El descubrimiento de la política
Por María de los Ángeles Fernández
Directora ejecutiva de la Fundación Chile 21
http://www.chile21.cl.acciones/
Calificar de travestismo político las iniciativas del gobierno en materia de reforma tributaria, la creación de un Ministerio de Desarrollo Social o el salario ético es un tanto injusto. ¿Por qué no podría tener la derecha, acaso, la misma posibilidad de aprendizaje político que tuvo, en su momento, la izquierda, cuando reconoció el papel del mercado en la economía así como las llamadas “libertades burguesas”, que alguna vez despreció?
Claro que no hay parangón, ni en los procesos ni en los costos: una, a fuerza de sangre y lágrimas; otra, obligada por la tiranía de las encuestas. Aunque más parece una concesión que el vicio hace a la virtud, es posible que la derecha vaya asimilando la importancia de la protección como una dimensión insoslayable de la convivencia entre los chilenos.
Sin embargo, todo tiene un límite y su repentina preocupación por impulsar reformas políticas no suena del todo convincente. El neoliberalismo, en su expresión política, no ha dejado de defender el ideal de un mundo apolítico, e incluso, antipolítico aunque sus seguidores sepan, en su fuero interno, que ello sólo podría alcanzarse a través de la política. Cuando la Ministra vocera de gobierno señala que el paquete de reformas que se impulsará son “las más sentidas por los ciudadanos”, es imposible no sonreír con escepticismo porque ellos mismos decían, mientras torpedeaban iniciativas de reformas políticas que la Concertación impulsaba, que los temas políticos no constituían prioridades. Es más, afirmaban que había que preocuparse de resolver “los problemas concretos de la gente”. De ahí, al cosismo lavinista, hubo sólo un paso
No está de más recordar que la igualdad política de género, a nivel internacional, se mide por el porcentaje de parlamentarias. Lo cierto es que hoy la derecha, en el gobierno, ha descubierto la política, y en buena hora. Motivada, entre otras cosas, por el afán de mostrar avances, más allá de la agenda de reconstrucción post sismo, se encuentra impulsando un paquete de medidas que contempla la inscripción automática y el voto voluntario, iniciativa heredada de la administración Bachelet, junto con el derecho a voto para los chilenos que viven en el extranjero y un dispositivo de primarias para la selección de los candidatos. El objetivo sería aumentar la participación electoral. Sin embargo, tal como están formulados, éstos tendrían impactos indeseables que es importante advertir.
Con relación al voto voluntario, se ha encontrado suficiente evidencia, tanto internacional como nacional, que confirma la existencia de una estrecha y positiva relación entre variables socioeconómicas y la participación electoral. Cox ha demostrado, en estudios realizados para la Región Metropolitana, que son los ciudadanos relativamente más ricos quienes participan más, encontrando igualmente una magnitud al sesgo de clase muy alto, en términos comparados. No en vano, importantes cientistas políticos como Garretón o Huneeus han señalado los riesgos de involución histórica que esta decisión supone. Resulta preocupante que los parlamentarios concertacionistas, al menos, no hayan escuchado sus argumentos.
En cuanto al derecho a voto de los chilenos que viven en el exterior, pareciera una odiosa discriminación plantear diferencias entre ellos a partir del criterio de “vinculación o pertenencia”. Introducir limitaciones es atentatorio contra la condición de ciudadano y no se condice con la necesidad de adaptar la ciudadanía a un mundo global y conectado. Por otra parte no sea que, a poco andar, nos encontremos con dos categorías de chilenos en el exterior: los de primera, que pueden votar porque, por ejemplo, poseen los recursos para visitar periódicamente el país y el resto, los de segunda.
En materia de primarias, la intención de abrir la selección de candidatos a la población debiera tomar en cuenta los riesgos que dicho mecanismo tiene para la inclusión de ciertos grupos en calidad de candidatos. Nos referimos, en concreto, a las mujeres. La evidencia empírica señala que éstas tienen menos posibilidades de entrar en las listas a través de este mecanismo porque añadir otra competencia más, en este caso, vía primarias, exige disponibilidad de recursos financieros, así como redes y contactos. Está demostrado que las mujeres tienen menos acceso a estos recursos por lo que sería importante contemplar medidas que ayuden a compensar esta situación.
Podría ser útil retomar algunas ideas del proyecto de participación política equilibrada entre hombres y mujeres, elaborado durante el pasado gobierno, que contempla un incentivo financiero para las candidatas electas y para sus partidos de pertenencia. En un país como Chile, donde la representación política femenina se mantiene como una asignatura pendiente, especialmente en el Congreso, debieran considerarse fórmulas que promuevan la presencia femenina, más que inhibirla. No está de más recordar que la igualdad política de género, a nivel internacional, se mide por el porcentaje de parlamentarias.
En su libro “La igualdad política”, Dahl nos recuerda que su existencia es una premisa fundamental de la democracia, guardando directa relación con la distribución de recursos con que cuentan los ciudadanos para influir en las decisiones políticas. El paquete de reformas políticas anunciado por el Presidente Piñera, no sólo no parece orientado en esa dirección por cuanto no atiende a la distribución de recursos, habilidades e incentivos políticos diferenciados existentes en la población, sino algo peor: puede terminar instalando, sobre la desigualdad económica evidente en Chile, otro tipo de fragmentación y desigualdad, la desigualdad política.
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