CORRUPCIÓN-ISASI-KRADIARIO
EL ESCÁNDALO POR CORRUPCIÓN ESTÁ YA EN LAS PUERTAS DEL GRUPO ANGELINI
Por
presuntos delitos tributarios y cohecho, la Fiscalía solicitó este jueves información contable de la empresa Corpesca basándose en antecedentes aportados ayer ante el fiscal de delitos de Alta Complejidad José Antonio Villalobos por la ex diputada
Marta Isasi de Iquique.
Villalobos, junto a personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI,
llegó hasta las oficinas de Corpesca S.A. -ubicadas en Avenida El Golf N° 150-
para solicitar la entrega voluntaria de la contabilidad de la empresa. El requerimiento contempló la entrega de los
antecedentes contables de la pesquera -controlada por el Grupo Angelini-
correspondiente a los años 2009 a 2014.
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La ex parlamentaria compareció este
miércoles ante el fiscal Villalobos tras ser citada en el marco de la
indagatoria que persigue presuntos delitos tributarios y cohecho relacionados
con pagos realizados por Corpesca a dos de sus ex asesores: Esteban Zavala y
Giorgio Carrillo. Estos, de acuerdo a la indagatoria, habrían sido utilizados
para financiar de manera anómala la campaña política de la ex legisladora en
2009, hechos que, sin embargo, fueron negados por la política en el
interrogatorio.
La Fiscalía, además, investiga el pago de $25 millones que
habría recibido Isasi en 2009 por parte del gerente de la pesquera de ese
entonces, Francisco Mujica, para que favoreciera a la compañía en la votación
de la Ley de Pesca (2011), y las boletas que Zavala -su jefe de gabinete-
entregó a la misma entre 2010 y 2013 por servicios que no habrían sido
realizados.
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La ex parlamentaria, en tanto, expresó ayer su disposición a
colaborar en la causa y alzó el secreto bancario de su cuenta corriente, además
de aportar una serie de documentos que ya fueron incluidos en la carpeta
investigativa. Marta Isasi ya cuenta con otra causa penal en su contra luego que
en mayo del año pasado fuera formalizada por fraude al fisco. Dicho caso se
encuentra radicado en la V Región y según le atribuyó la Fiscalía, la ex
legisladora habría actuado de manera negligente en el control de asignaciones
parlamentarias por un monto que asciende a $143 millones.
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