COMANDO DE BACHELET INICIÓ ACCIÓN FISCALIZADORA DEL GOBIERNO DE PIÑERA
Un intenso trabajo de fiscalización al actual Gobierno
de Sebastián Piñera inició el Comando de Michelle Bachelet a través de los parlamentarios
opositores en el Congreso Nacional.
Esta acción contempla
también recomendaciones que son necesarias
en la actual tarea legislativa en vista a las elecciones de noviembre. Los puntos destacados, según publica el diario
La Tercera, son los siguientes:
1. Recomiendan a los parlamentarios insistir al gobierno en
un salario mínimo de $ 210.000 y no los $ 207.000 propuestos por el Ejecutivo.
2. Se sugiere “presionar” al subsecretario Rodrigo Ubilla
por el caso Plan Frontera Norte y la
creación de una comisión investigadora por el Injuv.
3. Acudir a Contraloría para reactivación del instructivo de
prescindencia electoral a autoridades. Esto, por reunión de Pablo Longueira con
ministros.
4. Rechazo de rebaja de impuesto de timbres y estampillas en
proyecto de ley de facturas electrónicas. Oposición apoya alzas tributarias, no
rebajas.
5. Insistir con el registro de lobbystas en Comisión de
Hacienda y que el Sistema de Obligaciones Económicas sea administrado por una
agencia pública.
6. “Hacer control de daño” para evitar división opositora en
las modificaciones del proyecto de concesiones eléctricas en el Senado.
7. Alinearse a criterios de sindicatos y directivos de
Codelco en el Plan de Inversiones Plurianual, quienes estiman una visión
“cortoplacista” del gobierno.
8. Reactivar proyecto de subsidio al Transantiago en
comisiones unidas.
9. Criticar al gobierno por otorgarle urgencia de un sólo
día a proyecto que regula el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP).
10. Elaborar definición opositora sobre reforma a la ley de isapres y aunar
criterios en las materias futuras del sector.
Reacción del Gobierno
La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, reaccionó diciendo que "más que minuta era un instructivo, yo creo que eso era el verdadero sentido. Quisiera señalar en materia de la fiscalización que quieren hacer a la labor de los ministros, bienvenida. La pueden hacer todos los chilenos y por supuestos que estamos dispuestos, porque conocemos cuáles son las normas y las leyes que rigen para no caer en malas prácticas que ellos sí cayeron durante 20 años".
"Acá parece que hay una amnesia temporal que está
siendo colectiva en la Concertación a lo que ellos efectivamente realizaron
durante su gobierno. No solamente durante el último gobierno", dijo la
vocera en la sede del Congreso.
Pérez dijo que "queremos decirles que quédense
tranquilos, nosotros no hacemos intervención electoral. Sabemos los límites y
los dictámenes de la Contraloría, pero tampoco pretendan ponernos una mordaza
para poder levantar la voz y poder dar la opinión de lo que consideramos que es
el mejor gobierno que pudiesen tener los chilenos a partir de noviembre".
La vocera, además, dijo sentir preocupación por uno de
los puntos del instructivo donde se insta a "presionar" al
subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla por el caso Plan Frontera Norte.
Pérez pidió a la oposición clarificar este punto, ya que
"es una suerte de persecución
política que se plantea contra el subsecretario Rodrigo Ubilla, y yo lo
consideraría muy lamentable".
El objetivo principal del Plan Frontera Norte, es evitar el ingreso y salida de droga y contrabando del país a través de puertos, sectores costeros no habilitados, complejos fronterizos y pasos no habilitados. Para lograr lo anterior, este plan incorpora y relaciona los espacios marítimos, aéreos y terrestres; los pasos habilitados y no habilitados en la línea fronteriza, integrando medios humanos y tecnológicos que permitan la observación, alerta y oportuna acción policial, con una gestión de coordinación inter-agencial de todos los actores que participan, mejorando las capacidades operativas de las instituciones responsables del control y de la seguridad en la zona de frontera.
Con este fin el Estado destino grandes recursos en este proyecto, cometiéndose errores como pagos de sobreprecios por equipos e instalaciones que superaron el 400 por ciento. Sin embargo, hasta ahora no hay imputados. Las declaraciones de los implicados indican que Ubilla estuvo a la cabeza de la licitación, como lo han atestiguado los ex fiscales Alejandro Peña y Felipe Baeza, ex funcionarios de la Subsecretaría del Interior, según informó en junio el semanario Página 21.
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