Por Walter Krohne
En la respuesta del Gobierno al documento "Bases para un acuerdo social por la educación chilena", presentado por los estudiantes y profesores, quedaron, como era de esperar, varios puntos claves sin responder o con respuestas vagas o a medias.
Sin embargo debe reconocerse que el encuentro de ayer ha sido un primer acercamiento serio entre las partes del conflicto estudiantil con un diálogo que puede llegar a consolidarse y hacerse permanente en el tiempo, ya que una reforma como la que se pide y que, de materializarse algún día, significaría un cambio enorme para un país que sigue luchando para salir de la pobreza, la desigualdad y el subdesarrollo, requiere de un largo andar, intenso trabajo de equipo y de participación de todas las partes involucradas.
No se entiende bien tanta dilatación o el tira y afloje que hace el Gobierno frente a una materia tan importante como es la reforma de un sistema educacional hoy deficiente, comercializado, caduco e inepto. No cabe duda de que hay intereses tan poderosos, como es la educación privada como negocio, que simplemente el Gobierno no puede soslayar.
Entre los puntos claves del petitorio de los movilizados están el fin del lucro en la educación chilena y una administración “desmunicipalizada” de los colegios. El primero no tuvo acogida, escuchándose sólo una vaga respuesta de las autoridades diciendo que será la futura Superintendencia de la Educación Superior la que deberá velar para que se cumpla con la legislación”, sin especificarse si estos establecimientos podrán seguir creando empresas inmobiliarias “piratas” paralelas por las cuales canalizar sus ganancias y luego repartirlas entre sus socios; si van a tener que pagar impuestos por las ganancias que obtienen o si serán o no sometidos a rigurosos controles en sus ofertas educacionales por el Ministerio de Educación.
Quien tiene una empresa desea lucrar con ella, pero bajo este Gobierno no ha quedado nunca claro de si los establecimientos educacionales seguirán en definitiva siendo considerados empresas comerciales como ya lo dio a entender el Presidente o serán servicios públicos que beneficien a todos los chilenos por igual sin ser medidos por el dinero que tienen para pagar los estudios.
Con respecto al tema de la “desmunicipalización” de la enseñanza, lo que significa el traspaso de los colegios municipales al Ministerio de Educación, el gobierno respondió a medias al acceder parcialmente a que serán agencias locales las administradoras de los establecimientos en comunas con malos resultados. No se planteó la idea de que sea el Ministerio el que asuma esta tarea ni tampoco que se piense en la creación de un ente especial dedicado a fondo sólo a la educación y que abarque todos sus aspectos.
Fue aceptada la propuesta de garantizar en la Constitución el derecho a una educación de calidad, lo que es pan para hoy y hambre para mañana, porque si nos pusiéramos a contar todos los derechos que registra la Carta Magna y que no se cumplen, sería un trabajo largo y penoso.
En general las respuestas dadas por el Gobierno están mucho más vinculadas al dinero y aportes públicos que a valores reales para crear un nuevo gran sistema estatal de educación. Son respuestas "de relleno" o de "marketing" como aumento de los aportes económicos estatales; promesas de cobertura universal para el 40% más pobre en kínder y prekínder, subvención por asistencia y matrícula; o incremento de aportes basales a las universidades estatales. Lo que quiero decir es que el Gobierno no tiene una política o un concepto claro y amplio que nos conduzca a la gran y esperada reforma.
Lo demás son cuestiones de regulación, como la rendición de cuentas de las universidades estatales a la Superintendencia de Educación o la reforma del sistema de acreditación, indudablemente importantes para incrementar la eficiencia del sistema educacional, pero que no están por el momento en los fundamentos mismos para concretar una gran reforma.
En síntesis, esta respuesta ha significado por primera vez establecer un diálogo entre las autoridades, los profesores y los estudiantes, aunque la oferta y disposición del Gobierno siguen siendo pobres y dirigidas más bien a intentar parchar el viejo sistema ya caduco sin mostrar una decisión clara en favor de cambios verdaderos y profundos, como sería una actitud de "borrón y cuenta nueva”.
Aquí hay que pensar que una buena educación acercará más rápidamente a Chile al prometido desarrollo que hacen los políticos en épocas de elecciones, como también lo hizo Piñera, lo que vale mucho más que los 18.000 millones de dólares de ganancias del cobre que el Estado chileno tiene invertidos en “tambaleantes” bonos estadounidenses.
Excelente artículo, muy verdadero una pena que no todos vean así las cosas, pero hace bien leer y darse cuenta que hay muchos que notan lo mal que se esta haciendo todo. Felicitaciones.
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