KRADIARIO

COLUMNA-OPINIÓN DEL EDITOR-KRADIARIO

EL INCIERTO PROCESO PARA DARLE A CHILE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Por Walter Krohne

El mecanismo del “goteo” aplicado en la entrega de información por los organismos del Gobierno desconcierta a los ciudadanos  porque les resulta muy difícil llegar a tener una visión amplia y clara de lo que se está haciendo en distintos campos, especialmente en lo concerniente a las prometidas reformas. Esta labor, llamada vocería, es un punto importante que ha estado en decadencia en los últimos tiempos en Chile, lo que no es sólo un déficit de este Gobierno sino también de los anteriores.

Ciertamente esto afecta al Gobierno central donde se informa poco y con escasa claridad sobre lo que está ocurriendo en medio de la chimuchina  política, donde al centro se encuentra la figura de la Presidenta Michelle Bachelet  y sus reformas, muchas de ellas poco entendidas por la gran masa.

Así se habla de una reforma constitucional como si fuera una tarea muy  fácil de ejecutar. Lo más probable es que en este asunto no pase mucho o absolutamente nada y debamos comenzar un nuevo Gobierno en 2018 con la misma Constitución de la dictadura de hace 35 años. Al parecer ya está prácticamente descartado que esta reforma se realice en una Asamblea Constitucional o Constituyente. 
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Surge, en cambio, como una mejor y más "saludable" vía para avanzar en el tema la de encargarle al Congreso Nacional, que en el marco de una comisión especial, pueda dialogar con los distintos sectores nacionales, desde asalariados a los ricos representantes de las finanzas y del mundo empresarial, para materializar los cambios que sean necesarios. Sin embargo, no se sabe cómo va a reaccionar el gran público que veta constantemente al Parlamento porque dice que carece de la necesaria credibilidad debido a las acusaciones de supuesta corrupción que afecta a varios de sus integrantes.

La señora Bachelet, ha dicho  que en septiembre se iniciaría en Chile un proceso constitucional, pero sin dar detalles de cómo se haría todo esto, las etapas que deben cumplirse  y quien conduciría los debates con las ideas centrales que debería tener una nueva Carta Fundamental en cuanto a deberes y derechos. Esto le ha costado a ella varias críticas adicionales  por no haber contemplado un plan de acción en este sentido en el mensaje que entregó a la nación el último  21 de mayo, aunque dijo que  es necesario conciliar una participación realmente incidente con un momento institucional legítimo y oportuno.
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La vía parlamentaria  no permitiría una participación ciudadana realmente incidente. Desde ya, la nueva Constitución tiene que tener un plebiscito inicial y otro ratificatorio posterior, como dice el abogado constitucionalista  Fernando Atria. Sin embargo, en la actual carta, no existe la posibilidad de llamar a plebiscito, por lo que la única opción de convocar a una asamblea constituyente sería mediante un decreto supremo.  Este punto es el principal foco de críticas de parte de parlamentarios opositores.

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Esta reforma es el actual debate de moda en la política nacional, pero no muchos saben de qué se trata, quienes participarían y cómo se va a desarrollar, si es que existe la decisión de avanzar en esta dirección.

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La verdad es que se aprecia un gran escepticismo sobre si la vía del Congreso sea adecuada para lograr una Carta Magna nueva, porque los expertos estiman que un acuerdo parlamentario llevaría a una modificación en los términos que la derecha admite y con mayor fuerza la derecha pinochetista. En tela de juicio está la idea de una Asamblea Constituyente, que algunos abogados constitucionalistas explican que para llevarla a cabo deben cumplirse tres puntos insoslayables:  Primero, la presidenta debe llamar a plebiscito para conocer la opinión de la gente si quiere o no un mecanismo asambleísta; en caso positivo, convocar luego a una elección para definir a los asambleístas o delegados; y finalmente realizar un referendo que ratifique o rechace la nueva carta fundamental.

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En el mundo, más del 30% de las democracias ha elaborado su constitución mediante esta vía que ofrece una mayor participación popular y muestra una fórmula que se desliza por un camino más democrático, a pesar que no está fuera de peligros. No se descarta que entre los delegados puedan ser elegidos algunas “cabezas calientes”  que puedan peligrosamente  llegar a causar problemas en la inclusión de temas que en el caso chileno están prohibidos o vetados y que seguirán así, ya que quienes tienen el poder económico pueden también intervenir en el poder político. Esta no sería una revolución al mejor estilo izquierdista, sino un cambio constitucional normal y por vías también normales y coherentes.

Para algunos académicos el procedimiento es simple porque una constituyente se comprende como “un grupo de personas que van a reunirse para establecer una nueva Carta Fundamental”, así de simple. Otros la definen como  un mecanismo amplio y participativo con el que se toman decisiones constitucionales que no estén vinculadas a las decisiones ya existentes. "Es una refundación constitucional".

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En Chile, no ha existido nunca una asamblea constituyente designada por el pueblo, lo que preocupa a los sectores de la derecha que son escépticos a la aplicación de fórmulas nuevas. Sin embargo, en el mundo hay varios ejemplos, partiendo por la revolución francesa. 

Sin embargo, en América Latina con la profusión e indefinición que caracteriza a los movimientos sociales y políticos, se ha tendido a caer en declaraciones inconducentes y en establecer mecanismos difíciles de aplicar.

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En rigor, en la propuesta que envía el Presidente de la República se fija de antemano qué cuotas de participación tendrían los partidos, los movimientos sociales, los grupos indígenas, etc, en la elaboración de la nueva Carta. Es decir, se fija de antemano a qué grupos representarán los actores que formarán parte de la asamblea, por ejemplo, si elegirán 5, 15 o 30 integrantes.

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Los representantes de la asamblea deben ser elegidos en todo el territorio nacional con campañas donde se reúnan los partidos y movimientos sociales para confeccionar la lista de los asambleístas que podrían sumar unos 300, a quienes se les define un plazo para elaborar un borrador de propuestas, el que  se sometería a plebiscito para la aprobación ciudadana.

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La Asamblea no reemplaza al Congreso, no es esa la idea y debería funcionar en paralelo. No es una asamblea que va a aprobar leyes, sólo va a redactar una nueva constitución. La vida política y legislativa sigue funcionando igual, con las mismas instituciones. El trabajo de la Asamblea debería hacerse con mucha transparencia y aceptando la presencia de los medios de comunicación.
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Tras la ratificación del nuevo texto “se llama a elecciones para que asuman nuevas autoridades, que tienen que ser distintas a los asambleístas. La idea es que después los asambleístas no postulen a cargos parlamentarios.

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En América Latina, países como  Ecuador, Venezuela, Bolivia y Colombia siguieron el camino de la Asamblea constituyente. En cambio,  Brasil y Argentina reformaron sus respectivas constituciones a través de comisiones bicamerales que luego presentaron los textos para un plebiscito.

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El gran problema en Chile es que la élite política le tiene miedo a la ciudadanía y, por lo tanto, lo que muestra la historia desde 1833 es un miedo al pueblo y por eso casi siempre las iniciativas han sido desde arriba hacia abajo; es decir, desde las élites que definen la constitución y que la imponen. Ese ha sido siempre el modelo chileno.

En la actual constitución chilena, no existe la posibilidad de llamar a plebiscito, por lo que la única opción de convocar a una asamblea constituyente sería mediante un decreto supremo, sin la oposición del congreso. Ese punto, defendido por el abogado Fernando Atria es el principal foco de críticas de parte de parlamentarios opositores.

Según Atria, es evidente que el Parlamento no tiene legitimidad suficiente para el proceso constituyente. No sabemos hasta dónde va a llegar la desacreditación de las instituciones políticas, en particular del Congreso, a propósito de todo lo que salga en las investigaciones por supuestas irregularidades, que están al inicio del camino. Las irregularidades podrían llegar muchísimo más lejos de lo que se conoce hasta ahora -que ya es gravísimo- y dejar al Congreso completamente por el suelo.

La otra cuestión es que la nueva Constitución salga del Congreso y que se someta a las reglas de aprobación del capítulo 14 de la actual Constitución, es decir los 2/3 y 3/5, que es básicamente lo que se hizo en la reforma constitucional del 2005, y, como dice Atria,   no hay ninguna razón para pensar que va a haber un resultado distinto. En ese caso, se van a cambiar muchas cosas, tal como en 2005, pero dos años después va a surgir de nuevo la idea de una nueva Constitución.