Por René Saffirio
La basura no se esconde bajo la alfombra, tampoco los abusos
y muchos menos los delitos. De hecho pretender ocultar verdades, por muy
atroces que estas sean, es el peor de los caminos.
En las últimas horas nos hemos enterado de una investigación
espeluznante, que si bien aún no se ha transparentado, ya ha sido revelada en
parte por Ciper y ha sido motivo de debate en la comisión de Constitución
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, de la cual soy miembro
permanente. Se trata de graves irregularidades, abusos y posibles ilícitos que
estarían ocurriendo en varios centros de menores dependientes del Sename.
Es francamente aterrador, inaceptable y nos sitúa en el peor
de los mundos, ya que se estarían violando normas sustanciales de diversos
tratados y Convenios Internacionales en defensa de los Derechos del Niño,
ratificados por Chile. Los hechos están incluidos en el informe de la
investigación realizada por jueces y expertos de Unicef, en 10 regiones del
país, indagando las condiciones de vida de más de 6.500 menores.
La investigación que da cuenta de estos abusos, pese a los
constantes requerimientos desde la Comisión de Constitución y de nuestra
bancada, permanecen en el poder judicial, que retiene sin justificación,
información que revela situaciones terribles en el trato a los niños que deben
ser protegidos por el Estado. No está claro, además, si se está haciendo algo
para solucionar los distintos abusos que se denuncian en estos informes.
.
A la luz de estos acontecimientos, hemos presentado una
denuncia ante la Fiscalía Nacional por todos los posibles ilícitos que hasta el
momento se conocen, incluyendo posibles redes de explotación infantil, abusos
sexuales a menores y malos tratos inaceptables, sumando celdas de castigo
horrorosas y que debieran avergonzarnos como país.
.
¿Cómo es posible, que en centros dependientes del Estado
chileno, que se supone debe velar por el cuidado de estos menores se vivan
hechos de esta naturaleza donde es clara y manifiesta la desprotección? Un sólo
ejemplo, se señala que en Arica, existiría clara evidencia de una red de
explotación sexual infantil en la residencia Ajllasga. Suma y sigue, porque
están en la mira los hogares de Antofagasta, Coquimbo, Quillota y Punta Arenas,
entre otros.
Es indispensable un fiscal con dedicación exclusiva y que la
Corte Suprema entregue el informe original entregado por los investigadores.
Nada ni nadie puede justificar que una investigación como ésta se mantenga
guardada en los cajones de algún escritorio. Si la Corte Suprema retiene dicha
información, legítimamente podremos interpretar ese silencio como un intento de
acallar la verdad. Por la sanidad de nuestras instituciones, confío que ello no
ocurra.
.
El silencio de los inocentes se ha quebrado… hoy, es el
grito de miles de menores que, en justicia, reclaman un trato justo y digno que
permita su rehabilitación.
El Estado no puede seguir siendo cómplice de estas
violaciones de derechos y abusos físicos, psíquicos y sexuales cometidos contra
menores de edad que se encuentran en custodia y protección suya.
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