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martes, 18 de mayo de 2010
LOS QUE NO DEBÍAN MORIR
124 MUERTOS Y 56 DESAPARECIDOS ES EL SALDO QUE DEJÓ EL COLAPSO ESTATAL EL DÍA DEL MAREMOTO
Por Walter Krohne
Hoy sabemos que los muertos por el maremoto son 124, más de la mitad registrados en la Región del Maule, pero también sabemos que era la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) el organismo oficial asignado por decreto para alertar a la población en caso de tsunami. Si así hubiese ocurrido, no tendríamos hoy que lamentar el número mencionado de víctimas fatales ni tampoco los desaparecidos que suman otras 56 personas.
La pregunta clave entonces es…¿quién es el directo responsable de esta tragedia? ¿quién no cumplió con su trabajo? ¿qué funcionario o funcionaria no dio la alerta que correspondía dar en ese momento, considerando que estábamos frente a un terremoto de la escala Richter de entre 7,5 y 8,9 grados?
No se trata hoy de discutir horas y horas si el SHOA de la Armada dio o no una alerta oficial, aunque su papel en la madrugada del 27 de febrero ya ha sido seriamente cuestionado por inoperancia extrema. No hablemos tampoco de “protocolos técnicos” para tomar decisiones, como dijo la semana pasada la ex presidenta Michelle Bachelet, porque suena más bien a excesiva burocracia. No, no se trata de eso. Hay que establecer por qué no se dio la alarma para que la gente se fuera a las partes altas de las ciudades y evitara ser arrasadas por las olas de diez a quince metros que se llevaron todo lo que estaba por delante. En otras palabras: Lo importante es establecer el verdadero culpable, aquella persona que tenía que dar la alerta y no la dio, ya sea por inseguridad, por temor, por desconocimiento o por ineficacia.
El ministro de defensa, Jaime Ravinet, dijo que “la ONEMI era la responsable de dar la alarma de tsunami, con o sin SHOA. De acuerdo con sus instructivos, cualquier terremoto de 7,5 grados en la escala Richter implica decretarla".
En la noche del terremoto y maremoto llegaron a la oficina de la ONEMI en Santiago numerosas autoridades de Gobierno, encabezadas por la ex Presidenta Bachelet, además del Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División Cristián Le Dantec Gallardo, que pudieron darse cuenta de inmediato de la situación, con un Chile incomunicado y en medio de una tragedia de proporciones.
En la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados se ha responsabilizado a la ex jefa de la ONEMI, Carmen Fernández, de las negligencias ocurridas en la noche del terremoto y maremoto.
Sin embargo, como lo mencionamos, en la ONEMI había en ese momento, cuando se debería haber tomado la decisión clave, otros altos funcionarios del Estado chileno y de rango muy superior a Fernández, como la misma Presidenta, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bittar, el ministro de defensa, Francisco Vidal o el subsecretario del Interior, Patricio Rosende. Sin embargo, al parecer y por lo que se conoce, ninguno de ellos tomó tampoco la decisión en reemplazo de Fernández.
¿Por qué nadie lo hizo?
El presidente Ricardo Lagos, el 12 de marzo de 2002 creó el "Plan de Protección Civil” y derogó el “Plan Nacional de Emergencia” aprobado en 1977 por la dictadura militar. Todo esto lo hizo derogando el decreto 155 de 1977 y dictando el decreto 156 de 2002. Los firmantes fueron Lagos, como Presidente, José Miguel Insulza, como ministro del Interior y Michelle Bachelet, como ministra de defensa.
Esta nueva norma quitó el papel central que debían cumplir las Fuerzas Armadas en casos de catástrofes, que contemplaba además, si fuese necesario, la designación de una autoridad militar como Jefe de Zona de Catástrofe.
La nueva norma vigente, indica que las FF AA deben integrarse a las tareas en situación de catástrofe como un sector más de la sociedad. En el fondo todo quedó a cargo de un Sistema Nacional de Protección Civil, que es precisamente lo que falló el 27 de febrero pasado.
Para peor, días antes del terremoto y maremoto, el Ministerio de Defensa, encabezado por Francisco Vidal, emitió un decreto que subordinaba a las Fuerzas Armadas al mando de la ONEMI en casos de emergencias, lo que reveló la poca valorización del papel de éstas, que posteriormente fueron precisamente ellas las que salvaron una situación grave de pillaje en la región del Bío Bío.
“Ese decreto no fue conocido por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y yo recién tomé conocimiento de él cuando asumí. Le propuse al ministro del Interior anular el decreto y lo hicimos inmediatamente”, declaró Ravinet en una entrevista.
Cuando se le preguntó en el diario “El Mercurio” de ¿cómo evaluaba el papel de la Presidenta tras la catástrofe, al revisar el video de la ONEMI?
Ravinet respondió: “Yo creo que más que un tema personal, lo que uno tiene que analizar aquí es una falla sistemática. Yo lo diría de esta manera: el terremoto y el tsunami nos quedaron grandes. Resulta que el sistema de prevención de emergencia, de alertas tempranas y de reacción, colapsaron”.
Todo esto nos da buen material informativo para formarnos una opinión propia. Invito entonces a este ejercicio a los lectores de Krohne Archiv para que saquen sus propias conclusiones.
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Que horror, que impotencia ver desfilar a estos negligentes. Pero le hago la siguiente pregunta : Si el caso de Antuco, donde el mayor Cereceda recibió 5 años de cárcel por su negligencia en la muerte de 45 concriptos, ¿ Cuánto recibiran estos señores por los 180 muertos y desaparecido ??
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