KRADIARIO

EL SILENCIO VERGONZOSO

Por Wilson Tapia Villalobos

Periodista y profesor universitario

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¿Por qué los chilenos no somos capaces de decir las cosas por su nombre? Nos gusta apegarnos a la norma. Y si ésta no existe, inventar algo para salir por un camino que creemos políticamente correcto. Lo que no significa otra cosa que tartufismo, la peor expresión pública de la falsedad y la hipocresía.

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En estos días en que la Franja de Gaza es castigada de manera inmisericorde por el Estado de Israel, Chile guarda silencio. Y se arma un escándalo de proporciones porque una autoridad de segundo orden, la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda en la Araucanía, Romina Tuma, participa en una manifestación contra el gobierno israelí.

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Ya van más de mil muertos palestinos, entre ellos un número creciente de niños. Pero aquí seguimos escuchando el debate acerca del "exabrupto" de Romina Tuma. Incluso, dicen sus detractores, estaba presente cuando fue quemada una bandera de Israel. El gobierno de la señora Bachelet dio explicaciones etéreas y la propia Seremi se vio obligada a tratar de minimizar su presencia en la manifestación.

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Desde luego, dijo que no estaba presente en la quema, cuestión que es desmentida por fotografías. Tal vez para la manera de pensar nacional, es menos grave mentir que presenciar el atropello del símbolo patrio de un país amigo, cuyo gobierno se ha transformado en genocida. Como si ser autoridad le restara a Tuma el derecho a decir y hacer lo que estima correcto, y sostenerlo cueste lo que cueste.

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Guardamos silencio por temor a salirnos de la línea que marca el rebaño obsecuente al poder mundial. Y nuestro gobierno se limita a confiar en la Organización de Naciones Unidas (ONU), como si no supiera que allí se impone la ley del más fuerte. Y, en este caso específico, la fuerza acompaña con ventaja al Estado israelí y no a los palestinos.

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El silencio y la ceguera no ayudan a hacer a un país más sabio. Por cierto que hay que condenar también los ataques de los fundamentalistas islámicos. Pero es necesario educar acerca del escenario que se ha vivido en la zona desde hace más de cinco mil años. Y acerca de lo que ha ocurrido a partir de que se creó el Estado de Israel, en 1948.

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El silencio no ayuda. Sobre todo cuando los temas que se evitan tienen un contenido esencial de justicia. Y eso debiera ser especialmente válido para nosotros. Una de las instituciones peor evaluadas por los chilenos es, precisamente, la justicia que se imparte en su territorio. Aquí los condenados por transgredir de derechos humanos esenciales siguen siendo mantenidos por el Estado. Ni siquiera han perdido, por deshonra, los grados que se impusieron en su carrera militar. Nadie dice, por cierto, que esa es una demostración de que aquí la primacía del poder civil sobre el militar es otra tartufada. Si no fuera así, tampoco se podría tolerar que uno de los adalides del golpe militar que encabezó el general Pinochet, José Toribio Merino, sea honrado con un monumento en el Museo de la Marina.

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Si la bestialidad es honrada de esa manera y nuestras autoridades no reparan el error y nosotros guardamos silencio, estamos vergonzosamente equivocados.

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Y tampoco se hace una cruzada para denunciar las diferencias que hace la Justicia cuando debe juzgar a poderosos, como el hijo de Carlos Larraín, ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, o a un miserable ladrón de supermercado. Este último paga con cárcel. El otro, no.

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En esta actitud todos tenemos responsabilidad. Ahora la crítica va a recaer sobre las 76 autoridades que El Mercurio detectó como morosos de sus deudas universitarias. Entre ellos, hay veinte alcaldes, Seremi, parlamentarios. De esta lista, resulta interesante destacar el caso del diputado socialista Manuel Monsalve, médico cirujano. Reconoció su deuda y la explicó como "un inexcusable olvido". Otro socialista, el alcalde de San Vicente de Tagua Tagua, Jaime González, que adeuda $45.5 millones de su paso por tres universidades, llevó el tema al plano ideológico-valórico. Dijo que su actitud es de rebeldía, porque la educación es un derecho y no un bien de consumo. Y advirtió que no pagará.

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Ya han surgido las voces que advierten acerca del mal ejemplo que, para la sociedad, representa que sus autoridades no cumplan con la ley. Un argumento respetable. Pero también debiera serlo el que los derechos básicos de las personas no pueden servir para enriquecer a unos pocos. Y otro argumento a tomar en consideración: Los que recurren al crédito del Estado son los que no cuenta con recursos suficientes. Y son éstos los que solidarizan para pagar la educación de otros que, como ellos, tampoco cuentan con la solidez económica necesaria.

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Una última pregunta: ¿Podemos aspirar al desarrollo humano si guardamos silencio frente a las iniquidades que se viven en el mundo y entre nosotros?