
El Tribunal integrado por los ministros Javier Moya, Amanda Valdovinos y el abogado integrante Jaime Guerrero, estimaron improcedente conceder la solicitud temporal para que la policía intervenga los colegios, antes de revisar los informes solicitados por la acción constitucional a los centros de alumnos de los establecimientos educacionales paralizados.
De esta manera, se continúa con el trámite del recurso de protección interpuesto por el jefe comunal, por lo que ahora el Tribunal de alzada capitalino deberá revisar el fondo del requerimiento.
La orden de no innovar pretendía asegurar -como medida temporal- el desalojo de los colegios por la vía más rápida. Los liceos tomados son el Tajamar, Liceo Nº7, Lastarria, Alessandri y Carmela Carvajal.
Los colegios tomados participan activamente en el movimiento nacional que demanda una gran reforma en la educación chilena. Los estudiantes y los profesores presentaron un documento "Bases para un acuerdo social por la Educación chilena", sobre el cual el Gobierno se pronunciaría esta noche.
En este documento, en el que se expone la profunda crisis estructural de la educación, se les pide a las autoridades explícitamente que se comprometan con una demanda social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo.
"Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile, y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo de formación", dice el documento.
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