Por Yoani Sánchez
Desde La Habana
A partir de la muerte de Orlando Zapata Tamayo sucesivos arrestos ilegales impidieron a más de un centenar de personas participar en las actividades relacionadas con su funeral.
Estuve entre los muchos que terminaron en un calabozo el 24 de febrero cuando nos dirigíamos a firmar el libro de condolencias abierto en su nombre. El grado de violencia empleado contra mí y la contravención de los procedimientos para recluir a un individuo en una Estación de Policía, me hicieron interponer una demanda con pocas esperanzas de que fuera ventilada en un tribunal.
Durante todo este tiempo he esperado la respuesta tanto de la Fiscalía Militar como de la Fiscalía General, haciendo un esfuerzo por no sacar a la luz este testimonio revelador, evidencia dolorosa de cuán vulnerados son nuestros derechos.
Afortunadamente mi teléfono móvil registró el audio de lo ocurrido aquel miércoles gris, e incluso después de ser confiscado grabó las conversaciones que tenían los agentes de la seguridad del estado y los policías –sin placas– que nos habían encerrado a la fuerza en la estación de Infanta y Manglar.
La evidencia contiene los nombres de algunos responsables y devela el trasfondo político de la operación contra opositores, periodistas independientes y bloggers. He enviado copias de este expediente de “secuestro” también a organismos internacionales de Derechos Humanos, protección a reporteros y todos aquellos relacionados con malos tratos. Varios abogados de la Asociación Jurídica de Cuba me han asesorado en este empeño.
Aunque existen pocas posibilidades de que alguien salga juzgado, al menos los responsables sabrán que sus atrocidades ya no quedan en el silencio de la víctima. La tecnología ha permitido que todo esto salga a la luz.
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