con fecha 11 de junio de 2003.
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2. José Bengoa Cabello y Gabriel Salazar Vergara, aunque aparecen como socios de Sur Profesionales, en realidad desde hace varios años no participan laboralmente de la consultora, ni intervienen en la gestión de su gobierno corporativo ni están informados de sus actividades regulares.
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3. Sur Corporación no es socia de Sur Profesionales.
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Sebastián DávalosPor su parte, Eugenio Tironi puntualizó lo siguiente: “Respecto a la información donde aparezco vinculado a SUR Profesionales Consultores Ltda., empresa investigada por facturas emitidas a SQM, debo aclarar que no tengo relación alguna con SUR desde 1990. Terminé con mi relación societaria en abril de 2003, cuando le traspasé mis acciones a Alfredo Rodríguez y Paulina Matta. Esto significa que lo que aparece en el Diario Oficial está desactualizado”.

Poco le duró la calma al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en su rol como vocero subrogante de La Moneda. El lunes 9 de febrero, tan sólo una semana después de haber asumido temporalmente la representación mediática del gobierno, tuvo que enfrentar la primera crisis de la administración Bachelet en 2015: el millonario y polémico negocio inmobiliario que el viernes 6 de febrero reveló la revista Qué Pasa y que involucra al hijo mayor de la Mandataria y director del área sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos Bachelet y a su esposa Natalia Compagnon. 

“Como existe de parte del  señor Dávalos y del gobierno la necesidad de transmitirle a los chilenos la absoluta transparencia, el señor Dávalos va a hacer su declaración de intereses. Por lo tanto, se va a clarificar hasta ese nivel; sin tener obligación legal lo va a hacer, porque le interesa la transparencia y a este gobierno también le interesa la transparencia total”.

 Cuando Dávalos entregue los documentos con el detalle de sus intereses y su patrimonio a la Contraloría, se transparentará también un vínculo comercial hasta ahora desconocido que lo ligan a él y a su madre, la Presidenta Bachelet, con José Antonio Gómez, el ministro que salió a defenderlo públicamente.
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El punto donde los tres nombres se conectan es una dirección: Julia Bernstein 447, en La Reina. Es en ese condominio, en la casa B, donde vive Sebastián Dávalos desde marzo de 2011, cuando le compró la vivienda a la sociedad Inmobiliaria y Constructora Las Canteras en 5.000 UF (cerca de $107,8 millones). Ahí también vive Michelle Bachelet, en la casa F, quien compró a la misma empresa inmobiliaria en enero de 2007 a un valor de 7.500 UF (unos $137,5 millones). Gómez, como dueño del 50% de la sociedad Las Canteras –según consta en su declaración de patrimonio– fue quien les vendió las casas. El ministro es dueño también de una de las casas a título personal, y a través de su sociedad aún es propietario de otra vivienda que queda por venderse.

El ministro constructor

José Antonio Gómez era subsecretario de Justicia del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle cuando en agosto de 1997 compró como persona natural el terreno ubicado en Julia Bernstein 447 en 21.250 UF (poco más de $290 millones). No lo hizo solo. En el emprendimiento participaron además de Gómez otros tres socios: Rafael Enrique Videla, Rodrigo Ernesto Soto Hidalgo y el músico y cantante del grupo Santiago Nuevo Extremo, Luis Alberto Le-Bert Montaldo. Cada uno quedó como propietario del 25% del terreno. Tres años después, en 2000, Videla le cedió sus derechos sobre la propiedad a Marigen Hornkohl, un mes antes de que ésta asumiera como subsecretaria de Previsión Social del gobierno de Ricardo Lagos. Soto, por su parte, se los cedió a José Manuel Alejandro Gómez Iturra.

Ministro José Antonio Gómez
Durante cuatro años la propiedad del terreno se mantuvo intacta, hasta que en 2004, quedó en manos de José Antonio Gómez y Luis Alberto Le-Bert: el primero le compró su parte a Hornkohl, mientras que el segundo adquirió la porción de Gómez Iturra. Ya con el 100% del terreno en su poder, en octubre de ese año el actual ministro y el cantante crearon la sociedad Inmobiliaria y Constructora Las Canteras Ltda., con un capital de $4.000.000 que ambos se repartieron en partes iguales. Fue entonces que dividieron la propiedad y comenzaron a construir un proyecto inmobiliario que contemplaba al menos diez casas de entre 140 y 167 metros cuadrados. En marzo de 2009, Luis Alberto Le-Bert se retiró de Las Canteras, cediendo toda su participación a la hija de José Antonio Gómez, Francisca Gómez Passi. Desde entonces, padre e hija comparten la propiedad de la empresa inmobiliaria en partes iguales. De acuerdo a su declaración de patrimonio vigente, el ministro participa en la administración de la empresa.

En marzo de 2006, Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer en alcanzar la Presidencia de la República. Al mismo tiempo, Gómez asumía como senador por la región de Antofagasta. Y ese mismo año empezó la venta de los inmuebles. Primero, Gómez y Le-Bert –quien aún era socio– se adjudicaron cada uno una casa. 

 El entonces parlamentario se quedó con la casa H, que hoy tiene un avalúo fiscal de $116,8 millones, mientras que el músico se hizo de la casa G, cuyo avalúo fiscal era de $94,2 millones cuando la vendió a mediados de 2014. El resto de las propiedades fueron traspasadas a la sociedad de Gómez y Le-Bert en octubre 2006 en una transacción por $393,6 millones.
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Cuando Michelle Bechelet compró la casa a la empresa de Gómez en poco más de $137 millones, todavía no cumplía un año como Presidenta. Sin embargo, no la necesitaba. Era enero de 2007 y para entonces aún vivía en la casa ubicada en Burgos 388, en Las Condes, que arrendaba desde que asumió su primer período. Recién se instaló en La Reina alta cuando dejó La Moneda, a comienzos de 2010. El inmueble de Julia Bernstein tiene tres pisos, 140 m2 construidos, 500 m2 de terreno y una vista privilegiada de Santiago. Su avalúo fiscal, según los registros del Servicio de Impuestos Internos, es de aproximadamente $100,7 millones, una cifra que no calza con lo que la Mandataria puso en su declaración de patrimonio, fechada el 10 de abril de 2014. En ese documento, Bachelet señaló que la vivienda estaba avaluada en apenas $79,7 millones. Además, la Presidenta anotó que el valor comercial a esa fecha alcanzaba los $152, 9 millones.

El vecino de Dávalos

Natalia Compagnon
A comienzos de 2013, revista Qué Pasa publicó un extenso reportaje sobre los negocios del hijo mayor de Michelle Bachelet y su esposa. La publicación aseguraba que Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon participaban en seis sociedades comerciales distintas, a través de las cuales se dedicaban a la asesoría y representación de empresas nacionales y extranjeras. Entre ellas estaba Caval Ltda., la misma empresa que hoy pone en aprietos a la administración Bachelet y que hace dos años fue fuertemente cuestionada por haber sido a través de ella que Dávalos adquirió cuatro vehículos de lujo, marca Lexus, cada uno avaluado en cerca de $30 millones.

Fue precisamente la aparición de Dávalos en el condominio de Julia Bernstein, manejando uno de esos vehículos, lo que llamó la atención de los periodistas. Era 21 de diciembre de 2012 y mientras esperaban que su madre saliera y anunciara si sería o no candidata a la Presidencia –finalmente dijo ese día que no hablaría de su futuro político sino hasta marzo de 2013–, el hijo de Bachelet apareció. Muchos pensaron que iba a la casa de su mamá. Pero lo cierto es que él también es propietario en el condominio que construyó el actual ministro de Justicia. Los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) dan cuenta de que Sebastián Dávalos compró en marzo de 2011 la casa B del proyecto inmobiliario. Pagó a Las Canteras –la empresa inmobiliaria del ministro Gómez– poco más de $107 millones  por un inmueble muy similar al de su madre, que también tiene 140 m2 construidos, aunque fue edificado tres años después (2009). La vivienda hoy está avaluada en $97,5 millones por el SII.
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Los mismos archivos del CBRS señalan que el negocio inmobiliario del ministro Gómez ha sido bastante bueno. De las 10 casas que contemplaba el proyecto, nueve ya tienen dueño.
Frente al micrófono y las cámaras, Gómez blindó a Dávalos y aseguró que no hay nada irregular tras las gestiones realizadas por la pareja, cuando Bachelet era candidata, para obtener un crédito por más de US$ 10 millones con el Banco de Chile a favor de Caval Ltda., la sociedad donde Compagnon es socia y Dávalos era gerente de Proyectos. El ministro fue enfático al señalar que ninguno incurrió en tráfico de influencias, que en las operaciones cuestionadas no hay recursos fiscales involucrados, y que todo el proceso ha sido transparente. Y agregó:

El blindaje del hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, por el millonario y polémico negocio inmobiliario que lo involucra a él y su esposa, recayó en el vocero (s) de La Moneda, el ministro de Justicia José Antonio Gómez. Fue quizás el menos indicado. Gómez, Dávalos y la Presidenta Bachelet están unidos por un nexo inmobiliario: no sólo son copropietarios en un condominio en La Reina Alta, sino que Gómez es dueño de la inmobiliaria que construyó y vendió esas viviendas. En otras palabras, Gómez hizo negocios con la Presidenta y su hijo al venderles los inmuebles donde viven.
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