KRADIARIO

"LA INFECCIÓN" PROPAGADA POR LA PAPELERA CHILENA CONTAMINÓ TAMBIÉN A PERÚ

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El Gobierno decidió este lunes poner suma urgencia al proyecto que establece penas de cárcel para casos de colusión como el que involucra a las empresas CMPC y SCA (ex PISA), que se coordinaron para controlar los precios y las cuotas de mercado de los productos tissue.

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Al respecto, el ministro de Economía, Luis Céspedes, indicó que “establecer sanciones de cárcel es fundamental para asegurar un adecuado funcionamiento del mercado y una mayor protección de los consumidores”.

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Por su parte, el diputado DC, Patricio Vallespín, señaló que “el Gobierno ha acordado poner suma urgencia a esta iniciativa, ya aprobada en la Comisión de Economía y como Cámara hemos ya adoptado todos los resguardos, pidiéndole al presidente de la Comisión de Constitución, para que este mismo jueves comiencen a analizar el mensaje”.

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“Sabemos que es un proyecto complejo, pero el trabajo en la Comisión de Economía fue exhaustivo y estamos seguros que existe todo el ánimo y la voluntad de llevar pronto este proyecto a Sala”, agregó el parlamentario.

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Finalmente, Céspedes enfatizó que las empresas coludidas deberán compensar a los consumidores a través de un mecanismo que entregarán tras el oficio del Sernac sobre esta situación.

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El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que la recalificación a suma urgencia de la discusión del proyecto de ley anticolusión que eleva las multas y fija penas de cárcel por estos hechos “habla bien de cómo reprochamos este tipo de conductas”.

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Afirmó al respecto que las prácticas perpetradas por CMPC y SCA durante 10 años para fijar los precios del papel tissue y mantener su participación en el mercado “causa profunda indignación y conmoción” a los chilenos y que el perjuicio no solo está dirigido hacia la libre competencia.

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“Esto ha tocado probablemente a todos los chilenos, y por eso ha causado esta indignación”, afirmó el vocero.

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Descartó en ese sentido realizar un juicio de valor en torno a las empresas involucradas y “lo importante es que las instituciones a cargo de fiscalizar están haciendo su trabajo”, permitiendo acabar con el cartel.

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El proyecto descansa en el Congreso desde marzo y con la modificación de la urgencia -para que se discuta y vote en la Cámara en un plazo de 15 días-, Díaz espera que se siga entregando a la Fiscalía Nacional Económica que termine con las prácticas delictuales de las empresa.

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Asimismo, valoró la figura de la delación compensada, ya que bajo esta modalidad se ha podido conocer casos de colusión como el que involucró a la CMPC y SCA.

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“La incorporación de la figura de la delación compensada es lo que ha permitido en el último tiempo ir conociendo algunos casos de colusión”, sostuvo, lo que permitirá que las entidades dejen de “meterle la mano a los bolsillos de la gente”. La delación compensada es una denuncia o acusación que hace una persona a cambio de un beneficio consistente en la reducción o exención de la multa a la primera persona que habiendo ejecutado una conducta de colusión o prácticas concertadas como colusivas, aporte a la Fiscalía Nacional Económica (ENE) antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los responsables.

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Designan fiscal

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El fiscal Regional Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, designó durante esta mañana  al fiscal jefe de la comuna de Puente Alto, Cristián Galdames Campos, para investigar la denuncia realizada por los diputados Gabriel Silver y Daniel Farcas, correspondiente a la posible alteración de precios en productos de papelería, realizada por las empresas CMPC y SCA (ex Pisa).

El Fiscal Galdames deberá recopilar todos los antecedentes que tenga que ver con la denuncia realizada, los cuales deberán ser solicitados a la Fiscalía Nacional Económica. Posterior a ello, se analizará posibles diligencias que seguirán la línea investigativa.

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Las primeras sospechas

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Fue en junio de 2014 cuando CMPC recibió la primera alerta respecto de que al interior de la empresa podrían existir infracciones en materia de libre competencia, específicamente en la división tissue. Y la alarma no vino de Colombia -donde ya es público que se les investiga-, ni tampoco Chile, donde en el mes de diciembre de 2014 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación de oficio, publicó hoy el diario Pulso.

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El primer país en informar a la Papelera  sobre la existencia de una investigación -que aún no concluye- respecto a eventuales faltas contra la libre competencia fue Perú, país donde la firma ligada al grupo Matte maneja en torno al 56% del mercado del tissue. El mismo presidente de CMPC, Eliodoro Matte, en entrevista con El Mercurio publicada ayer, sostuvo que en junio de 2014 y a raíz de una investigación que se inició en un país extranjero distinto a Colombia, el directorio tuvo los primeros antecedentes de la eventual existencia de conductas anticompetitivas en tissue. Eso los motivó a iniciar una investigación interna, la que reveló en definitiva el caso.

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De esta manera, ya son al menos tres países donde la CMPC mantiene abiertos flancos en materia de libre competencia, asunto que ya habría sido informado hace varios meses, revelan diversas fuentes, a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a través de un hecho reservado.

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Las mismas fuentes confirman que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú indaga los alcances de un eventual acuerdo colusorio. El escenario es todavía más incierto para la compañía, puesto que conocedores del caso no descartan que autoridades antimonopolio de otros países en Latam instruyan de manera reservada investigaciones paralelas a las gestadas en Chile, Colombia y Perú.

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La defensa de CMPC

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A un día del estallido del caso, la Papelera salió a calmar el mercado. El viernes pasado, la plana ejecutiva de la compañía inició una ronda de reuniones con bancos de inversión, clasificadoras de riesgo e inversionistas para explicar la posición de la compañía frente a la acción del órgano antimonopolio. A la cita también asistieron representantes de los tenedores de bonos que apoyaron la mayor inversión en la historia de CMPC: Guaíba 2 en Brasil, entre ellos el Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e Social de Brasil (BNDES).

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Según cercanos a la compañía, entre los asistentes hubo consenso en que la posición de la Papelera frente al conflicto era “sólida”.

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En la vía legal, el equipo de CMPC, liderado por Cristóbal Eyzaguirre -de Claro y Cía.-, alistan una batería de argumentos para defender el beneficio de la delación compensada a la que se acogieron en marzo de 2015. Entre sus argumentos, CMPC asegura que, si bien la FNE inició una investigación de oficio en diciembre de 2014, cuando la empresa se autodelató, en marzo de 2015, ellos aún no habían sido notificados de la investigación, hecho que ocurrió en abril. Añaden que más del 90% de la información contenida en el requerimiento fue entregada por la empresa.

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Otro punto central de la defensa apuntará a encapsular la responsabilidad de los hechos en Jorge Morel, ex gerente de CMCP Tissue, y el ex socio de PISA, Gabriel Ruiz Tagle. Tanto así que, señalan las fuentes, CMPC contaría con “pruebas contundentes” respecto del rol que jugaron Ruiz Tagle y Morel en la colusión, al menos hasta 2008.